La arquitecta e investigadora de la FADU-UBA analiza el avance de los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires, el impacto de las políticas habitacionales y la importancia de recuperar las experiencias históricas de organización vecinal. También destaca el vínculo entre las luchas por la vivienda y las reivindicaciones sindicales.
La crisis habitacional de la Ciudad de Buenos Aires no puede entenderse únicamente a partir del precio de los alquileres o de las dificultades para acceder a una vivienda. Detrás de esa situación también intervienen las condiciones laborales, los ingresos, las políticas urbanas y las posibilidades de organización de quienes enfrentan desalojos o no pueden sostener el lugar donde viven.
Así lo plantea Beatriz Pedro, magíster y profesora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA), quien, en una entrevista con Abran Paso, relaciona la situación actual con las experiencias históricas de organización de inquilinos, las formas de autogestión habitacional y la necesidad de construir respuestas colectivas.
Pedro advierte sobre la combinación de la desregulación de los alquileres, los desalojos y las transformaciones del mercado inmobiliario porteño. Al mismo tiempo, señala que las experiencias de organización territorial permiten pensar alternativas frente a una problemática que afecta a familias con situaciones muy diferentes.
Desalojos y transformación urbana en Buenos Aires
En la entrevista, Pedro describe un escenario en el que confluyen distintas dinámicas: la dificultad para sostener los alquileres, la expulsión de familias de inmuebles donde vivían y la transformación de sectores de la ciudad mediante nuevas construcciones y emprendimientos vinculados al alquiler temporario.
La docente e investigadora sostiene que la desregulación de los alquileres debilitó las herramientas de protección de los inquilinos y que ese proceso se combina con políticas urbanísticas que favorecen una mayor capacidad constructiva en determinadas zonas de la Ciudad.
“Vos y cuando vengas no vas a reconocer Buenos Aires, la están demoliendo. Todas las casonas viejas están en demolición”, señala durante la conversación, al referirse a los cambios que observa en el paisaje urbano.
Según explica, algunos inmuebles que estaban ocupados por familias —en ciertos casos mediante acuerdos con administraciones anteriores y en otros mediante distintas formas de ocupación— se convierten en objeto de desalojos cuando adquieren mayor valor inmobiliario por su ubicación.
Pedro también menciona edificios que pertenecen al Gobierno de la Ciudad, incluidos inmuebles provenientes de herencias vacantes o de expropiaciones vinculadas con la construcción de autopistas. En su análisis, la localización de esas propiedades y las oportunidades de valorización del suelo ayudan a explicar parte de los conflictos habitacionales.
La entrevistada describe procedimientos en los que las familias son retiradas de los inmuebles sin que se les ofrezca una alternativa habitacional. También cuestiona los operativos que, según relata, se justifican por presuntos riesgos estructurales.
En relación con estas situaciones, Pedro menciona una investigación desarrollada junto con integrantes del Instituto de Investigaciones Gino Germani y de la FADU. Durante la entrevista señala que el equipo contabilizó 970 desalojos y sostiene que el ritmo de estos procedimientos se aceleró durante 2026.
La cifra y el alcance temporal de ese relevamiento requieren una publicación específica de la investigación para precisar su metodología, cobertura territorial y fecha de corte. Sin embargo, el planteo de la entrevistada apunta a una preocupación más amplia: la situación de las familias que pierden sus viviendas en una ciudad donde el acceso a una alternativa habitacional resulta cada vez más difícil.
El mercado inmobiliario y la expulsión de los habitantes
Para Pedro, los desalojos no pueden analizarse de manera aislada. La transformación del mercado inmobiliario también modifica el destino de los edificios y las condiciones de permanencia de quienes viven en ellos.
Entre los factores que identifica se encuentran el interés por destinar propiedades al alquiler turístico y la construcción de edificios en altura, con unidades pequeñas orientadas, en algunos casos, al mercado temporario.
La docente advierte que estos procesos afectan tanto a inquilinos como a otros sectores de la población. En la entrevista menciona, por ejemplo, a personas mayores que viven en departamentos adquiridos décadas atrás, pero que ya no cuentan con ingresos suficientes para sostenerlos.
También relaciona la crisis habitacional con los despidos en el Estado, la pérdida de puestos de trabajo en áreas de ciencia y técnica y los bajos salarios universitarios. Según su análisis, la reducción de los ingresos y la pérdida de empleo agravan las dificultades para pagar un alquiler o mantener una vivienda.
De este modo, la cuestión habitacional aparece vinculada con un problema más amplio de ingresos y condiciones de vida. La posibilidad de permanecer en una casa depende no solamente de la disponibilidad de inmuebles, sino también de los salarios, las jubilaciones, el empleo y las políticas públicas.
De la huelga de las escobas a las organizaciones actuales
Frente a este escenario, Pedro propone recuperar la historia de las luchas por la vivienda en Buenos Aires. Una de las experiencias que destaca es la huelga de inquilinos de 1907, conocida como la huelga de las escobas, en la que participaron masivamente mujeres y niños que vivían en conventillos.
La movilización se produjo en un contexto de fuertes conflictos por las condiciones habitacionales y los alquileres. Los conventillos alojaban a numerosas familias, entre ellas inmigrantes que llegaban a la ciudad para trabajar en el puerto, las obras de infraestructura y otras actividades.
Pedro recuerda que muchos de esos inquilinatos estaban ubicados en zonas que hoy forman parte de los barrios de San Telmo, La Boca, San Cristóbal y Balvanera. Las viviendas eran administradas por propietarios o encargados que, según describe, imponían condiciones abusivas.
La investigadora subraya que aquella experiencia demuestra la capacidad de organización de sectores que no contaban con las tecnologías actuales de comunicación.
“Siempre fue muy impresionante pensar cómo fue que esa gente que no tenía ni teléfono ni WhatsApp ni nada, era todo a mano caminando”, reflexiona.
La organización se sostenía mediante el contacto directo, las conversaciones y la construcción de vínculos entre vecinos. Para Pedro, esa dimensión sigue siendo importante en la actualidad: la organización no se limita a convocar a una protesta, sino que requiere acercarse a quienes atraviesan los problemas, escuchar sus situaciones y generar confianza.
En ese sentido, distingue entre una convocatoria pública en una esquina y el trabajo territorial de recorrer edificios, tocar timbres y conversar con las familias. La segunda modalidad demanda más tiempo y esfuerzo, pero permite conocer problemas concretos y construir formas de representación y solidaridad.
Organizarse por edificio, escalera o manzana
La entrevista también recupera experiencias de organización popular que se desarrollaron en distintos momentos de la historia argentina.
Pedro menciona los sistemas de delegados por escalera en grandes conjuntos habitacionales y la organización por manzana en barrios populares surgidos de ocupaciones y recuperaciones de tierras.
En esas experiencias, cada delegado asumía la responsabilidad de relevar y transmitir los problemas de un sector determinado. Las necesidades relacionadas con el agua, las condiciones edilicias y los servicios podían abordarse a partir de una estructura territorial que permitía coordinar reclamos y respuestas comunitarias.
La entrevistada vincula esas prácticas con la organización de los trabajadores en sus lugares de empleo. En ambos casos, la representación se construye a partir de una comunidad concreta y de problemas compartidos.
También destaca las experiencias de producción habitacional por autogestión vinculadas con la Ley 341 de la Ciudad de Buenos Aires, que permitió financiar proyectos colectivos de vivienda.
Según Pedro, algunos de esos procesos contribuyeron a fortalecer los vínculos comunitarios. Durante la pandemia, señala, la organización de quienes compartían edificios y proyectos habitacionales permitió desarrollar redes de apoyo que no siempre existían en otros inmuebles de propiedad horizontal, donde las familias tendían a permanecer más aisladas.
La idea central es que la vivienda no se reduce a una unidad inmobiliaria: también puede ser el punto de partida para construir comunidad, organizar necesidades y desarrollar respuestas colectivas.
Por qué la lucha por la vivienda también es una lucha sindical
Otro de los ejes de la conversación es la relación entre las organizaciones de inquilinos y los sindicatos de trabajadores.
Pedro considera que esa articulación tiene una importancia estratégica porque permite discutir las condiciones de vida más allá del salario entendido en sentido estricto.
“En muchos países, todo lo que es la relación laboral solamente está como el salario del trabajador. Se supone que qué cubre el salario del trabajador”, plantea.
La pregunta, según explica, es si los ingresos deben contemplar solamente la remuneración por el trabajo o si también tienen que permitir cubrir la vivienda, la salud, la educación, los cuidados, la recreación y el tiempo de descanso.
Desde esa perspectiva, el problema habitacional deja de ser una cuestión individual que cada familia debe resolver por su cuenta y pasa a formar parte de una discusión sobre las condiciones necesarias para sostener la vida.
Pedro menciona debates impulsados por organizaciones sindicales que proponen ampliar la mirada sobre el salario y las necesidades que debe cubrir. En ese marco, considera importante que las reivindicaciones de los inquilinos encuentren puntos de contacto con las demandas de los trabajadores.
La articulación también responde a cambios en la organización territorial de la economía. La entrevistada observa que, mientras algunas industrias históricamente tenían barrios obreros en sus alrededores, los parques industriales y la dispersión de los lugares de trabajo pueden separar cada vez más las viviendas de los espacios laborales.
Esa distancia dificulta la construcción de vínculos cotidianos y puede debilitar las formas de organización colectiva. Por eso, sostiene, la unidad entre trabajadores y organizaciones vinculadas con la vivienda puede contribuir a recuperar una mirada integral sobre los problemas sociales.
Una crisis que requiere respuestas colectivas
A lo largo de la entrevista, Beatriz Pedro propone analizar la crisis habitacional a partir de la relación entre el mercado inmobiliario, las políticas urbanas, los ingresos y las posibilidades de organización de la población.
Su mirada combina la historia de las luchas por la vivienda con las experiencias contemporáneas de autogestión y organización territorial. Desde la huelga de inquilinos de 1907 hasta los proyectos colectivos de producción habitacional, encuentra antecedentes que permiten pensar la vivienda como un derecho ligado a la vida comunitaria.
El desafío, en ese marco, consiste en construir organizaciones capaces de representar a quienes enfrentan problemas diferentes: familias amenazadas por un desalojo, inquilinos que no pueden afrontar los aumentos, personas que viven en edificios deteriorados o jubilados cuyos ingresos ya no alcanzan para mantener sus hogares.
Para Pedro, esa diversidad no debería convertirse en un obstáculo para la organización. Por el contrario, puede ser el punto de partida para construir espacios comunes entre vecinos, trabajadores y organizaciones sociales.
La crisis habitacional, concluye su planteo, exige mirar más allá de cada contrato de alquiler o de cada inmueble. La vivienda, los ingresos y las condiciones de vida forman parte de una misma problemática, cuya respuesta requiere organización social y políticas públicas.
