Los trabajadores de 44 de los 76 CPI de la Ciudad se agruparon para pedir una actualización del subsidio mensual que se adapte al nivel de la inflación.
El programa de Centros de Primera Infancia existe desde hace 10 años, y funciona a partir de un convenio que firma el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat con diferentes organizaciones sociales. De este modo, el ente estatal define las pautas pero quien lleva adelante la gestión del espacio es la organización, que recibe un subsidio por cada niño inscrito. Pero hoy, ese monto no les alcanza, y ante esa situación, los directivos se agruparon para lograr un acuerdo con las autoridades del Gobierno porteño.
El reclamo de los CPI se basa en tres puntos: la solicitud del subsidio n° 13 para aguinaldos, la actualización de la beca que reciben (y que el monto parta de la paritaria de UTEDyC), y un subsidio mensual de emergencia para enero y febrero.
Los CPI son espacios creados para garantizar el crecimiento desarrollo saludable de los niños de 45 días a tres años de edad en situación de vulnerabilidad social, lo que se analiza en una entrevista previa. Luego de que la vacante de un niño es aceptada por el Ministerio, este pasa a trasferirle $4700 mensuales por alumno. A partir de eso, todos los gastos (edilicios, de alquiler y de materiales) corren por cuenta del espacio.
“Al día de la fecha es de destacar que el financiamiento otorgado por el Gobierno porteño viene sufriendo un importante deterioro y desfasaje en relación al costo de vida y los aumentos salariales estipulados por el gremio UTEDYC -según paritarias que rige el sector-, situación que se agrava con las demoras en los pagos mensuales de los subsidios que reciben los CPI”, establece el comunicado.
Inés Tropea, directora de Semillitas, de la organización Corriente Clasista y Combativa, le comentó a Abran Paso que lo que buscan poner en evidencia con el comunicado es la emergencia económica que están atravesando. En 2019, la actualización de la beca fue del 23% en cuotas, muy por debajo del nivel de inflación, razón por la cual muchos no llegaron a pagar los salarios y dos CPI debieron cerrar en diciembre.
Semillitas nació en el 2015 y actualmente cuenta con 180 chicos inscritos. “Nosotros veníamos con una unidad de algunos CPI pero mucha más chica. Ahora nos reunimos más ante esta situación de emergencia, porque hay lugares donde peligraba el funcionamiento en febrero, porque no podían seguir manteniendo los gastos”, explicó Tropeas. Ante esta situación surge el pedido de un subsidio de emergencia, que constaría en que les paguen un mes demás.
Inés agregó que muchos de los CPI “se comieron sus propios fondos”: al tener que pagar bonos y aguinaldos, debieron pedir préstamos y luego pagarlos con el dinero del mes que le seguía, por lo que están constantemente atrasados en los pagos. La contrapropuesta del GCBA fue pagarles un 16% del monto de ese mes solicitado, retroactivo de enero y en febrero y luego volver a conversar en marzo el valor de la beca para este año. “Lo que ofrecen es mínimo, no se va a resolver nada pero es la primera vez que ofrecen algo”, expresó la directora.
El 6 de enero pasado, los referentes de los centros habían pedido una audiencia con el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la ministra María Migliore, para explicar la grave situación económica. Dicha audiencia, fue derivada a la subsecretaría de Fortalecimiento Personal y Familiar a cargo de Jazmín Lerner, quien junto a Inés de Marco y María de los Ángeles Fava, recibieron a representantes de los CPI para comunicarles que se estaba estudiando la situación y que no podían darnos ninguna respuesta certera al reclamo colectivo.
Los coordinadores de los espacios esperan recibir una contestación el próximo viernes. “El colectivo de CPI que hacen el reclamo permanecen en estado de alerta y a la espera de una respuesta inmediata, porque cada día que pasa es un día más de privación de derechos en que los niños se ven expuestos a diferentes situaciones de peligro y de riesgo de extinción de estas instituciones solidarias que de cerrarse -por falta de fondos- dejarían a 11 mil niños sin comida, educación ni contención social”, concluye el comunicado.
