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Créditos hipotecarios en CABA: piden informes al Gobierno por el financiamiento de la tasa subsidiada

La diputada Claudia Neira presentó un proyecto en la Legislatura porteña para exigir explicaciones sobre el financiamiento de los nuevos créditos hipotecarios del Banco Ciudad. El foco está puesto en el uso de fondos públicos y el posible impacto en la vivienda social. Por Martín Bustamante.
Claudia Neira pedido de informes sobre subsidio a créditos hipotecarios

La diputada Claudia Neira presentó un proyecto para exigir detalles sobre cómo se financiará la nueva línea de préstamos del Banco Ciudad y su impacto en la vivienda social

La legisladora porteña Claudia Neira impulsó un proyecto de resolución en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar información al Poder Ejecutivo sobre la nueva línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada anunciada por el Gobierno porteño.

La iniciativa apunta a conocer en profundidad cómo se financiará el subsidio a la tasa de interés, cuál será su alcance real y qué impacto tendrá en las políticas de vivienda vigentes en la Ciudad.

Cómo es la nueva línea de créditos hipotecarios del Banco Ciuda

El anuncio fue realizado el 18 de marzo por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y contempla una línea de préstamos con tasa UVA + 7,5%, lo que representa una reducción frente a la oferta anterior del Banco Ciudad.

Entre las condiciones principales del programa se destacan:

  • Financiamiento de hasta el 75% del valor de la propiedad
  • Un monto máximo de 100 millones de pesos
  • Plazos de hasta 20 años

Sin embargo, el proyecto de Neira pone en duda la sustentabilidad del esquema y pide mayores precisiones sobre su implementación.

De dónde salen los fondos: el principal foco del pedido

Uno de los puntos centrales del proyecto es el origen de los recursos que financiarán el subsidio. Según el Ejecutivo, provendrán de:

  • El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC)
  • Las utilidades del Banco Ciudad
  • Los ingresos por la concesión de medios públicos

En este marco, la legisladora advierte que el uso de fondos del IVC podría afectar programas de vivienda social destinados a sectores vulnerables, por lo que solicita que se detalle qué partidas se verán comprometidas y cómo se garantizará la continuidad de esas políticas.

Quiénes podrán acceder a los créditos

El proyecto también exige información sobre el perfil de los beneficiarios. En particular, busca determinar:

  • Cuántos créditos se otorgarán por año
  • El monto promedio por operación
  • Qué porcentaje de familias inquilinas podrá acceder realmente

Este punto es clave, ya que pone en discusión si la medida efectivamente ampliará el acceso a la vivienda o si quedará limitada a sectores con mayor capacidad de ingreso.

Dudas sobre el rol del Banco Ciudad

Otro de los cuestionamientos apunta al uso de las utilidades del Banco Ciudad. Según el texto, el esquema planteado podría implicar que el Gobierno reciba fondos del banco para luego devolverlos como subsidio, generando un circuito burocrático y difícil de auditar.

Además, se pide que se informe qué ocurrirá si las utilidades resultan insuficientes para sostener el programa.

Un financiamiento en discusión

El proyecto también pone el foco en los ingresos provenientes de la concesión de medios públicos, estimados en alrededor de 12 millones de pesos mensuales, un monto que sería limitado frente al costo total del subsidio.

En paralelo, se cuestiona la competitividad de la propuesta, ya que existen otras líneas hipotecarias en el sistema financiero con tasas similares o incluso más bajas.

El impacto en la política habitacional de la Ciudad

Más allá del crédito en sí, la iniciativa advierte sobre la falta de una política de vivienda integral en la Ciudad de Buenos Aires.

También se solicita información sobre el futuro de otras líneas preferenciales del Banco Ciudad, como las destinadas a la zona sur y al microcentro, que actualmente no figuran en la oferta vigente.

Un plazo de 30 días para responder

El proyecto de resolución establece un plazo de 30 días para que el Gobierno porteño responda a los 12 puntos planteados, que incluyen aspectos financieros, técnicos y legales del programa.

Mientras tanto, el debate sobre el acceso a la vivienda vuelve al centro de la agenda pública, con interrogantes sobre la efectividad de las medidas y el rol del Estado en la planificación habitacional.