Después de que diputados y diputadas de todo el arco opositor constituyeran el frente antigrúas, convocaran a una sesión especial y decidieran dar visibilidad al tema, exigiendo el fin de las irregularidades sostenidas en el servicio de acarreo, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, se vió obligado a quitar la concesión a las dos empresas que operaron el negocio con el contrato vencido por 21 años.
Desde ese momento, se planteó la necesidad de auditar y esclarecer todo lo ocurrido en torno al servicio de acarreo, el accionar de las empresas y la responsabilidad del Estado frente a las irregularidades reiteradas y el menoscabo económico sufrido por la Ciudad de Buenos Aires durante todo el período explicitado. En ese sentido, desde el Frente de Todos presentaron un pedido de auditoría de corte de servicio a la Auditoría General de la Ciudad, ingresado con número de expediente 2304-D-2022; pero también hay una iniciativa del Diputado Facundo Del Gaiso que pide auditoría del servicio de grúas y acarreo con número de expediente 2296-D-2022.
Dakota y BRD ganaron la licitación en 1990 mediante el decreto Nº 4922/1990. La concesión se venció en marzo de 2001, sin embargo, la empresa siguió operando el servicio, avalada en un artículo del Pliego de Bases y Condiciones.
Recién en 2011, se produjo la primera modificación del Código de Transporte en lo relativo a acarreo, y se estableció una cláusula transitoria poniendo plazo para una nueva licitación por un término determinado para luego pasar el sistema a cargo del Poder Ejecutivo. Ese plazo se fue prorrogando desde el 2011 a la fecha, manteniendo el servicio de acarreo en manos de las mismas empresas, haciendo uso abusivo de una cláusula transitoria.
Como si fuera poco, a las irregularidades de forma se suman las vinculadas a las erogaciones presupuestarias del Gobierno de la Ciudad y los dudosos pagos que éste recibió por parte de las empresas.
Esto es, Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI) pagaban al gobierno porteño un canon mensual de $55.000 cada una para operar el servicio, según fuentes oficiales. El monto permaneció congelado desde 2014, cuando la tasa de acarreo salía $350, mientras a la fecha del fin de la concesión costaba más de $6.000. Es más, hasta mediados del 2022 esa cifra también incluía la concesión de los viejos parquímetros y máquinas tickeadoras para el cobro del estacionamiento medido.
La empresa BRD y Dakota, no presentó balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en los últimos 4 años, sin embargo, era la beneficiaria de todo lo recaudado por el acarreo de vehículos. En 2021, fueron 125.000 los acarreos realizados por estas dos concesionarias, lo que elevó su facturación a $547 millones, según el cálculo en base a datos oficiales y el costo del acarreo en ese período. A pesar de lo anterior, el gobierno porteño apenas recibió $1,3 millones de esos fondos, el 0,2%.
Es verdaderamente preocupante observar el perjuicio económico que esta situación supuso para la ciudadanía porteña, que tiene que soportar aumentos mensuales de ABL, y viene siendo destinataria de un 53% de incremento en la presión tributaria desde que el PRO asumió el poder en la Ciudad, mientras las empresas son favorecidas descaradamente.
BRD y Dakota además de gozar del beneficio de ver congelado su canon, tuvieron el plus de que el Gobierno de la Ciudad asumiera parte de sus costos, pagando el sueldo no solo de los agentes de tránsito que van a bordo de la grúa para labrar las infracciones de tránsito sino también haciéndose cargo de pagar el veinte por ciento (20%) de los salarios de los trabajadores de ambas concesionarias.
Todo lo dicho hasta aquí se ve significativamente agravado a partir de tomar conocimiento de que el propio Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, en lugar de velar por esos valores que justamente conciernen a sus funciones, se valía de sus atribuciones para transformarlos en privilegios económicos propios, a través de prácticas corruptas.
Según el contenido de chats filtrados recientemente, en uno de los primeros intercambios del 14 de junio de 2019, Marcelo Violante le escribe a D’Alessandro para que medie ante Carlos Rolero, fiscal penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para evitar una probation contra el presidente de su empresa por violar una clausura.
A su vez y, en lo que constituye un verdadero escándalo de constatar la veracidad de los chats, Violante le cuenta que gracias a sus gestiones ha conseguido que un funcionario del GCBA de nombre “Gastón” le anticipe un borrador del nuevo pliego de la tan postergada licitación del servicio de acarreo que durante 21 años estuviera sin realizarse por presiones de Violante y del otro concesionario.
Más adelante, el mismo artículo desarrolla una seguidilla de chats verdaderamente preocupantes que dejan al descubierto prácticas corruptas por parte del Ministro de Justicia y Seguridad en su relación con Marcelo Violante, donde inclusive se menciona al mismísimo Jefe de Gobierno porteño. El 21 de septiembre de ese mismo año, Violante le pregunta a D’Alessandro si le ‘da para proponer negocios a Horacio’, el ministro le responde que sí.
En el mismo sentido, a principios de 2020, Violante le pide a D’Alessandro que hablé con José Luis Giusti, ministro de Desarrollo y Producción de CABA, para mencionarle su nombre y su empresa, Brewda Construcciones. El resultado de ese chat parece haber sido beneficioso ya que pocos meses después Brewda se adjudicaría el Proceso de Compra 7116-2394-CME20, que tenía por objeto el “Servicio de Guarda de Vehículos con destino a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio”. Quien llevó adelante esta “contratación menor” fue justamente el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, justamente cartera correspondiente al ministro José Luis Giusti.
Brewda, es concesionaria de otros tres estacionamientos en el microcentro: Sarmiento al 1537, debajo del Centro Cultural San Martín, con un canon mensual $789.000; el estacionamiento subterráneo de Plaza Lavalle, por el que paga un canon de $652.000; y el de Corrientes 436, en plena city porteña, con un canon de $1 millón. Las tres playas son operadas bajo la marca APART CAR, de Dakota, la cadena de garajes de esta empresa.
Con Dakota también participan en ESTUNO SA, una firma creada en 1995 y que en 2002 se focalizó en el negocio del aparcamiento. En total, los Violante operan 20 playas de estacionamiento en CABA: 15 son concesiones del gobierno de la Ciudad y 5 estacionamientos privados entre información oficial, balances corporativos y datos publicados por la empresa en su web. Anteriormente, operaban otros 6 estacionamientos, 4 de ellos concesionados por la Corporación Antiguo Puerto Madero, y uno privado.
Se presenta una situación llamativa y particular en torno a la playa de estacionamiento de “Madero”. Según los chats filtrados, en junio de 2020 D’Alessandro le prometió “ver lo de Madero que es lo que más me preocupa”, en respuesta a las preocupaciones de Violante sobre licitaciones que se habían complicado.
Ahora el bloque del Frente de Todos presentó un proyecto en la Legislatura para crear una Comisión Investigadora sobre la administración, gestión y control del servicio de acarreo concesionado a las empresas Dakota SA y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI), y con el objetivo esclarecer la gestión de esas empresas y determinar el rol asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lo concerniente al control debido. Asimismo, investigar la actuación del Ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro, quién recientemente ha solicitado una licencia en sus funciones luego de que, a partir de la filtración y publicación de chats que lo tienen como protagonista, se viera bajo sospecha de negociados, cohecho y demás acciones espurias en el marco de sus atribuciones como funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otras cosas, se lo vincula con Marcelo Violante, empresario que maneja el negocio de las grúas y playas de estacionamiento en la Ciudad, a través de empresas como Dakota SA y Brewda Construcciones SA.
La investigación puede hacerse independientemente de los “chats” del ministro y que ya era necesaria de antemano. Aun cuando estas conversaciones no tuvieran validez procesal en sede judicial, las implicancias y los hechos aquí referidos deben ser investigados. Las comunicaciones ayudan a visibilizar la controvertida gestión de estas concesionarias en vínculo con el Gobierno de la Ciudad.
El proyecto
Este es el texto del proyecto de Comisión investigadora que presentó el Frente de Todos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 1°.- Creación.- Créase en el ámbito del Poder Legislativo, en los términos del artículo 83 inciso 2° de la Constitución de la Ciudad, la “Comisión Investigadora sobre la administración, gestión y control del servicio de acarreo concesionado a las empresas Dakota SA y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI); y los servicios de estacionamiento concesionados a partir de contratos que tengan como parte involucrada, ya sea de forma individual o societaria, al Sr. Marcelo Daniel Violante”, en adelante la “Comisión investigadora”.
Artículo 2°. – Objeto. – La “Comisión Investigadora”, tiene como función investigar la gestión integral de las empresas concesionarias durante todo el período de su actuación. Asimismo, determinar la responsabilidad del Poder Ejecutivo en relación al control ejercido sobre los servicios de estacionamiento y de acarreo de vehículos en ese mismo período. También está encargada de investigar la actuación del Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro y otros funcionarios, en su vinculación con las actividades relacionadas a las empresas del Sr. Marcelo Violante y todas las cuestiones conexas.
En el marco de la investigación, la Comisión puede requerir información, expedientes, documentación, peritajes y/o cualquier otro material de interés, al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Entes Autárquicos de la Ciudad, así como recibir declaración de autoridades, funcionarios y empleados/as del Poder Ejecutivo, Poder Judicial o Entes Autárquicos. Puede también recibir declaración de particulares y damnificados y efectuar toda otra diligencia probatoria que sea necesaria para su cometido.
Las reuniones de la Comisión se harán de conformidad con lo normado en el artículo 147 del Reglamento de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°. – Información. – En el marco de la investigación, toda información requerida por la Comisión al Poder Ejecutivo, al poder judicial o entes autárquicos debe ser suministrada en un plazo no mayor a los diez (10) días desde el momento de su recepción.
Artículo. 4°. – Integración de la Comisión Investigadora. – La Comisión está integrada por diecisiete (17) diputados/as elegidos/as, en los términos del artículo 83 inciso 3° de la Constitución de la Ciudad, respetando la representación de los partidos políticos y las alianzas. Es presidida por un/a Legislador/a, representante del bloque más numeroso de la oposición, un/a Vicepresidente y un/a Secretario/a, electos/as por los miembros.
Artículo 5°. – Constitución. – La Comisión debe constituirse en un plazo máximo de quince (15) días de sancionada la presente.
Artículo 6°. – Plazo. – La Comisión tiene un plazo de ciento veinte (120) días para realizar el informe definitivo.
Artículo 7º.- Informe Final. – La Comisión expresa las conclusiones a que arribe mediante el dictado de recomendaciones, informando las mismas al Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo.Artículo. 8º.- Comuníquese, etc.
