El diputado porteño Emmanuel Ferrario presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno de la Ciudad informe cuántas personas accedieron al régimen de refinanciamiento, cuántas fueron rechazadas y bajo qué condiciones. También busca conocer qué alternativas ofrece el Banco Ciudad a quienes quedan afuera de la normativa.
El acceso al crédito y las dificultades para afrontar deudas forman parte de una realidad cada vez más presente entre los hogares. En ese contexto, el diputado de la Ciudad de Buenos Aires Emmanuel Ferrario presentó un proyecto de resolución para conocer cómo se está implementando el régimen de refinanciamiento establecido por la Ley 6.959 y cuál fue su alcance entre los vecinos porteños.
La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, entregue en un plazo de 30 días información detallada sobre las solicitudes recibidas, los casos aprobados y rechazados, los montos refinanciados y las condiciones financieras de las operaciones.
El pedido apunta también a conocer qué ocurre con las personas que atraviesan dificultades para pagar sus obligaciones pero no cumplen con los requisitos establecidos por la norma.
Cuántas personas accedieron al régimen de refinanciamiento
Uno de los principales puntos del proyecto es conocer la cantidad total de solicitudes de refinanciamiento recibidas desde la entrada en vigencia de la Ley 6.959, discriminadas por mes.
Ferrario también pide que se detalle cuántos solicitantes eran deudores del propio Banco Ciudad y cuántos provenían de otras entidades financieras.
La iniciativa busca además conocer cuántas solicitudes fueron rechazadas y cuáles fueron los motivos. En particular, solicita discriminar los casos en los que las personas no estaban comprendidas dentro de la categoría de deudores prevista por la ley y aquellos que quedaron afuera por las condiciones establecidas en el artículo 7°.
El objetivo es obtener una fotografía más precisa de quiénes pudieron acceder al mecanismo y quiénes quedaron excluidos.
El foco en quienes tienen menos de 60 días de mora
Uno de los aspectos centrales del proyecto está puesto sobre las personas que tienen obligaciones vencidas por períodos relativamente cortos.
La iniciativa pregunta específicamente si hubo solicitudes de personas que registraban cuotas de préstamos, saldos de tarjetas de crédito u otras obligaciones vencidas por menos de 60 días y, en caso afirmativo, cuántas fueron y cuál fue su resultado.
En los fundamentos, Ferrario sostiene que una persona puede atravesar una situación de dificultad financiera aun cuando su deuda no registre un período prolongado de mora. Según plantea, conocer cuántos solicitantes quedaron fuera del régimen por esta condición permitiría evaluar si los parámetros actuales de acceso resultan adecuados.
Por eso, el legislador también pregunta si el Gobierno porteño y el Banco Ciudad analizaron la posibilidad de modificar los criterios de acceso, particularmente en relación con las deudas con menos de 60 días de vencimiento.
Cuánto dinero se refinanció y bajo qué condiciones
El proyecto no se limita a pedir datos sobre la cantidad de beneficiarios. También busca conocer el volumen económico del programa.
Ferrario solicita que se informe cuántas operaciones fueron aprobadas y cuáles fueron los montos financiados, diferenciando entre créditos de hasta $1 millón, entre $1 millón y $2 millones, entre $2 millones y $3 millones y aquellos superiores a $3 millones.
Además, pide conocer el monto total de los créditos refinanciados, diferenciando el capital original de la deuda y el monto final resultante de la refinanciación. También solicita información sobre el Costo Financiero Total (CFT) anual, las distintas modalidades y los plazos utilizados.
Otro de los datos requeridos es la cantidad de solicitudes aprobadas y rechazadas según el tipo de obligación: saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales y otras deudas alcanzadas por la ley.
¿Qué pasa después de refinanciar una deuda?
La iniciativa también plantea una pregunta sobre el resultado posterior del programa: si las personas que accedieron al régimen lograron sostener el cumplimiento de sus obligaciones.
Por eso, solicita conocer cuántos beneficiarios registraron nuevos incumplimientos después de acceder al refinanciamiento, siempre que esa información se encuentre disponible.
Para Ferrario, este dato permitiría analizar si el mecanismo funciona como una solución sostenible para las personas endeudadas o si, después de la refinanciación, persisten las dificultades para afrontar los pagos.
La iniciativa también pregunta si el Gobierno porteño o el Banco Ciudad realizaron alguna evaluación sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de la Ley 6.959 y, en caso afirmativo, solicita que se remitan esos estudios o informes.
Las alternativas para quienes quedan afuera
Otro eje del pedido de informes apunta a quienes no pueden ingresar al régimen especial.
El proyecto solicita saber si existen mecanismos de orientación, asesoramiento o comunicación destinados a las personas que no resultaron alcanzadas por la ley, cuántas fueron atendidas y qué alternativas se les ofrecieron.
En los fundamentos, el diputado plantea que también resulta relevante conocer qué herramientas de refinanciación ofrece el Banco Ciudad por fuera del régimen establecido por la Ley 6.959.
Por ese motivo, pide información sobre los créditos refinanciados durante los últimos tres meses mediante los mecanismos ordinarios del banco, incluyendo cantidad de operaciones, tipo de obligación y monto total refinanciado.
La comparación busca determinar si existen diferencias significativas entre las condiciones del régimen especial y las refinanciaciones que el Banco Ciudad ofrece habitualmente.
Tasas, plazos y costo financiero
El proyecto también pretende poner la lupa sobre las condiciones concretas de esas operaciones realizadas por fuera de la Ley 6.959.
En particular, solicita conocer las tasas de interés, el Costo Financiero Total, los plazos y, cuando corresponda, el monto de las cuotas aplicadas durante los últimos tres meses.
El objetivo, según los fundamentos, es contar con información que permita comparar objetivamente las distintas herramientas disponibles para quienes buscan regularizar sus deudas.
Un pedido de información para evaluar el alcance de la política
El proyecto de Emmanuel Ferrario busca, en definitiva, conocer no solamente cuántas personas utilizaron el régimen de refinanciamiento, sino también qué resultados tuvo, quiénes quedaron afuera y qué alternativas existen para quienes no cumplen con las condiciones previstas por la ley.
Los fundamentos remarcan que para evaluar una política pública no alcanza con conocer las herramientas que se ponen a disposición: también resulta necesario saber sus niveles de utilización, resultados concretos y situaciones en las que el instrumento no logra responder a las necesidades de la población.
La información solicitada permitiría a la Legislatura analizar el funcionamiento del régimen, detectar eventuales dificultades de acceso y evaluar posibles modificaciones para ampliar o mejorar las herramientas destinadas a los vecinos de la Ciudad que atraviesan situaciones de endeudamiento.
