El diputado porteño Matías Lammens presentó un proyecto para que el Gobierno de la Ciudad informe por qué la recaudación por multas aumentó en términos reales durante los últimos años. También pidió datos sobre infracciones, dispositivos de fiscalización, deudas pendientes y mecanismos de cobro.
La recaudación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en concepto de multas creció con fuerza en los últimos años. Para conocer cuáles son las razones detrás de ese incremento, el diputado porteño Matías Lammens presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo informe a la Legislatura sobre la evolución de esos recursos y las políticas de fiscalización que están detrás de las sanciones.
La iniciativa solicita información detallada sobre los ejercicios 2024, 2025 y 2026, aunque plantea reconstruir la recaudación mensual desde enero de 2023 hasta marzo de 2026. El pedido incluye las distintas categorías de multas, los organismos que las aplican y cobran y el destino de los fondos recaudados.
De $6.312 millones a más de $57.000 millones
Uno de los principales datos que aparecen en los fundamentos del proyecto es el crecimiento de la recaudación durante el primer trimestre de cada año.
Según la información oficial citada por Lammens, durante los primeros tres meses de 2024 se recaudaron aproximadamente $6.312 millones en multas. Un año después, la cifra llegó a $28.359 millones, mientras que en el primer trimestre de 2026 alcanzó los $57.524 millones.
El proyecto sostiene que, una vez descontado el efecto de la inflación, el incremento interanual fue del 150% entre 2024 y 2025 y del 54% entre 2025 y 2026.
En la comparación entre los primeros trimestres de 2024 y 2026, el aumento real acumulado habría llegado al 284%.
Pero para el legislador, los números por sí solos no permiten saber qué está detrás de ese crecimiento.
¿Más infracciones, multas más caras o mayor capacidad de cobro?
El pedido de informes apunta justamente a diferenciar las posibles causas del incremento.
Lammens solicita que el Gobierno porteño explique cuánto del aumento puede atribuirse a una mayor cantidad de infracciones detectadas, cuánto al incremento del valor de las sanciones y cuánto a una mayor efectividad en el cobro.
También pide conocer si tuvo incidencia la recuperación de multas correspondientes a años anteriores, la incorporación de nuevos mecanismos de fiscalización o eventuales cambios contables y presupuestarios.
El planteo parte de una diferencia importante: recaudar más por multas no significa necesariamente que se hayan cometido más infracciones durante ese mismo período.
Una parte de los recursos puede corresponder a sanciones generadas en años anteriores que recién fueron cobradas, a cambios en los mecanismos de pago o a modificaciones en la forma de registrar presupuestariamente esos ingresos.
Qué pasa con las multas de tránsito
El proyecto también pone la lupa sobre las sanciones vinculadas con el tránsito.
El pedido contempla que la información sea desagregada por tipo de infracción, incluyendo exceso de velocidad, violación de semáforos, estacionamiento indebido, uso del teléfono celular y falta de cinturón de seguridad, entre otras categorías registradas por la autoridad de aplicación.
La intención es conocer tanto la cantidad de infracciones como el monto efectivamente recaudado por cada tipo.
El diputado también solicita información sobre la evolución de los dispositivos, cámaras y puestos de fiscalización utilizados durante 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026.
Para cada sistema, el Ejecutivo debería informar cuándo comenzó a funcionar, dónde está ubicado y qué tipos de infracciones permite detectar.
Cuánto se cobra y cuánto queda pendiente
Otro de los puntos del proyecto busca reconstruir qué ocurre con una multa desde que se detecta una infracción hasta que finalmente se paga.
El Gobierno debería informar trimestralmente la cantidad de infracciones constatadas, multas emitidas y notificadas, sanciones que quedaron firmes y multas efectivamente abonadas.
También se solicita el monto total recaudado y los valores promedio y mediano de las multas pagadas.
A su vez, Lammens pide conocer el stock de multas pendientes de cobro al cierre de 2023, 2024 y 2025 y al 31 de marzo de 2026. La información debería incluir la cantidad de sanciones, el monto nominal, la antigüedad de la deuda y si cada caso se encuentra en instancia administrativa o judicial.
La importancia de saber cuándo se cometió la infracción
Una de las cuestiones centrales del pedido es poder diferenciar cuándo se cometió una infracción, cuándo quedó firme la sanción y cuándo finalmente se pagó.
Por eso, el proyecto solicita que la recaudación de las principales partidas sea desagregada según el organismo que originó la sanción, el régimen normativo aplicado, el tipo de infracción, el mes en que se percibió el dinero, el año en que se cometió la infracción y el año en que la multa quedó firme.
Cuando esté disponible, también se pide identificar la comuna o el lugar donde se constató la infracción.
El objetivo es evitar que el crecimiento de los ingresos sea interpretado automáticamente como un aumento de las infracciones cometidas en el mismo período.
También pregunta por los cambios en el sistema
El pedido de informes incluye modificaciones que podrían haber influido sobre la recaudación.
Entre otros puntos, el Ejecutivo debería informar si durante el período analizado cambiaron los montos de las multas, los procedimientos de fiscalización, notificación, juzgamiento o cobro, los descuentos por pago voluntario y los planes de facilidades.
También se solicita información sobre eventuales modificaciones en los mecanismos de cobro administrativo o judicial y en los sistemas tecnológicos utilizados para detectar y gestionar infracciones.
Además, Lammens pide conocer si hubo cambios en los criterios contables, presupuestarios o clasificatorios utilizados para registrar estos recursos y cuál habría sido su impacto sobre la posibilidad de comparar los datos de un año con otro.
Un pedido para explicar el crecimiento de la recaudación
El proyecto también busca que el Gobierno porteño remita informes técnicos, evaluaciones, auditorías, expedientes y actos administrativos en los que se haya analizado la evolución de la recaudación por multas.
La intención es que la Legislatura pueda contar con información suficiente para determinar qué factores explican el aumento y qué relación existe entre la recaudación y las políticas de fiscalización y cumplimiento de las normas.
El planteo de Lammens pone así el foco en una cuestión que excede el monto recaudado: qué hay detrás de ese dinero que ingresa a las arcas porteñas.
La diferencia no es menor. Un aumento puede surgir de más controles, de sanciones más costosas, de una mayor eficacia para cobrar deudas ya existentes o de una combinación de todos esos factores.
Por eso, el proyecto busca que el Ejecutivo entregue información que permita reconstruir el recorrido completo de las multas y evaluar si el fuerte crecimiento de la recaudación responde a un cambio en los niveles de infracciones, en los mecanismos de fiscalización y cobro o en la forma de contabilizar esos recursos.
