Trabajadores de los establecimientos educativos solicitan tener el mismo reconocimiento que sus pares que están incluídos en la cartera educativa. Por Ximena Gonzalez.
Los Centros de Primera Infancia están destinados a niños de 45 días a 3 años, son gestionados por organizaciones civiles, cooperativas y ONG, y depende de un programa del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que les brinda un subsidio que deben administrar y dividir en salarios, materiales, alquiler y alimentos. Sin embargo, un colectivo de trabajadores de las instituciones denuncian que este monto no es suficiente para abarcar todos los gastos.
En base a esta problemática, confeccionaron un proyecto de ley para solicitar que se ubique a los CPI dentro del Ministerio de Educación. Además, están juntando firmas de representantes de espacios territoriales, culturales, sindicales, políticos, de manera virtual (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdO25s_DvBcIdu8Jjsoe_xHD0OEk4_YmDKmBXewqJkFAxiCw/viewform) y el próximo miércoles 25 a las 11 realizarán una muestra de su trabajo en las puertas de la Legislatura.
Inés, coordinadora de Semillitas, un instituto de Balvanera, manifestó: “Los salarios de todos los CPI son diferentes, no hay un encuadramiento en cuanto a lo que tenemos que cobrar, depende de lo que decida cada organización y en general están desfinanciadas. La realidad es que tenemos sueldos por la mitad de lo que corresponde con los de los jardines que dependen de Educación. Esto trae un conflicto permanente y eso es lo que va motorizando un reagrupamiento tanto de directivos y trabajadores”.
También explicó que el colectivo se conformó hace aproximadamente dos años a partir de diversas demandas, como solicitar que los incluyan en el plan de vacunación como docentes, para denunciar la situación de precarización que viven y visibilizar las pocas vacantes de instituciones estatales que hay para esa franja etaria.
“Son demandas que nos van llevando a interrogantes más profundos de cómo tiene que ser atendida y resuelta la crianza y la enseñanza de los más chicos, y qué políticas públicas se están dando en relación a eso. La primera infancia es la franja etaria donde más privatizada está la oferta. Los jardines privados superan el 65% en la Ciudad de Buenos Aires. Después están los públicos, que vienen cerrándose o vaciándose, y los CPI”, expresó Inés, a la vez que apuntó que hay una mirada muy sesgada con respecto al rol de estos espacios, como lugares solo de contención.
En esta línea, destacó: “Desde hace muchos años se viene imponiendo la necesidad social de que los chicos puedan estar en institutos y que estos tengan que ser de calidad y accesibles a todo el mundo. Y para eso la docencia se viene preparando. Hace rato que los profesores de Inicial superaron la dicotomía entre lo meramente asistencial y lo educativo con los niños más pequeños, entre la vieja guardería y el jardín maternal. Sin embargo, desde la política pública se insiste en esto, se abren espacios en desarrollo que intentan un vaciamiento de los contenidos, como un depósito. No somos un depósito. Trabajamos con la primera infancia, tenemos profesionales, pero tienen que estar reconocidos”.
De estos planteos concretos es que surgen los objetivos del proyecto de ley que presentarán para el traspaso de los centros a la órbita del Ministerio: igualar los derechos y oportunidades para los más chicos, equiparar y jerarquizar a todo el personal en su conjunto en sus derechos laborales y salariales, encuadrar a las instituciones como socioeducativas, revertir los mecanismos que profundizan las desigualdades y generan circuitos de enseñanza paralelos más precarios, y valorizar las experiencias de gestión asociada y el trabajo interdisciplinario entre las agrupaciones y el estado.
“En ese sentido va la idea del traspaso, que las entidades sociales puedan seguir gestionando estos lugares, porque lo vienen haciendo y porque es una pata más que viene resolviendo situaciones que el Estado no soluciona. Pero el financiamiento no puede depender de estas agrupaciones. Podemos desarrollar un trabajo socio comunitario muy importante, pero no con la presión de tener que pagar salarios que no podemos alcanzar. La idea de este proyecto es que incluya a todos, que incluya una realidad que es compleja y que tiene que ver con esto de la Gestión Asociada entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, que pueda profundizar la tarea pedagógica que venimos desarrollando y que la jerarquice”, concluyó Inés.
