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Proponen profesionalizar la figura del administrador de edificios.

El diputado de la ciudad de Buenos Aires Diego García de García Vilas propone modificar la Ley 941/02 para implementar la obligatoriedad de instancias de formación para los administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal. 

El legislador porteño presentó un proyecto de Ley que buscará modificar ciertos artículos de la Ley 941 con el propósito de profesionalizar la figura del administrador, dada la importancia de su labor diaria.

Según una información publicada en febrero del corriente año se recibieron denuncias por incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 941, entre las cuales se señalan falencias en las liquidaciones de expensas, la falta de ejecución de las decisiones de las asambleas y el incumplimiento respecto de los libros que debe llevar el administrados en forma obligatoria, entre otras cuestiones.

Dicha Ley fue sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2002, creando el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, cuya autoridad de aplicación es el área de Defensoría y Protección del Derechos del Consumidor.

A partir de esta norma y sus modificatorias, ninguna persona puede ejercer como administrador de un consorcio sin estar debidamente incluido en el Registro, cuya constancia de certificación debe ser actualizada de manera anual.

Entre los trámites necesarios para ingresar al Registro Público de Administradores de Consorcios se encuentra la presentación de documentos, tales como la declaración jurada, pólizas de seguros, pago de servicios, impuestos y tasas de las partes comunes de un edificio, medidas de seguridad obligatorias y la contratación de personal matriculado en los casos que corresponda. También se debe demostrar que no están inhabilitados para ejercer operaciones comerciales y que no tienen fallos en su contra.

En el artículo 4º se señalan los requisitos para la inscripción en el Registro.  El inciso f exige la aprobación de un curso para hacer efectiva dicha inscripción. En este sentido, el Gobierno de la Ciudad hace pública en la página oficial de la Defensoría y Protección del Derechos del Consumidor el listado de administradores registrados y de las instituciones convenidas para brindar los cursos de capacitación.

En el año 2016 existían  en la ciudad de Buenos Aires 5.475 administradores registrados.  Asimismo, la información oficial existen 36 instituciones en los que se puede realizar el curso requerido para ingresar al listado o renovar el certificado. Entre ellas universidades públicas y privadas, asociaciones civiles, fundaciones y estudios jurídicos. Consultados estos centros, se pudo constatar que existe una gran disparidad en el servicio que ofrecen, tanto en los costos a cobrar a los interesados como en la modalidad y duración de las cursadas. Estas diferencias van de cientos a miles de pesos, o de una sola jornada a varios meses.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de administradores que se suman o que deben renovar su certificado, resulta importante conocer los criterios vinculados con la formación obligatoria: qué contenidos se exigen y cómo se generan los acuerdos entre la Defensoría y las instituciones.

Esto, a fin de garantizar la igualdad de condiciones entre los miles de aspirantes a ser incluidos en el Registro y de proteger a los consorcios que contratan a los administradores.

Por ello, la modificación que se establece en la propuesta del diputado García de García de las Vilas se establece un mínimo de horas de duración de los cursos a modo tal de fortalecer la formación en la actividad.