La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 1° la organización de instituciones autónomas como democracia participativa. Además, subraya la obligación de remover obstáculos para la participación efectiva en la vida política, económica y social de la comunidad (artículo 11°). El artículo 52° refuerza el carácter participativo del presupuesto, exigiendo procedimientos de consulta sobre asignación de recursos.
La Ley N° 70 garantiza la participación ciudadana en la elaboración y seguimiento del Presupuesto Anual, Programa General de Gobierno y Plan de Inversiones Públicas. La Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 asegura la participación de vecinos en la fijación de metas y control presupuestario de Juntas Comunales.
Ley Orgánica de Participación Ciudadana
En 2021, se sancionó la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, buscando propiciar, fomentar y garantizar la participación ciudadana en decisiones gubernamentales.
Esta herramienta es esencial para la implementación de la democracia participativa, canalizando demandas sociales, potenciando el control vecinal y transparentando la administración de recursos públicos.
El Presupuesto Participativo, originado en Porto Alegre, Brasil, es reconocido internacionalmente. Experiencias comparadas muestran que supera problemas de concentración de poder, despilfarro y corrupción.
Implementación en Buenos Aires
La implementación del Sistema de Presupuesto Participativo se propone sobre bases territoriales, definición temática, presupuestaria e institucional. Consta de instancias como Foros, Asambleas Comunales y Consejos Comunales.
La adopción del Presupuesto Participativo implica un cambio cultural significativo, sometiendo a las autoridades al escrutinio constante de la sociedad. Aunque la implementación reduce el poder del Legislativo, lo redirige hacia un ámbito mediador, garantizando legitimidad y transparencia.
Recuperar la legitimidad social de las decisiones y fortalecer la práctica democrática son beneficios clave. El Presupuesto Participativo promueve una ciudadanía activa y genera confianza en las acciones gubernamentales.
