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¿Qué pasa con el presupuesto participativo de las comunas?

Carece de legislación integral obligatoria en la Ciudad, aunque fallos judiciales, como el caso "García Elorrio Javier María," han impulsado su implementación. La democracia participativa es crucial para complementar la democracia representativa y requiere esfuerzos de la Administración Pública. Por Marcos Bolivar.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 1° la organización de instituciones autónomas como democracia participativa. Además, subraya la obligación de remover obstáculos para la participación efectiva en la vida política, económica y social de la comunidad (artículo 11°). El artículo 52° refuerza el carácter participativo del presupuesto, exigiendo procedimientos de consulta sobre asignación de recursos.

La Ley N° 70 garantiza la participación ciudadana en la elaboración y seguimiento del Presupuesto Anual, Programa General de Gobierno y Plan de Inversiones Públicas. La Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 asegura la participación de vecinos en la fijación de metas y control presupuestario de Juntas Comunales.

Ley Orgánica de Participación Ciudadana

En 2021, se sancionó la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, buscando propiciar, fomentar y garantizar la participación ciudadana en decisiones gubernamentales.

Esta herramienta es esencial para la implementación de la democracia participativa, canalizando demandas sociales, potenciando el control vecinal y transparentando la administración de recursos públicos.

El Presupuesto Participativo, originado en Porto Alegre, Brasil, es reconocido internacionalmente. Experiencias comparadas muestran que supera problemas de concentración de poder, despilfarro y corrupción.

Implementación en Buenos Aires

La implementación del Sistema de Presupuesto Participativo se propone sobre bases territoriales, definición temática, presupuestaria e institucional. Consta de instancias como Foros, Asambleas Comunales y Consejos Comunales.

La adopción del Presupuesto Participativo implica un cambio cultural significativo, sometiendo a las autoridades al escrutinio constante de la sociedad. Aunque la implementación reduce el poder del Legislativo, lo redirige hacia un ámbito mediador, garantizando legitimidad y transparencia.

Recuperar la legitimidad social de las decisiones y fortalecer la práctica democrática son beneficios clave. El Presupuesto Participativo promueve una ciudadanía activa y genera confianza en las acciones gubernamentales.