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CON GANAS DE PICANEAR

Finalmente, la Policía Metropolitana podrá utilizar pistolas Taser con aval de la Justicia. El Observatorio de Derechos Humanos  denunció que su uso “constituye una forma de tortura” y el sociólogo Andrés Pérez Esquivel afirmó que la decisión del gobierno expresa “un enorme gusto por los negocios”.

El Tribunal Superior de Justicia porteño revocó, por mayoría, el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que, confirmando una decisión de primera instancia, había ordenado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abstenerse de utilizar las armas no letales modelo Taser X26 y dejaba sin efecto los actos administrativos dictados para su adquisición.

Luego de conocerse el fallo, el sociólogo y asesor en seguridad en la Legislatura porteña Andrés Pérez Esquivel aseguró que “la insistencia del gobierno con las Taser parece tener que ver poco con una cuestión técnica sino con una profunda vocación antidemocrática y un enorme gusto por los negocios. No hay que olvidar que las Taser son caras y Montenegro tiene dos demandas penales por millones de Euros de sobreprecios en compra de pistolas sin licitación y a precio de minorista, y que cada cámara de seguridad nos está costando 175 mil pesos a los porteños, cuando como mucho deberían costar 30 mil”.

Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos advirtió a través de un comunicado que “el Comité Contra la Tortura de la ONU y otros organismos internacionales como Amnistía Internacional desaprobaron el uso de las armas tipo Taser, afirmando que este tipo de armas lesiona derechos como la vida, la integridad física y la salud de las personas. La propia Policía Metropolitana reconoce la lesión a la integridad física y a la salud que provoca el arma. También reconoce la ausencia de protocolo; diferentes fuerzas nacionales de seguridad recomiendan la no utilización o informan que no poseen esta arma; entre otras pruebas contundentes”.

Lo que se demuestra en el expediente y no es rebatido por el TSJ–con la honrosa excepción de la Dra. Alicia Ruiz que vota en disidencia- es que el uso de armas Taser por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno local constituye una forma de tortura y vulnera de este modo los artículos 2 y 16 de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y los derechos a la vida, integridad física y salud consagrados en Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y en la Constitución Nacional y Local.

En 2010 el Observatorio inició una acción legal, mediante un amparo presentado con la firma de Carlos Pisoni contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que “se impida la utilización de las armas denominadas no letales Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno local, por consistir las mismas un elemento de tortura”.

Los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás coincidieron en que el accionante “carece de legitimación para cuestionar la validez de las resoluciones”.

Esta pretendida carencia de legitimidad de Carlos Pisoni, integrante del ODH, en su carácter de ciudadano está expresamente ratificada por el artículo 14 Constitución de la CABA que le otorga legitimación para ejercer la acción de amparo a “cualquier habitante”, con el fin de proteger la vida, la integridad física y la salud de todas las personas que se encuentran en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto pueden ser pasibles del accionar de las fuerzas de seguridad de la Ciudad, en lo que se refiere a las llamadas “armas no letales Taser x26”.

Se ha demostrado que la acción administrativa es violatoria de la Constitución y de las leyes de la Ciudad, puesto que la inminente adquisición de las armas, contraría lo dispuesto por el Comité contra la Tortura, el art. 34 de la CCABA (entre otros) y lo dispuesto en el art. 28 inc. b) de la Ley 2894.
Cabe recordar que el artículo 14 de la CCABA habilita la acción de amparo para aquellos casos en que exista una lesión, restricción, alteración o amenaza, actual o inminente a un derecho humano. De tal modo, el TSJ –particularmente el voto del Dr. Lozano- solo se limita a evocar el daño o perjuicio concreto o actual como vía para que proceda el amparo, esperando que haya un muerto o un torturado para poder acceder a la Justicia. Esta interpretación modifica, de modo inconcebible y por su propia voluntad, la letra de la Constitución. Los argumentos vertidos sobre la legitimación activa son inconsistentes y falaces.
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad al confirmar el fallo de primera instancia que había prohibido el uso de las neopicanas Taser X 26 sentenció que “cabe inferir que en un estado democrático, aún la mera sospecha de que el empleo de un arma, por parte de las fuerzas de seguridad, pueda derivar en una acción cruel, inhumana y degradante para la condición humana, impone extremar los medios de prueba tendientes a desvirtuarlo.”

“Lamentablemente, el TSJ borra por decisión política, antes que por argumentos judiciales, un fallo histórico, coherente con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que hace a la Argentina ejemplo en el mundo.

El Poder Judicial avala, con esta decisión, al Jefe de Gobierno, quien intentó llevar a cabo la fundación de una fuerza de seguridad al servicio de la represión y la tortura, a contramano de la Historia reciente de nuestro país y de lo receptado por la ley de Seguridad Pública y la Constitución de la Ciudad” aclararon desde la ODH y advirtieron: “Una vez notificados formalmente del fallo, interpondremos un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.