Sofía Lauro, jefa de residentes de Trabajo Social del Hospital Alvear, explicó que los profesionales perdieron poder adquisitivo, trabajan entre 60 y 70 horas semanales y destinan gran parte de sus ingresos a gastos básicos. En diálogo con Abran Paso, también cuestionó las presiones sobre quienes participan de las protestas y advirtió sobre el agravamiento de la crisis social que llega a los hospitales públicos.
Los residentes de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires sostienen un plan de lucha para reclamar una recomposición salarial y mejores condiciones laborales. La protesta, que al momento de la entrevista con Abran Paso transitaba su sexta semana, también incluye planteos vinculados con la defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, el acceso a la atención sanitaria y el reconocimiento de los profesionales no médicos dentro de la carrera hospitalaria.
Así lo explicó Sofía Lauro, jefa de residentes de Trabajo Social del Hospital Alvear, una institución especializada en salud mental. La trabajadora social señaló que el reclamo comenzó por los salarios, pero que las asambleas permitieron reunir otras preocupaciones de los equipos interdisciplinarios que se desempeñan en el sistema público.
“Desde 2023 hasta ahora perdimos 30 puntos de poder adquisitivo”, afirmó Lauro al describir la situación económica de los residentes. Según detalló, actualmente cobran alrededor de 6.000 pesos por hora y cumplen jornadas de entre 60 y 70 horas semanales.
La entrevistada sostuvo que, en relevamientos realizados dentro de las asambleas de residentes de hospitales y centros de salud, observaron que aproximadamente el 70% de los ingresos se destina al alquiler y los servicios básicos. De acuerdo con su testimonio, esa situación dificulta llegar a fin de mes, incluso entre profesionales que cuentan con formación universitaria y realizan tareas de investigación y producción académica durante la residencia.
Salarios, jornadas extensas y reconocimiento profesional
Para Lauro, la recomposición salarial debe permitir que los ingresos superen la línea de pobreza y reflejen las responsabilidades que asumen los residentes en el sistema sanitario.
La jefa de residentes remarcó que la formación no se limita a la actividad asistencial. También comprende guardias, investigaciones y trabajos escritos obligatorios. Por eso, consideró que la discusión salarial debe contemplar tanto las horas efectivamente trabajadas como las exigencias propias de la formación profesional.
Entre los reclamos también mencionó el pago de las guardias realizadas por los residentes y el reconocimiento de su carga horaria. Según explicó, las demandas apuntan a que las condiciones laborales sean compatibles con la responsabilidad que implica atender a la población.
“Para defender también la salud pública, hay que defender nuestras condiciones laborales”, planteó.
El conflicto se desarrolla en un contexto de discusión salarial que, según Lauro, también alcanza a los residentes a través de los acuerdos paritarios que se negocian para el sector de la salud porteña. La entrevistada mencionó un aumento paritario del 5% y cuestionó que esa recomposición resulte insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo que describió.
Denuncian presiones frente al plan de lucha
Además de la cuestión salarial, Lauro cuestionó la respuesta de las organizaciones gremiales y las dificultades que enfrentan los residentes para conseguir respaldo sindical a las medidas de fuerza.
Según explicó, la Asociación de Profesionales de Servicio Social (APSS) convocó a un cese de actividades, mientras que otros gremios no habían llamado a un paro general del sector en el momento de la entrevista. La trabajadora social sostuvo que esa situación deja a los residentes con menos herramientas de respaldo para sostener las protestas.
También afirmó que desde el Gobierno porteño se registraron situaciones que interpretan como intentos de desalentar la movilización. Como ejemplo, señaló que a algunos residentes les habrían consignado ausencias en las planillas de asistencia cuando no firmaron durante las jornadas de protesta.
Lauro advirtió que existe preocupación por la posibilidad de que esos días sean descontados de los salarios. Sin embargo, aclaró que, al momento de la entrevista, todavía no habían comprobado si se aplicarían esos descuentos y que esperaban conocer la situación con la siguiente liquidación.
La entrevistada también cuestionó las reuniones individuales con profesionales convocadas por representantes gremiales y sostuvo que la asamblea decidió priorizar las instancias colectivas para discutir el conflicto.
En ese escenario, los residentes continuaban organizando movilizaciones y nuevas medidas de fuerza. Lauro relató que la marcha de velas realizada la semana anterior, con cierre en Plaza Houssay, había tenido una importante participación. También señaló que esperaban mantener una reunión con Andrea Andreo, directora de Docencia y Capacitación, para plantear sus demandas salariales.
La recomposición de los ingresos ocupaba el primer lugar en la agenda de esa instancia de diálogo, aunque los residentes también buscaban respuestas sobre las condiciones laborales y el funcionamiento de las residencias.
La defensa de la salud pública y la Ley de Salud Mental
Las asambleas ampliaron el reclamo inicial para incluir otras cuestiones que, según Lauro, afectan al funcionamiento del sistema sanitario porteño.
Una de ellas es la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental. La entrevistada señaló que los residentes consideran necesario defender su implementación y sostener un modelo de atención que contemple las necesidades de las personas que atraviesan padecimientos de salud mental.
También expresó preocupación por las dificultades de acceso a los hospitales públicos para personas extranjeras y residentes de la provincia de Buenos Aires. Según su relato, existe una tendencia a restringir la atención de quienes no viven en la Ciudad, una situación que los trabajadores interpretan como una forma de exclusión del sistema sanitario.
Otro de los puntos de conflicto es la carrera profesional. Lauro explicó que los distintos integrantes de los equipos de salud están comprendidos en la Ley 6035 y manifestó preocupación ante posibles iniciativas para separar a los profesionales no médicos de ese régimen.
Para la jefa de residentes, estas discusiones no pueden separarse de las condiciones de trabajo ni de la capacidad del sistema público para garantizar la atención.
Más demanda en los hospitales y una crisis social que llega a la salud mental
Durante la entrevista, Lauro también describió los cambios que percibe en la población que llega a los hospitales públicos. Según su experiencia desde fines de 2023, observa que más personas que dejaron de contar con cobertura de obras sociales recurren al sistema estatal.
En su trabajo cotidiano en el Hospital Alvear, especializado en emergencias psiquiátricas, identifica situaciones de mayor fragilidad social y emocional. Habló de personas que llegan a las consultas con redes afectivas debilitadas, en soledad y atravesando crisis de salud mental.
La trabajadora social aclaró que su experiencia directa en el sistema sanitario comienza a fines de 2023, por lo que no estableció una comparación personal con períodos anteriores. Sin embargo, sostuvo que los efectos de la crisis social aparecen con claridad en las situaciones que atienden los equipos.
Lauro destacó el trabajo que se realiza en el Hospital Alvear, especialmente en la atención de emergencias psiquiátricas, aunque advirtió que las dificultades no se limitan a una institución. En conversaciones con colegas de otros establecimientos públicos, señaló que también aparecen problemas relacionados con la falta de insumos y el deterioro de las condiciones de funcionamiento.
La entrevistada vinculó esa situación con el empeoramiento de las condiciones de vida y con las dificultades que atraviesa una parte de la población para sostener sus redes de cuidado y acceder a la atención que necesita.
Un conflicto que sigue abierto
El reclamo de los residentes reúne demandas salariales, laborales y profesionales, pero también plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema público para responder a una población que, según los testimonios recogidos por sus trabajadores, llega a los hospitales en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La recomposición salarial y el reconocimiento de las horas trabajadas son los principales objetivos inmediatos del plan de lucha. Al mismo tiempo, los residentes buscan respuestas sobre las guardias, la carrera profesional, el acceso a la salud y las condiciones en las que se desarrolla la atención.
Al cierre de la entrevista, Lauro señaló que la asamblea esperaba la reunión con las autoridades de Docencia y Capacitación y preparaba nuevas medidas de fuerza. El resultado de esas conversaciones y la eventual aplicación de descuentos por los días de protesta todavía estaban pendientes.
