Los cuatro incendios registrados desde diciembre de 2025 en el Playón Ferroviario de Colegiales motivaron una intimación formal dirigida al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, en la que se reclama una intervención urgente para eliminar los riesgos ambientales y de seguridad que genera el predio. La presentación fue realizada por Leonardo Palmieri, integrante de la Junta Comunal 13, quien además advirtió que, de no obtener una respuesta, promoverá una acción de amparo ambiental.
La nota, fechada el 8 de julio de 2026, sostiene que la sucesión de siniestros dejó en evidencia la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta el momento y que la permanencia de vagones ferroviarios fuera de servicio destinados al desguace representa un riesgo permanente para los vecinos de Colegiales y Palermo, además de afectar a los usuarios del Ferrocarril Mitre.
Cuatro incendios y una advertencia sobre un problema estructural
En el documento se recuerda que el último episodio ocurrió el 6 de julio de 2026, cuando un incendio volvió a afectar uno de los vagones ubicados dentro del playón ferroviario, lo que obligó a la intervención de los Bomberos de la Ciudad y del SAME.
Sin embargo, el escrito remarca que no se trata de un hecho aislado. Desde diciembre de 2025 se registraron al menos cuatro incendios, situación que, según Palmieri, demuestra que el riesgo es «cierto, conocido y objetivamente verificable» por parte de las autoridades nacionales responsables del predio.
El integrante de la Junta Comunal sostiene que la acumulación de material ferroviario abandonado constituye una fuente permanente de incendios, contaminación ambiental y afectación de la seguridad pública, con potencial impacto sobre viviendas, infraestructura ferroviaria, bienes públicos y privados y servicios esenciales.
El reclamo se apoya en la Constitución y la Ley General del Ambiente
La intimación desarrolla un amplio fundamento jurídico para sostener la obligación del Estado nacional de intervenir preventivamente.
En primer lugar, cita el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano e impone a las autoridades el deber de preservarlo.
También invoca el artículo 43, que habilita la presentación de acciones de amparo cuando se encuentran comprometidos derechos colectivos como el ambiente.
A ello suma los principios de prevención y precaución establecidos por la Ley General del Ambiente N.º 25.675, que obligan a actuar frente a riesgos conocidos antes de que se produzcan daños mayores.
La presentación recuerda además distintos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos los casos «Mendoza», «Salas» y «Kersich», en los que el máximo tribunal reafirmó el carácter preventivo del derecho ambiental y la obligación estatal de adoptar medidas eficaces cuando existe riesgo para la salud o el ambiente.
Qué medidas reclama la Junta Comunal 13
La intimación otorga un plazo de diez días hábiles administrativos para que la Jefatura de Gabinete disponga acciones concretas sobre el predio.
Entre ellas solicita:
- una intervención urgente sobre el Playón Ferroviario de Colegiales;
- la implementación de un sistema permanente de vigilancia y prevención de incendios;
- un plan integral de saneamiento, mantenimiento y seguridad coordinado entre los organismos nacionales competentes;
- un informe detallado sobre las medidas adoptadas y el cronograma de ejecución.
Además, mediante la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública N.º 27.275, requiere conocer:
- la cantidad de vagones actualmente almacenados;
- qué organismo nacional es responsable de su custodia;
- el plan previsto para su retiro o desguace;
- las medidas implementadas desde diciembre de 2025 para evitar nuevos incendios;
- los informes técnicos de cada siniestro;
- la existencia de investigaciones administrativas;
- y la coordinación mantenida con el Gobierno de la Ciudad.
Reserva de acciones judiciales
El documento concluye con una advertencia concreta.
En caso de no obtener respuesta o de que las medidas resulten insuficientes, Palmieri anticipa que impulsará una acción de amparo ambiental, solicitando medidas cautelares para lograr el saneamiento integral del predio y la remoción del material ferroviario abandonado.
Asimismo, deja planteada la posibilidad de iniciar acciones administrativas, civiles y penales, incluyendo una eventual denuncia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, si se comprobara que la persistencia de la situación responde a omisiones de las autoridades competentes.
Para el integrante de la Junta Comunal 13, la reiteración de los incendios demuestra que ya no se está frente a episodios aislados, sino ante un problema estructural que requiere una respuesta inmediata del Estado nacional antes de que ocurra un hecho de consecuencias irreparables.
