La diputada porteña Guadalupe Tagliaferri presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno de la Ciudad informe en detalle el estado de la red pública de atención en salud mental. El pedido incluye datos sobre camas de internación, listas de espera, profesionales, presupuesto, dispositivos comunitarios y la implementación de las políticas previstas por la Ley 448.
La situación del sistema público de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a quedar bajo la lupa de la Legislatura. La diputada Guadalupe Tagliaferri presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo porteño un informe detallado sobre la capacidad actual de atención, los recursos disponibles y el funcionamiento de los distintos dispositivos que integran la red pública.
El pedido establece un plazo de 30 días para que el Ministerio de Salud o el organismo que corresponda entregue la información solicitada. El objetivo, según los fundamentos del proyecto, es conocer con mayor precisión si la oferta existente resulta suficiente para responder a la demanda de la población.
La iniciativa pone el foco no solamente en las internaciones psiquiátricas, sino también en la red de atención comunitaria prevista por la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad, que contempla diferentes dispositivos y modalidades de asistencia.
Cuántos dispositivos hay y dónde están
Uno de los primeros puntos que deberá responder el Gobierno porteño es cuántos dispositivos de atención en salud mental existen actualmente dentro del subsector estatal y cuál es la ubicación exacta de cada uno.
El proyecto solicita que la información esté discriminada entre hospitales monovalentes de salud mental, servicios de salud mental en hospitales generales, Centros de Salud Mental, equipos de salud mental de los CeSAC, hospitales de día y de noche, casas de medio camino, residencias protegidas, dispositivos de externación asistida y equipos de intervención en crisis y atención domiciliaria.
La intención es obtener una fotografía actualizada de la infraestructura disponible y de la cobertura territorial del sistema.
El pedido también alcanza a las camas de internación
Otro de los ejes centrales del proyecto está relacionado con la internación por motivos de salud mental.
Tagliaferri solicita conocer cuántas camas existen en cada efector, cuál es el nivel de ocupación actual y cuál fue el porcentaje promedio de ocupación durante 2023, 2024, 2025 y 2026.
También pide información sobre la cantidad de personas que ingresaron y posteriormente requirieron internación durante esos años. En esos casos, el informe debería discriminar los datos por establecimiento, edad, género y cantidad de externaciones, además de indicar si las internaciones fueron voluntarias o se produjeron a partir de una orden judicial.
¿Cuántas personas esperan acceder a un tratamiento?
El proyecto busca poner el foco además en las listas de espera.
El Ejecutivo debería informar cuántas personas esperan actualmente para acceder a una internación, un hospital de día, una casa de medio camino, una residencia protegida u otros dispositivos comunitarios.
A esto se suma el pedido de datos sobre la cantidad de consultas ambulatorias de salud mental realizadas durante 2023, 2024 y 2025.
Profesionales y cargos sin cubrir
Otro de los aspectos que busca relevar la iniciativa es la situación de los equipos interdisciplinarios.
El Gobierno porteño debería informar cuántos profesionales trabajan en el área de salud mental, discriminados por profesión, establecimiento y modalidad de contratación. También deberá señalar si existen vacantes sin cubrir, indicando en cada caso la cantidad, la especialidad y la antigüedad de esas vacantes.
El punto resulta relevante porque la capacidad de atención de un sistema de salud no depende solamente de la cantidad de edificios o camas disponibles, sino también de los recursos humanos necesarios para sostener las prestaciones.
Cuánto dinero se destina a salud mental
El pedido de informes también incorpora una dimensión presupuestaria.
La iniciativa solicita conocer cuánto presupuesto fue asignado y ejecutado para el área de salud mental durante 2023, 2024 y 2025, con información diferenciada para recursos humanos, funcionamiento, infraestructura y creación o fortalecimiento de dispositivos comunitarios.
Además, Tagliaferri pide saber si durante esos años se crearon, ampliaron, cerraron, suspendieron o redujeron dispositivos de salud mental y, en caso de que haya ocurrido, cuáles fueron los fundamentos, dónde se produjeron esos cambios y qué capacidad resultó afectada.
Qué pasó con los dispositivos previstos por la Ley 448
Una parte importante del proyecto apunta directamente al nivel de implementación de la Ley 448 de Salud Mental.
La norma establece un modelo de atención basado en la promoción, prevención, asistencia, rehabilitación y reinserción social, con una fuerte orientación hacia los abordajes comunitarios. También considera a la internación como un recurso terapéutico excepcional, cuando no resultan posibles otras modalidades asistenciales.
En ese marco, el proyecto solicita que el Ejecutivo detalle cuáles de los dispositivos previstos por la legislación se encuentran plenamente operativos, cuáles funcionan parcialmente y cuáles todavía no fueron implementados.
También reclama una copia del último Plan de Salud Mental vigente, junto con las metas establecidas para ampliar los dispositivos, las internaciones, los procesos de externación y la atención comunitaria.
“Conocer el estado actual de la red pública”
En los fundamentos, el proyecto sostiene que el objetivo es conocer el estado actual de la red pública de atención, su capacidad instalada, la cobertura territorial y la disponibilidad efectiva de recursos destinados a garantizar el derecho a la salud mental.
La diputada plantea que la información pública disponible sobre la cantidad de dispositivos, las camas de internación, las plazas residenciales, los niveles de ocupación y la evolución de estos recursos resulta fragmentaria. Esa situación, según sostiene la iniciativa, dificulta tanto el control legislativo como la evaluación de las políticas implementadas.
El proyecto también advierte sobre la necesidad de conocer si la infraestructura disponible alcanza para responder a la demanda, y si existen listas de espera, vacantes profesionales o restricciones presupuestarias que puedan afectar el acceso a la atención.
En ese sentido, el pedido de informes busca transformar una discusión general sobre la salud mental en la Ciudad en una serie de datos concretos: cuántos dispositivos existen, cuántas personas pueden atender, cuántos profesionales trabajan, qué demanda reciben y cuánto dinero se destina al sistema.
La iniciativa quedó así planteada como una herramienta de control de la Legislatura sobre el funcionamiento de la red pública y sobre el grado de cumplimiento de las políticas de salud mental previstas por la normativa porteña.
