El diputado porteño Andrés La Blunda presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno de la Ciudad informe qué controles realizó sobre el Centro Deportivo de Tiro de Tambor de Tacuarí 501 luego de que una persona resultara herida por un proyectil en el Centro Naval de Núñez. También pidió información sobre antecedentes similares, condiciones de seguridad, habilitaciones y controles ambientales.
Una persona herida por un proyectil de arma de fuego en un predio cercano al Centro Deportivo de Tiro ubicado en Tambor de Tacuarí 501 volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad de esas instalaciones y los controles realizados por el Gobierno porteño.
Frente a este episodio, el diputado de la Ciudad de Buenos Aires Andrés La Blunda presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe, en un plazo de 30 días, sobre las actuaciones realizadas, las inspecciones efectuadas y las medidas preventivas adoptadas.
El pedido también busca reconstruir antecedentes registrados desde 2021 y conocer si las autoridades detectaron un posible patrón de riesgo en relación con la aparición de proyectiles fuera de las instalaciones de tiro.
Una persona herida en el Centro Naval
El proyecto toma como punto de partida un hecho ocurrido el 25 de julio de 2026 en la sede Núñez del Centro Naval, donde una persona resultó lesionada por el impacto de un proyectil de arma de fuego. La Blunda pide que el Gobierno porteño detalle todas las actuaciones realizadas a partir del episodio e identifique los organismos que intervinieron, junto con las fechas, horarios, objetivos y resultados de cada intervención.
Según los antecedentes citados en los fundamentos del proyecto, medios de comunicación informaron que la víctima fue un hombre de 74 años, quien sufrió una fractura expuesta en un brazo y debió ser intervenido quirúrgicamente. En el lugar habría sido encontrado un proyectil de plomo que posteriormente fue entregado a las autoridades para su análisis.
La iniciativa aclara que existe una investigación penal para determinar el origen del proyectil y las eventuales responsabilidades. También señala que una de las hipótesis vinculaba el episodio con la cercanía del Tiro Federal, aunque esa hipótesis no puede considerarse una conclusión sin las pericias correspondientes.
El objetivo del pedido, según explica La Blunda, es determinar qué controles ejerció el Estado local frente a un potencial riesgo para las personas que desarrollan actividades en predios cercanos.
Qué controles se realizaron después del episodio
Uno de los principales puntos del proyecto apunta a saber si, después del hecho, se realizaron inspecciones en las instalaciones de Tambor de Tacuarí 501.
La Blunda solicita conocer qué organismos participaron, qué sectores fueron inspeccionados, qué profesionales intervinieron y qué pruebas o procedimientos se realizaron. También pide información sobre eventuales deficiencias detectadas, intimaciones, recomendaciones, medidas preventivas y el grado de cumplimiento de las acciones dispuestas.
Además, el Gobierno deberá informar cuál es el estado actual de funcionamiento de cada uno de los polígonos y campos de tiro y si alguna actividad fue suspendida, limitada o condicionada luego de los hechos.
El proyecto también reclama información sobre las medidas preventivas implementadas para proteger a las personas que concurren o trabajan en establecimientos y predios próximos.
El antecedente de 2021
La iniciativa no se limita al episodio de julio de este año. También pide reconstruir las denuncias, llamados al 911, actuaciones policiales, presentaciones administrativas, inspecciones y comunicaciones recibidas desde el 1 de enero de 2021.
La búsqueda incluye casos de proyectiles o fragmentos encontrados fuera del centro de tiro, personas lesionadas, impactos en árboles, edificios o vehículos, posibles deficiencias en los sistemas de contención balística y reclamos realizados por instituciones vecinas.
Los fundamentos recuerdan además un episodio difundido públicamente en 2021, cuando una jugadora de hockey habría recibido el impacto de un proyectil en una pierna mientras entrenaba. También se mencionan antecedentes vinculados con el hallazgo de municiones en sectores deportivos próximos.
Por eso, el legislador busca saber si el Gobierno porteño conoció esos episodios y qué medidas de inspección, prevención o control adoptó en aquel momento.
¿Existió un patrón de riesgo?
Una de las preguntas centrales del pedido es si los distintos antecedentes fueron analizados de manera conjunta para determinar si existía una reiteración o un patrón de riesgo.
La Blunda solicita que, en caso de haberse realizado ese análisis, se remitan los informes técnicos, matrices de riesgo o evaluaciones elaboradas por los organismos correspondientes.
La cuestión resulta relevante porque el proyecto no busca analizar solamente un hecho aislado, sino determinar cómo respondió el Estado frente a distintos episodios registrados durante varios años.
Las condiciones de seguridad de los polígonos
Otro capítulo importante de la iniciativa está dedicado a las características técnicas de las instalaciones.
El diputado pide los planos conforme a obra y la documentación técnica final de cada polígono, cancha o instalación de tiro, incluyendo su orientación y distancia de tiro, las armas y calibres autorizados, y los sistemas utilizados para contener los proyectiles: espaldones, parabalas, deflectores, cubiertas y protecciones laterales.
También solicita los estudios de trayectorias, cálculos balísticos y evaluaciones de riesgo realizados durante el proyecto definitivo.
La iniciativa busca conocer además cómo fueron solucionadas las observaciones realizadas durante la etapa de proyecto relacionadas con trayectorias que podían quedar fuera de las zonas de contención, orientación de polígonos hacia terrenos próximos, resistencia de materiales y posibles fenómenos de rebote o fragmentación de proyectiles.
El mantenimiento de las barreras de protección
El proyecto también pide información sobre las tareas de mantenimiento realizadas desde el traspaso de las instalaciones al Tiro Federal Argentino.
Entre otros elementos, se solicita conocer las tareas efectuadas sobre espaldones, deflectores, parabalas, mallas, cubiertas, protecciones laterales, puertas, taludes y otros sistemas de contención, además de identificar quién fue responsable de ejecutarlas y fiscalizarlas.
La Blunda también reclama documentación sobre un reclamo administrativo presentado por el Tiro Federal Argentino en 2022, que incluía pedidos de adecuaciones, mejoras y reparaciones en las instalaciones.
La malla que debía contener los proyectiles
Entre los aspectos técnicos que el legislador pide aclarar aparece el reemplazo de una malla N.º 12 por una malla N.º 14.
El proyecto solicita conocer dónde fue instalada, qué función técnica debía cumplir, qué tipo de proyectil o perdigón debía contener, qué ensayos se realizaron para aprobarla y cuál es actualmente su estado de mantenimiento.
Los fundamentos señalan que la documentación administrativa disponible indica que la malla originalmente prevista fue descartada por no responder a un requerimiento técnico relacionado con la dimensión del perdigón y que posteriormente se colocó una malla N.º 14.
El proyecto aclara que estos antecedentes no prueban una relación con los episodios de 2021 o 2026, pero considera necesario conocer el alcance de esas modificaciones, los ensayos realizados y el estado actual de los elementos de protección.
También pone la lupa sobre la habilitación ambiental
El pedido de informes incluye además las habilitaciones y controles ambientales del establecimiento.
La Blunda solicita conocer el estado actual de la habilitación de las actividades desarrolladas en el predio y pide las constancias, planos, permisos, inspecciones, actas, intimaciones y sanciones aplicadas desde 2021.
Uno de los puntos específicos está relacionado con el Certificado de Aptitud Ambiental N.º 21.046. El proyecto pregunta si fue renovado luego de la información brindada por la Dirección General Evaluación Ambiental en mayo de 2026 y, si no fue renovado, bajo qué autorización y fundamento jurídico continuaron las actividades.
También solicita conocer el cumplimiento de distintos condicionantes ambientales, entre ellos el monitoreo de los polígonos, los planes de contingencia, el mantenimiento preventivo, el tratamiento de aguas con presencia de plomo, la gestión de residuos balísticos, los seguros y el plan de comunicación con la comunidad.
Un pedido para conocer qué controles realiza la Ciudad
En sus fundamentos, La Blunda remarca que la existencia de una investigación penal no reemplaza las responsabilidades administrativas del Gobierno porteño. La determinación de una eventual responsabilidad penal corresponde a la Justicia, mientras que la Ciudad debe informar sobre las condiciones de habilitación, seguridad, mantenimiento, fiscalización ambiental y prevención.
El proyecto también recupera observaciones realizadas en una auditoría de 2022 sobre el Centro Olímpico de Tiro, aunque aclara que no corresponde asumir que las deficiencias observadas durante la etapa de proyecto hayan permanecido en las instalaciones terminadas. Por eso reclama conocer los planos definitivos, estudios balísticos, certificaciones e inspecciones realizadas durante su funcionamiento.
El objetivo final es que la Legislatura cuente con información completa, actualizada y verificable para determinar si los controles fueron suficientes, si las instalaciones mantienen las condiciones de seguridad aprobadas y qué medidas preventivas se adoptarán para proteger a quienes realizan actividades en los predios cercanos.
