La diputada porteña presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno de la Ciudad detalle cómo se implementará la nueva organización del sistema educativo según los límites de las Comunas. El pedido incluye información sobre escuelas, equipos de orientación, supervisiones, personal, edificios y cambios administrativos.
La reorganización territorial de las escuelas porteñas empieza a traducirse en cambios concretos para el ciclo lectivo 2027. En este contexto, la diputada de la Ciudad de Buenos Aires María Bielli presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno porteño informe cómo está implementando la Ley 6.888, que establece una nueva organización de los distritos y regiones escolares a partir de los límites geográficos de las Comunas.
El pedido busca conocer qué establecimientos, estudiantes y trabajadores quedarán comprendidos en cada nueva unidad territorial y, especialmente, cómo se reorganizarán los equipos que acompañan a las escuelas.
La Ley 6.888 fue sancionada a fines de 2025 y promulgada en enero de 2026. Su objetivo es adecuar la organización administrativa del sistema educativo a la división territorial de las Comunas. La normativa también contempla una implementación gradual y un proceso de transición.
¿Cómo quedarán organizadas las escuelas?
Uno de los puntos centrales del pedido de Bielli es conocer cuántos establecimientos educativos, alumnos y trabajadores quedarán incluidos en cada una de las nuevas unidades territoriales.
La legisladora también solicita información sobre la reorganización de las supervisiones escolares. En particular, pide saber cuántas escuelas tendrá a cargo cada equipo, discriminadas por nivel y modalidad educativa.
La pregunta adquiere relevancia porque la modificación territorial no se limita a cambiar nombres o referencias administrativas. La nueva organización alcanza a distintos niveles y modalidades del sistema educativo y supone una modificación en la manera en que se distribuyen las responsabilidades de supervisión y acompañamiento.
La atención sobre los equipos de orientación
Otro de los capítulos del proyecto está dedicado a los Equipos de Orientación Escolar (EOE), Equipos de Asistencia Socioeducativa (ASE), Equipos de Apoyo a la Inclusión y equipos de convivencia escolar.
Bielli pide conocer cuántos equipos habrá en cada Comuna, cuántos profesionales integrarán cada uno y qué escuelas estarán bajo su cobertura. También pregunta si la reorganización implicará crear nuevos equipos y, en ese caso, cuándo comenzarían a funcionar.
La Ley 6.888 establece justamente que estos equipos deben reorganizarse de acuerdo con la nueva delimitación territorial y que, cuando una Comuna requiera subdivisiones operativas, la cobertura debe distribuirse de manera equitativa y proporcional.
En septiembre, el Ministerio de Educación aprobó mediante la Resolución 1422/2026 las subdivisiones operativas de las Comunas para la organización territorial del sistema educativo de gestión estatal. La medida incluye la distribución de supervisiones escolares y curriculares y la definición del ámbito de actuación de los equipos de orientación y asistencia socioeducativa.
Cambios en edificios y sedes
El proyecto también busca determinar si la reorganización territorial tendrá consecuencias sobre los edificios escolares.
La diputada pregunta si habrá modificaciones en el uso o destino de inmuebles, así como traslados, unificaciones, divisiones o cierres de sedes, anexos o unidades educativas. También solicita que se informe cuáles son los cambios que ya fueron establecidos mediante actos administrativos y cuáles todavía están en proceso de elaboración.
El tema ya comenzó a generar modificaciones concretas. El Gobierno porteño aprobó en septiembre nuevas denominaciones para establecimientos de distintos niveles y modalidades, con vigencia desde el ciclo lectivo 2027.
Además, el Decreto 313/2026 estableció cambios en la organización de Jardines de Infantes Nucleados, incluyendo traslados de secciones, modificaciones de denominación y la creación de un nuevo establecimiento.
Los nombres de las escuelas y los trámites de las familias
Otro aspecto que aparece en el pedido de informes es menos visible, pero puede tener impacto directo en la vida cotidiana de las comunidades educativas: el cambio en la identificación de los establecimientos.
La Ley 6.888 establece que las denominaciones deben incorporar el número de la Comuna y que, después de un período de tres años, se dejará de utilizar el número de Distrito Escolar. La normativa también plantea que el proceso debe garantizar la correcta identificación de las instituciones, especialmente en relación con la inscripción online.
Por eso, Bielli solicita que el Gobierno explique qué medidas adoptará para evitar problemas con las inscripciones, la asignación de vacantes, la emisión de títulos y otros registros administrativos.
También pide conocer cómo se informarán los cambios a las familias, estudiantes y comunidades educativas y qué canales estarán disponibles para realizar consultas o reclamos.
¿Qué pasará con el personal?
La reorganización también puede modificar la distribución territorial del personal docente, no docente, administrativo, técnico y profesional.
El proyecto solicita conocer qué criterios se utilizarán para redistribuir a los trabajadores cuando cambie la dependencia territorial de una escuela o de un equipo. Además, pregunta qué capacitaciones están previstas para quienes deberán adaptarse al nuevo esquema.
En este punto aparece uno de los instrumentos centrales de la reforma: el Plan de Transición.
El Decreto 218/2026 estableció que el Ministerio de Educación debe elaborar ese plan en un plazo de 180 días hábiles. Según la reglamentación, deberá contemplar la adecuación tecnológica necesaria para unificar bases de datos y rediseñar circuitos administrativos.
Bielli pide que el Ejecutivo informe precisamente cuál es el estado de elaboración e implementación de ese plan.
Una reorganización que llegará al ciclo lectivo 2027
La nueva estructura territorial ya tiene varias normas complementarias en marcha. La Ley 6.888 establece que la adecuación debe realizarse progresivamente y que el proceso debe garantizar la continuidad de las funciones y servicios educativos.
En sus fundamentos, Bielli plantea que una transformación de esta magnitud requiere conocer cómo se garantizará la continuidad del acompañamiento a las escuelas y si los cambios administrativos tendrán algún impacto sobre la atención de estudiantes y familias.
El proyecto de resolución busca así obtener un panorama detallado de una reforma que, aunque tiene un componente administrativo y territorial, también puede modificar la organización cotidiana de las escuelas porteñas a partir del próximo ciclo lectivo.
