La Auditoría General de la Ciudad detectó falencias en talleres y laboratorios, falta de estándares mínimos de equipamiento y dificultades para garantizar las prácticas obligatorias en determinadas especialidades. También observó inconsistencias en expedientes de compras y en los datos utilizados para evaluar la titulación. El informe analiza la gestión de 2025 de la Dirección de Educación Técnica.
La educación técnica de la Ciudad de Buenos Aires enfrenta problemas de equipamiento, mantenimiento y organización de las prácticas profesionalizantes. Así lo señala un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), que examinó la gestión de la Dirección de Educación Técnica durante 2025 y detectó una serie de debilidades que afectan el desarrollo de las actividades pedagógicas y el seguimiento de los objetivos educativos.
El documento, aprobado por unanimidad el 30 de septiembre de 2026, revisó la actualización de los planes de estudio, las estrategias para sostener las trayectorias escolares y mejorar la titulación, y la implementación de las prácticas profesionalizantes. Para realizar el relevamiento, la AGCBA seleccionó 13 establecimientos de un universo de 39 escuelas técnicas estatales de nivel secundario.
Entre las principales observaciones aparecen la falta de estándares mínimos de equipamiento para cada especialidad, la ausencia de una normativa específica para el mantenimiento preventivo y correctivo de talleres y laboratorios y las dificultades para garantizar que todos los estudiantes de quinto año realicen prácticas profesionalizantes.
Talleres y laboratorios: falta de equipamiento y mantenimiento pendiente
Uno de los puntos más relevantes del informe se refiere a las condiciones de los entornos formativos donde los estudiantes desarrollan conocimientos prácticos. La auditoría advirtió que los diseños curriculares vigentes no incorporan los requerimientos tecnológicos mínimos de cada especialidad, incluidos máquinas, equipos, instrumental, infraestructura, servicios auxiliares e instalaciones y condiciones de seguridad.
La AGCBA señaló que tampoco se definieron estándares mínimos para esos recursos, pese a que la normativa educativa de la Ciudad contempla ese requisito.
El problema no se limita a la planificación. En los establecimientos relevados se identificaron situaciones vinculadas con la falta de equipamiento, la necesidad de actualizarlo y las deficiencias de mantenimiento, que afectan el desarrollo adecuado de las actividades pedagógicas.
Además, el organismo observó que había cuestiones pendientes de resolución relacionadas con la adecuación, mejora y mantenimiento de talleres y otros espacios de formación. Según el informe, la Dirección de Educación Técnica indicó que esos asuntos habían sido elevados a las áreas competentes para su análisis, pero continuaban sin resolverse al momento de la auditoría.
Otro punto señalado es la ausencia de procedimientos específicos que establezcan cómo deben organizarse las revisiones de los equipos, con qué frecuencia deben realizarse, qué personal tiene que intervenir, cómo se solicitan las reparaciones y qué registros deben conservarse.
Estas falencias tienen una implicancia directa para la enseñanza: en las escuelas técnicas, los talleres y laboratorios forman parte central de la formación profesional. Su disponibilidad, actualización y mantenimiento son condiciones necesarias para que los contenidos curriculares puedan desarrollarse de manera adecuada y segura.
Prácticas profesionalizantes: no todos los alumnos de quinto año las realizan
La auditoría también detectó dificultades para garantizar las prácticas profesionalizantes en quinto año, una instancia de formación destinada a vincular los aprendizajes escolares con los ámbitos productivos y laborales.
La normativa citada en el informe establece que estas prácticas son obligatorias para los estudiantes de quinto y sexto año de las escuelas técnicas. Sin embargo, los planes de estudio de tres especialidades incorporadas o aprobadas con posterioridad no incluyeron las unidades curriculares correspondientes para quinto año: Producción Multimedial, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y Procesos Productivos Inteligentes.
Como consecuencia, no se alcanzó el objetivo de que la totalidad de los alumnos de quinto año realizara estas experiencias durante el período analizado.
En los establecimientos relevados, la AGCBA constató que las prácticas se desarrollaban de manera sistemática entre los estudiantes de quinto año únicamente cuando estaban incorporadas como unidad curricular en el plan de estudios de la especialidad. Además, solo cuatro de los 13 establecimientos de la muestra —el 30%— informaron que algunos alumnos de ese año realizaban prácticas mediante horas del Plan de Fortalecimiento de la Orientación.
El organismo también detectó diferencias entre los registros de la Dirección de Educación Técnica sobre la cantidad de prácticas realizadas en ambientes productivos por establecimiento y, en algunos casos, sobre la cantidad de estudiantes participantes en cada actividad.
El informe no cuestiona la realización de prácticas en sexto año: señala que alcanzan a la totalidad de la matrícula de ese curso. La observación apunta a las dificultades para asegurar una cobertura equivalente en quinto año, especialmente en las especialidades cuyos planes no incorporaron las prácticas como espacio curricular.
Actualización de los planes de estudio: avances con aspectos pendientes
La auditoría reconoció que la Ciudad inició un proceso de actualización de su oferta educativa. Durante 2025 se modificaron los diseños curriculares de las especialidades Automotores, Mecánica y Computación, con vigencia a partir de 2026.
Esas tres especialidades concentran el 31% de la matrícula del ciclo superior, de acuerdo con el informe. Además, desde 2020 se habían aprobado e implementado cuatro especializaciones nuevas: Producción Multimedial, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Procesos Productivos Inteligentes y Ortesis y Prótesis.
Sin embargo, la actualización de los contenidos no estuvo acompañada por la incorporación detallada de los requerimientos mínimos de equipamiento, infraestructura y seguridad necesarios para desarrollar las unidades curriculares.
La AGCBA también señaló que los planes vigentes tenían entre 10 y 14 años desde su aprobación y que el área había iniciado instancias de revisión técnica y pedagógica con participación de distintos actores institucionales.
El desafío, de acuerdo con las observaciones del organismo, consiste en que la renovación curricular se traduzca en condiciones concretas para la enseñanza: equipos disponibles y actualizados, espacios adecuados, mantenimiento regular y prácticas formativas garantizadas.
Compras y contrataciones: observaciones en los expedientes
El informe incluyó también un análisis de los procedimientos administrativos vinculados con compras y contrataciones.
En el 71% de los expedientes relevados —cinco de siete casos— no se encontraron constancias de emisión de los remitos correspondientes. Los remitos son documentos utilizados para dejar constancia de la entrega de bienes o materiales.
La auditoría identificó, además, un expediente en el que no constaba una resolución sobre una solicitud de ampliación de una orden de compra. Según la explicación incorporada por el área auditada, esa ampliación finalmente no se concretó, el proyecto de norma no llegó a firmarse y el expediente fue archivado. La Dirección también indicó que la imputación presupuestaria había sido preventiva y que el gasto asociado no se efectivizó.
Por otra parte, la AGCBA detectó que se imputaron compras por $39.986.401,39 a la actividad presupuestaria de Educación Técnica que, según el detalle de los comprobantes analizados, correspondían a la Agencia de Habilidades para el Futuro. El monto representó el 7,05% del total de los incisos 2, 3 y 4 de esa actividad.
El informe también observó una contratación que no había sido imputada a la unidad ejecutora correspondiente al programa auditado.
Estas observaciones refieren a inconsistencias administrativas y de control interno. Por sí solas, no implican que el organismo auditor haya acreditado un delito o un faltante de dinero.
Retención escolar elevada, pero dificultades para medir la titulación
La evaluación de los indicadores educativos presenta un panorama con resultados positivos y aspectos pendientes.
En materia de permanencia, la auditoría registró una retención intraanual del 98,9% en los 13 establecimientos seleccionados. El indicador compara la matrícula inicial y final del ciclo lectivo de 2025 y muestra que la gran mayoría de los estudiantes relevados continuó dentro del sistema durante ese período.
No obstante, el informe identificó una caída de matrícula principalmente entre segundo y tercer año. La matrícula de tercer año representaba el 82% de la matrícula inicial de segundo, según los datos analizados. Se trata de una diferencia entre cohortes de matrícula y no necesariamente de una medición individual de abandono, por lo que requiere una interpretación cuidadosa.
En relación con la titulación, la Dirección de Educación Técnica informó que desarrollaba la línea “Terminá la Escuela Secundaria Técnica”, destinada a egresados que adeudaban materias. Según los datos suministrados por el área, 250 estudiantes obtuvieron el título a través de ese programa durante 2025. También se implementó FinEsTec, orientado a determinadas especialidades.
Sin embargo, la AGCBA encontró debilidades en la consistencia y trazabilidad de la información sobre titulación. El área había remitido datos porcentuales para el período 2022-2025, pero no aportó el detalle por escuela correspondiente a 2022, 2023 y 2024, lo que impidió validar esos porcentajes.
La auditoría también cuestionó que los documentos de planificación y gestión presentaran acciones generales sin identificar, en todos los casos, equipos responsables, plazos y resultados esperados u obtenidos.
Por eso, aunque el organismo constató la implementación de dispositivos de acompañamiento a las trayectorias escolares en todos los establecimientos de la muestra y registró una retención intraanual elevada, advirtió que la información disponible no permite evaluar con precisión el cumplimiento de los objetivos vinculados con la mejora de la titulación.
Qué observó la auditoría y qué queda por resolver
El informe muestra que la Dirección de Educación Técnica impulsó cambios curriculares y acciones para sostener las trayectorias escolares, pero también identifica problemas que requieren respuestas de gestión.
Entre ellos se destacan la necesidad de establecer estándares de equipamiento por especialidad, ordenar los procedimientos de mantenimiento y seguridad de los talleres, incorporar las prácticas profesionalizantes a los planes de estudio que todavía no las contemplan y mejorar los registros administrativos y educativos.
La evaluación abarca una muestra no probabilística de 13 establecimientos, por lo que sus resultados no deben presentarse como si cada situación hubiera sido constatada en las 39 escuelas técnicas de la Ciudad. Aun con ese alcance, las observaciones ponen en discusión cómo se garantiza que la actualización de la educación técnica llegue efectivamente a las aulas, los talleres y las experiencias de formación laboral.
La cuestión de fondo es que una política de modernización curricular no se completa con la aprobación de nuevos contenidos. También necesita equipamiento adecuado, mantenimiento, condiciones de seguridad, prácticas profesionalizantes para los estudiantes y datos confiables para evaluar sus resultados.
