La creciente ola de delitos que viven los nosocomios en la ciudad de Buenos Aires es una constante, cómo se pudo constatar más de una vez en el Hospital Ramos Mejía de la Comuna 3.
La preocupación por la situación de la seguridad de los hospitales porteños llegó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El diputado Marcelo Depierro fue el encargado de presentar un Pedido de Informe sobre la situación que se vive a menudo en esas instituciones sanitarias.
En el Pedido el Diputado solicita información sobre protocolos, acciones llevadas a cabo desde el año 2014 hasta la actualidad, equipamiento incorporado en las instituciones, y constatar si existe personal de la Policía de la Ciudad que se encuentra directamente afectado a funciones asociadas al cumplimiento de los estos protocolos.
Solicita tambien información sobre estadísticas anuales de hechos de violencia en cada uno de los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Es de común conocimiento los hechos de violencia que se suceden en los hospitales de las ciudad y que atraviesan tanto al personal de salud como a los pacientes” alertan los argumentos redactados en el Pedido de Informe presentado por el legislador Marcelo Depierro.
En el Hospital Ramos Mejía hubo varios hechos de violencia en la Guardia, en el Hospital Piñeiro se enfrentaron dos bandas; también fue registrado otro hecho de estas características en el Hospital Rivadavia, en el cual dos hombres amenazaron a los médicos de guardia que se encontraban allí. Tanto profesionales médicos, de enfermería, personal auxiliar, como administrativos y pacientes denuncian muchos más casos, y el temor es permanente.
Según el equipo del diputado Depierro esta problemática hace necesario que se pongan en práctica medidas de seguridad más eficientes, y es con este fin que en el año 2014 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puso en marcha los protocolos de seguridad para los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que evidentemente no son eficientes.
Actualmente no hay conocimiento estadísticos de la efectividad o vigencia de dichos protocolos o si se están implementando. Por ese motivo el legislador solicita información detallada sobre qué acciones se han llevado a cabo desde el 2014 en adelante, si se encuentra personal policial afectado directamente para realizar funciones vinculadas a estos sucesos y, por último, la cantidad y el tipo de denuncias que se han registrado desde la puesta en marcha de estos protocolos, hasta la fecha.
