La iniciativa de la diputada porteña Graciana Peñafort propone modificar la legislación vigente para incluir a fintech, billeteras virtuales y proveedores de servicios de pago. También plantea nuevas medidas contra las estafas digitales, el uso de datos personales para cobrar deudas y el contacto con familiares o compañeros de trabajo de los deudores.
Las formas de pedir un préstamo, realizar una transferencia o pagar una compra cambiaron rápidamente en los últimos años. También cambiaron las maneras de reclamar una deuda. Frente a ese escenario, la diputada de la Ciudad de Buenos Aires Graciana Peñafort presentó un proyecto de ley que busca actualizar la normativa porteña sobre cobranzas extrajudiciales y protección de usuarios de servicios financieros digitales.
La iniciativa propone modificar la Ley 6.171 para ampliar su alcance e incorporar expresamente a billeteras virtuales, fintech, proveedores de servicios de pago, entidades financieras, fideicomisos y agencias de cobranza, entre otros actores que participan actualmente del mercado de crédito y pagos digitales.
El proyecto parte de una preocupación concreta: las herramientas digitales facilitaron el acceso al crédito y a los servicios financieros, pero también generaron nuevas modalidades de fraude, cobro y hostigamiento que no estaban contempladas cuando se sancionó la normativa original.
Una ley pensada para las nuevas formas de endeudamiento
Uno de los cambios centrales consiste en ampliar el objeto de la legislación vigente. El proyecto plantea que la Ciudad establezca mecanismos de prevención y asistencia frente a estafas electrónicas, suplantación de identidad, phishing y defraudaciones digitales, al mismo tiempo que busca regular de manera más estricta la cobranza extrajudicial.
La propuesta incluye dentro del régimen a los acreedores originales, plataformas fintech, bancos y entidades financieras, proveedores de servicios de pago, administradoras de billeteras virtuales y agentes de cobranza que operen o dirijan sus gestiones a usuarios porteños.
De esta manera, la iniciativa busca que las nuevas formas de crédito y cobro no queden por fuera de las obligaciones que ya alcanzan a las empresas tradicionales.
Qué pasaría con los mensajes a familiares y compañeros de trabajo
Uno de los puntos más sensibles del proyecto está relacionado con las prácticas de cobranza que involucran a personas que no son deudoras.
La iniciativa prohíbe contactar a familiares, convivientes, vecinos, empleadores o compañeros de trabajo para indagar, informar o ejercer presión por una deuda. También establece que no se podrá insistir de manera reiterada sobre terceros ni divulgar información relacionada con un reclamo extrajudicial.
La propuesta también apunta contra el denominado shaming: la publicación o difusión de información sobre deudores en redes sociales u otros medios digitales con el objetivo de exponerlos públicamente.
En la misma línea, establece que las empresas no podrán comunicarse con personas diferentes del deudor, sus garantes o fiadores formalmente constituidos.
El proyecto también pone el foco en los datos del teléfono
Otro de los aspectos novedosos está relacionado con la información que las aplicaciones pueden obtener de los dispositivos de los usuarios.
El proyecto plantea prohibir que las empresas utilicen libretas de contactos, registros de llamadas, metadatos, galerías o archivos del teléfono para tareas de evaluación crediticia, scoring o cobranza.
Además, considera nulas las cláusulas de adhesión mediante las cuales el usuario pudiera autorizar ese tipo de acceso o la utilización de sus contactos para reclamar una deuda.
La preocupación aparece vinculada con una modalidad de cobranza que, según los fundamentos del proyecto, puede utilizar sistemas automatizados para enviar mensajes a familiares, amigos, vecinos o empleadores cuando una persona registra una demora en el pago.
Más controles para las billeteras virtuales
La propuesta no se limita a la cobranza. También incorpora obligaciones específicas para los servicios financieros digitales.
Entre ellas aparece la implementación obligatoria de autenticación reforzada y multifactor para determinadas operaciones, como el alta de cuentas, la solicitud o desembolso de préstamos preaprobados y las transferencias consideradas atípicas.
Las plataformas también deberían identificar y certificar sus canales oficiales de atención, con el objetivo de evitar que los usuarios sean engañados mediante cuentas falsas en redes sociales o servicios de mensajería.
Además, cada aplicación o sitio web debería contar con un botón visible para denunciar fraudes, accesos sospechosos o suplantaciones de identidad, generando una constancia y un número de seguimiento.
El proyecto contempla también mecanismos de bloqueo preventivo de operaciones ante denuncias fundadas o patrones que indiquen movimientos fraudulentos.
Una respuesta rápida frente al hostigamiento
La iniciativa incorpora además una herramienta para intentar frenar rápidamente las situaciones de acoso.
El consumidor, una persona presuntamente deudora o incluso un tercero que haya sido contactado en violación de la normativa podría solicitar ante la autoridad de aplicación o ante la Justicia una orden para detener el hostigamiento, bloquear comunicaciones abusivas o congelar preventivamente débitos.
Según el proyecto, esa medida debería resolverse dentro de las 24 horas hábiles, sin necesidad de escuchar previamente a la parte denunciada.
Multas más altas para las infracciones
La propuesta también modifica el esquema de sanciones.
Las multas previstas irían de 500 a 30.000 Unidades Fijas. Pero en determinadas situaciones —como infracciones cometidas mediante sistemas automatizados, algoritmos masivos o mecanismos de extracción abusiva de datos personales— podrían alcanzar hasta el 5% de la facturación bruta anual del infractor obtenida en la Ciudad durante el ejercicio anterior.
También se contempla la posibilidad de suspender o inhabilitar a proveedores y publicar las resoluciones condenatorias a costa de las empresas sancionadas.
El objetivo planteado en los fundamentos es que las prácticas abusivas no sean consideradas simplemente como un costo más de la actividad comercial.
Una línea gratuita para víctimas de estafas
El proyecto propone además que la Ciudad habilite una línea telefónica y un canal virtual gratuito y permanente para orientar y recibir denuncias de personas afectadas por ciberestafas y hostigamiento digital.
También plantea la creación de un protocolo unificado para actuar ante fraudes en billeteras virtuales y plataformas fintech, junto con campañas de información sobre los riesgos de las estafas y el sobreendeudamiento abusivo.
La iniciativa suma, además, la incorporación de contenidos relacionados con ciberseguridad, ciberdelitos, uso responsable de billeteras electrónicas y derechos de los consumidores digitales en los distintos niveles educativos de la Ciudad.
Una normativa que busca adaptarse al crecimiento del crédito digital
En los fundamentos, Peñafort sostiene que la Ley 6.171 significó un avance para regular las cobranzas extrajudiciales tradicionales, pero que la transformación del sistema financiero dejó nuevas situaciones por fuera de aquella regulación.
El proyecto señala que las billeteras virtuales y las plataformas fintech ocupan hoy un lugar central en las operaciones financieras cotidianas y que, junto con esa expansión, también crecieron modalidades como el robo de identidad, el phishing, el vaciamiento de cuentas y los créditos preaprobados otorgados sin consentimiento.
Por eso, la propuesta busca reunir en una misma normativa dos problemas que muchas veces aparecen vinculados: por un lado, la seguridad frente a las estafas digitales y, por otro, la protección de los usuarios frente a formas abusivas de cobranza.
La discusión ahora deberá darse en la Legislatura porteña. El proyecto plantea una actualización de las reglas para un sistema financiero que cambió buena parte de sus canales de funcionamiento, pero también de los riesgos a los que quedan expuestos quienes utilizan diariamente una billetera virtual o acceden a un crédito desde el teléfono.
