Este proyecto, impulsado por la Secretaría de Innovación y Transformación Digital (SITD) del Gobierno de la Ciudad, ha generado interrogantes en torno a su ejecución y a la elección de la empresa adjudicataria, “Extrimian S.A.”.
La plataforma de identidad digital autosoberana, propuesta por la SITD, constituye una innovadora herramienta digital que almacena información sensible de los residentes de la CABA. Operando en redes descentralizadas, esta plataforma garantiza la validación de datos por terceros, lo que la convierte en una suerte de billetera personal para los ciudadanos.
La controversia se centra en la modalidad de contratación directa por especialidad utilizada para seleccionar a la empresa “Extrimian S.A.” para llevar a cabo este proyecto. La Resolución 5/2023 de la Subsecretaría Ciudad Inteligente, dependiente de la SITD, autorizó esta contratación el 10 de abril, con una apertura el 21 del mismo mes. El presupuesto estimado alcanzó los $87.497.200.
La empresa adjudicataria ya había tenido relación con la misma Subsecretaría en el año 2022, cuando se le asignó una contratación menor de $6,15 millones, posteriormente ampliada en $3 millones más. Aunque la justificación de la contratación directa se basa en la experiencia y conocimiento de “Extrimian S.A.”, esta elección ha despertado inquietudes.
La elección de esta modalidad de contratación y la falta de información detallada sobre por qué esta empresa en particular era la única opción generan cuestionamientos. No se ha explicado de manera contundente por qué no había sustitutos convenientes para cumplir con el proyecto o si esta especialización es única e irrepetible.
Además, se ha planteado una preocupación relevante en cuanto al uso de datos sensibles de los ciudadanos. El Estado subnacional busca validar la identidad de las personas sin la participación de organismos nacionales, como el Registro Nacional de las Personas. La gestión de esta información a través de una empresa privada sin claridad en cuanto al almacenamiento, uso y protección de estos datos suscita preocupaciones legítimas.
En este contexto, es crucial que el ejecutivo porteño justifique plenamente la elección de la modalidad de contratación y la empresa adjudicataria. Además, se requiere una explicación detallada sobre cómo se utilizarán los datos de los ciudadanos, dónde se guardarán, con qué propósito se utilizarán y cómo se garantizará su seguridad.
La controversia en torno a la contratación de servicios de identidad digital en la Ciudad de Buenos Aires destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la implementación de proyectos sensibles. Es fundamental que los ciudadanos tengan claridad sobre cómo se gestionan sus datos y en qué medida se protege su privacidad. La solicitud de un informe detallado sobre este proyecto es un paso importante hacia la garantía de la confianza de la ciudadanía en las decisiones gubernamentales y en la protección de sus datos personales.
