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ANULAN EL VETO DE MACRI A LA LEY DE ABORTOS NO PUNIBLES

Un juez de la Ciudad de Buenos Aires anuló por inconstitucional el veto de Mauricio Macri a la ley de abortos no punibles.

Un juez de la Ciudad de Buenos Aires anuló por inconstitucional el veto de Mauricio Macri a la ley de abortos no punibles.

La medida tiene lugar a partir de una presentación que hizo la legisladora María Rachid. Objetó el protocolo de actuación elaborado por el ministerio de Salud porteño que reemplazaba la ley vetada. Este protocolo fijaba que, a la hora de realizar un aborto, se debía conformar un equipo interdisciplinario para su autorización y ponía un límite de 12 semanas de gestación para practicarlo, entre otras restricciones.

El fallo ordena que se promulgue la ley sancionada por la Legislatura porteña el 29 de septiembre de 2012, que contempla para el ámbito de la Capital Federal que los hospitales públicos y los centros de salud privada deberán acceder a realizar el aborto no punible a las mujeres cuyo embarazo implique un riesgo para su vida o su salud, o que provenga de una violación. Y lo tendrán que hacer sin dilaciones, sin judicialización y sin más requerimientos que la voluntad de la mujer.

Con esta ley, la Ciudad de Buenos Aires quedaría en sintonía con el artículo 86 del Código Penal y con el fallo “A. F. s/medida autosatisfactiva”, emitido por la Corte Suprema de Justicia en marzo del año pasado. Constituiría además un importante avance en el acceso a la salud integral de las mujeres de la Ciudad y los derechos humanos básicos.

Sin embargo, no sorprende que el ejecutivo porteño haya anunciado que va a apelar este fallo. Son conocidas las posiciones de Mauricio Macri y el PRO sobre las cuestiones de género y derechos de las mujeres. A la vez recorta el presupuesto a los programas de atención a mujeres en situación de violencia, los trabajadores del área de Desarrollo Social denuncian precarización y persecución. También se denuncia que no se destina presupuesto para la aplicación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos; y los talleres en las escuelas los dan empresas o grupos confesionales.

Por otro lado, resulta contrastante la actitud que algunos/as integrantes del kirchnerismo tienen en relación a la lucha por el derecho al aborto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con la de sus compañeros/as en la Cámara de Diputados de la Nación. En Diputados mantienen cajoneado y bajo siete llaves el proyecto de ley de despenalización y legalización del derecho al aborto, presentado por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Ahora lo hacen con la excusa del Papa argentino. Sin embargo, los/as diputados/as del FPV –entre ellos la primera firma del proyecto, actual candidata a senadora y titular del bloque del FPV, Juliana Di Tullio- no movieron un dedo para que el proyecto entre en la agenda parlamentaria durante el período legislativo 2010-2012 y lo que va del 2013.

EL movimiento de mujeres y todos los sectores populares se movilizan para exigir que el gobierno del PRO cumpla el fallo e implemente la ley en todo el sistema de salud. A la vez, se organizan y luchan para que se trate en el Congreso Nacional la interrupción voluntaria del embarazo, para que ni Macri ni ningún gobernador o ministro puedan arrogarse la capacidad de decidir sobre los cuerpos de las mujeres.

La asociación por los derechos Civiles celebró la decisión

En el marco de una acción de amparo promovida por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) junto a otras organizaciones de la sociedad civil, el juez Roberto Gallardo declaró la inconstitucionalidad de la Resolución 1252/2012 del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que implementó un protocolo para la atención de los abortos no punibles contemplados en el artículo 86 del Código Penal. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del decreto del Jefe de Gobierno que dispuso vetar en su totalidad la ley 4318 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de septiembre de 2012 que reglamentaba el derecho de las mujeres a acceder a la práctica de aborto no punible. En consecuencia, tuvo por promulgada dicha ley y ordenó que se publique en el Boletín Oficial.
La acción de amparo fue promovida por la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de diversas disposiciones del protocolo. Dicho amparo tramita conjuntamente con la acción promovida por la diputada María Rachid y el abogado Andrés Gil Domínguez.

En, su fallo , el juez tuvo especialmente en cuenta los lineamientos y directrices sentados por la Corte Suprema en el fallo “F.A.L.” de marzo de 2012, y diversos pronunciamientos y recomendaciones de organismos internacionales tales como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Juez Gallardo analizó el alcance de los derechos en juego: el derecho a la vida, el derecho a la salud, los derechos de niñas y adolescentes y de mujeres con discapacidad embarazadas, el derecho a la igualdad y el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud que deben practicar los abortos legalmente permitidos. Entre otras cosas, sostuvo que el derecho a la vida del por nacer es un derecho relativo que se encuentra supeditado al derecho a la vida y a la salud de la mujer embarazada, interpretación que es avalada por la Corte Suprema y por los organismos internacionales de derechos humanos.

Sobre la base de diversas normas de jerarquía constitucional, supralegal y legal, el magistrado concluyó que son ilegítimas e innecesarias y por ende, inconstitucionales, las siguientes exigencias contenidas en el protocolo: la intervención obligatoria, con meros fines burocráticos y no clínicos, de un equipo interdisciplinario en el proceso; la gravedad en los supuestos de peligro para la vida o la salud; la confirmación del diagnóstico por parte del director del hospital; la intervención de los representantes legales de las niñas y adolescentes de entre 14 y 18 años; la intervención de los representantes legales de las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial sin tener en cuenta su capacidad jurídica para consentir la práctica; el límite gestacional de 12 semanas para los casos de violación; la regulación de la objeción de conciencia de modo que cada médico que integra el sistema de salud formule su objeción de conciencia frente a cada caso particular.

El juez declaró también la inconstitucionalidad del decreto 504/12 que vetó la ley porteña que reglamenta el aborto no punible, por considerar que el Ejecutivo realiza un uso desmesurado y excesivo de esa facultad, en una “flagrante violación” a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Además, precisó que el veto de la ley 4318 no es razonable porque fue fundamentado de manera “dogmática” y contiene interpretaciones opuestas a los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos.

En abril de 2013, la jueza López Vergara, interinamente a cargo del Juzgado, había suspendido de manera cautelar las disposiciones del protocolo cuestionadas en el amparo de las organizaciones. Esta resolución fue apelada por el Gobierno de la Ciudad y se encuentra a estudio en la Cámara de Apelaciones del fuero, aseguró la ADC a través de un comunicado.