La situación de los vendedores ambulantes de Once volvió a quedar en el centro del debate tras las declaraciones de Ariel Rivero, integrante de la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), quien aseguró que los trabajadores atraviesan una etapa de fuerte persecución, con decomisos cotidianos de mercadería y sin canales de diálogo abiertos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante una entrevista, Rivero repasó las reuniones mantenidas con autoridades comunales, la Defensoría del Pueblo y funcionarios de seguridad, al tiempo que sostuvo que las respuestas obtenidas hasta el momento no lograron modificar la situación que viven cientos de familias que dependen de la venta ambulante de mera subsistencia.
Reuniones sin soluciones
El referente de UVAO explicó que mantuvieron un encuentro con la presidenta de la Junta Comunal 3, Silvia Collin, quien —según relató— les manifestó que las posibilidades de intervención de la Comuna son limitadas frente a la política general que impulsa el Gobierno porteño respecto de la actividad.
Rivero también señaló que abogados de la Defensoría del Pueblo continúan realizando gestiones para intentar abrir una instancia de negociación, aunque afirmó que hasta el momento «no existe ningún canal de diálogo» con las autoridades responsables de la política de control del espacio público.
«Lo único que pedimos es poder conversar y encontrar una alternativa para que las familias puedan seguir trabajando», expresó.
La discusión sobre la venta ambulante de mera subsistencia
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el marco jurídico que regula la actividad.
Rivero sostuvo que la venta ambulante de mera subsistencia continúa contemplada en la normativa vigente, aunque cuestionó que las referencias legales remiten a productos que prácticamente dejaron de comercializarse hace décadas.
Según explicó, la reglamentación menciona artículos como las tradicionales ballenitas utilizadas antiguamente para reforzar los cuellos de las camisas y otros elementos similares, pero también incorpora la expresión «etcétera», lo que, a su entender, permitiría incluir nuevos productos de uso cotidiano.
«Hoy vendemos máquinas de afeitar, bolsas de residuos u otros artículos básicos para sobrevivir. El problema es que ese vacío legal nunca se quiso actualizar», sostuvo.
Para Rivero, esa falta de adecuación normativa termina siendo utilizada para impedir el desarrollo de una actividad que considera legítima cuando tiene como único objetivo generar ingresos para sostener a una familia.
«No somos manteros, somos vendedores ambulantes»
Durante la entrevista, Rivero volvió a marcar una diferencia que considera fundamental.
Insistió en que quienes integran la UVAO no trabajan con mantas sobre la vereda, sino que comercializan productos llevándolos en sus manos mientras circulan por la vía pública.
Esa aclaración también fue realizada durante una de las reuniones del programa Seguridad en tu Barrio, donde participaron autoridades comunales, efectivos policiales y vecinos.
Según relató, algunos asistentes cuestionaron que la Junta Comunal hubiera recibido a los trabajadores, aunque la propia presidenta comunal aclaró que la reunión había sido con vendedores ambulantes y no con manteros.
Para Rivero, esa distinción resulta clave porque considera que ambas actividades suelen confundirse en el debate público, pese a tratarse de modalidades diferentes.
Críticas a los operativos de control
Otro de los planteos formulados por la UVAO apunta al accionar de los cuerpos de prevención y control.
Rivero aseguró que los operativos se concentran casi exclusivamente sobre los vendedores ambulantes mientras, según afirmó, otros delitos continúan produciéndose en la zona.
Durante la reunión de Seguridad en tu Barrio, explicó que preguntó a las autoridades por qué los recursos destinados a la prevención parecían focalizarse únicamente en controlar la actividad de quienes venden en la calle.
Hasta el momento, indicó, esa consulta no obtuvo una respuesta concreta.
«Todos los días nos secuestran la mercadería»
El referente describió además el impacto cotidiano que tienen los operativos sobre los trabajadores.
Afirmó que actualmente sufre decomisos prácticamente todos los días y que, por esa razón, cada vez sale con menos productos para intentar reducir las pérdidas económicas.
«Cada vez pongo menos cosas en la mano porque vienen directamente a sacármelas», relató.
Rivero explicó que anteriormente contaba con un puesto habilitado de garrapiñadas, autorización que posteriormente le fue retirada. Desde entonces intenta sostener a su familia mediante la venta ambulante, aunque asegura que las restricciones actuales hacen cada vez más difícil continuar trabajando.
El reclamo por una mesa de diálogo
Más allá de las diferencias con distintos sectores, Rivero insistió en que la organización busca evitar enfrentamientos.
Sostuvo que participaron de reuniones públicas, conversaron con funcionarios, asistieron a encuentros de seguridad y mantienen contacto con organismos institucionales porque consideran que la única salida posible pasa por construir una instancia de negociación.
«Nosotros no buscamos pelear con nadie. Queremos trabajar, alimentar a nuestras familias y encontrar una solución», afirmó.
También destacó que, detrás de cada vendedor ambulante, existe un grupo familiar que depende de esos ingresos para afrontar alquileres, alimentos y gastos básicos en un contexto económico cada vez más complejo.
Una problemática que sigue abierta en Once
La situación de la venta ambulante en Balvanera continúa siendo uno de los temas que generan mayor debate entre comerciantes, vecinos, organizaciones sociales y autoridades porteñas.
Mientras algunos sectores reclaman mayores controles sobre el uso del espacio público, desde la Unión de Vendedores Ambulantes de Once sostienen que el problema debe abordarse mediante políticas públicas que contemplen el derecho al trabajo y la realidad económica que atraviesan muchas familias.
Rivero concluyó reiterando el principal pedido de la organización: la apertura de una mesa de diálogo que permita discutir alternativas sin recurrir exclusivamente a los decomisos y operativos de control.
