Un proyecto impulsado por trabajadores organizados transformó a los antiguos cuidacoches en fiscalizadores del estacionamiento medido municipal. La experiencia, que hoy involucra a 56 familias, es presentada como un ejemplo de inclusión social y podría aportar elementos para pensar una regulación de la venta ambulante en barrios como Balvanera y San Cristóbal.
Mientras en la Ciudad de Buenos Aires continúa el debate sobre el trabajo en el espacio público y el reconocimiento de los vendedores ambulantes, una experiencia desarrollada en el municipio bonaerense de Luján vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿es posible regular actividades informales sin expulsar a quienes dependen de ellas para vivir?
En diálogo con Abran Paso, Marcela Pedraza, integrante del sector de trabajadores del espacio público del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), relató cómo los cuidacoches de Luján lograron pasar de ser perseguidos como «trapitos» a integrar un sistema formal de estacionamiento medido con inclusión social, que actualmente funciona mediante un convenio con el municipio.
De la persecución a un sistema con inclusión social
Según explicó Pedraza, el conflicto comenzó en 2019 cuando el municipio intentó reemplazar el trabajo que realizaban los cuidacoches por un sistema concesionado de parquímetros administrado por una empresa privada.
«De un día para otro llegaron funcionarios, policías y vallaron toda la avenida donde trabajaban los compañeros, sin diálogo previo y con amenazas», recordó.
En ese momento más de treinta familias obtenían su sustento diario cuidando vehículos en la zona de la Basílica de Luján, uno de los principales polos turísticos de la ciudad.
Frente a la posibilidad de perder completamente su fuente de ingresos, los trabajadores comenzaron un proceso de organización que incluyó movilizaciones, reuniones con el Concejo Deliberante e incluso protestas frente al municipio.
Fue entonces cuando, con el acompañamiento del MTE y de asesores jurídicos, se presentó un proyecto alternativo inspirado en experiencias similares desarrolladas en otras ciudades, como Bariloche: un Sistema de Estacionamiento Medido con Inclusión Social.
Cómo funciona el sistema en la actualidad
Tras un largo proceso de negociación, el 9 de marzo de 2020 se firmó un convenio entre el municipio y la cooperativa de trabajadores, apenas días antes del inicio de la pandemia.
Actualmente, el sistema cuenta con 56 familias que trabajan como fiscalizadores del estacionamiento medido.
Los trabajadores ya no cobran directamente a los automovilistas, sino que controlan el funcionamiento del sistema municipal, verifican el pago mediante herramientas digitales y colaboran en el ordenamiento del tránsito. El municipio administra el servicio a través de la aplicación oficial SEM Luján, utilizada para abonar el estacionamiento medido.
Además, el convenio fue renovado con mejoras que garantizan ingresos mínimos incluso cuando factores externos —como lluvias, obras o cortes de calles— impiden desarrollar normalmente la actividad.
«La idea era que los compañeros dejaran de depender exclusivamente de la recaudación diaria y pudieran tener mayor previsibilidad», explicó Pedraza.
Un cambio también en la relación con los vecinos
Para Pedraza, uno de los resultados más importantes no fue únicamente laboral sino también social.
«Pasamos de ser los ‘trapitos’ a ser los chicos del estacionamiento. Cambió la manera en que nos ven y cómo nos tratan», señaló.
Los trabajadores cuentan con identificación, indumentaria específica y reciben capacitaciones en atención al público, seguridad vial y primeros auxilios, ya que son uno de los primeros contactos que tienen turistas y visitantes cuando llegan a Luján.
Según distintas publicaciones sobre el funcionamiento del sistema, el modelo también permitió mejorar el ordenamiento del tránsito, generar recursos para el municipio e incorporar formalmente a trabajadores que antes desarrollaban su actividad en condiciones de alta vulnerabilidad.
Una experiencia que hoy se replica en otras ciudades
El modelo de Luján comenzó a despertar interés en distintos municipios del país.
Pedraza explicó que actualmente trabajadores y cooperativas participan en instancias de intercambio con ciudades como Quilmes, San Miguel de Tucumán y Paraná, donde también se analizan alternativas para integrar a los cuidacoches dentro de sistemas de estacionamiento regulado.
¿Puede ser un antecedente para la venta ambulante?
Aunque las actividades son diferentes, la experiencia de Luján abre un debate que también atraviesa a la Ciudad de Buenos Aires.
En Balvanera y San Cristóbal, donde cientos de personas trabajan diariamente como vendedores ambulantes, las discusiones suelen plantearse entre dos posiciones: la prohibición o la tolerancia precaria.
El caso de Luján propone un tercer camino: la regulación mediante acuerdos institucionales, reglas claras, identificación de los trabajadores y mecanismos de convivencia con vecinos, comerciantes y autoridades.
En las últimas semanas, el fallo del juez Roberto Gallardo sobre el trabajo en el espacio público volvió a instalar la necesidad de pensar políticas públicas que reconozcan el derecho al trabajo sin desconocer los derechos del resto de la comunidad.
La experiencia de los cuidacoches lujanenses no constituye una solución automática para la venta ambulante, ya que se trata de actividades con dinámicas distintas. Sin embargo, muestra que es posible reemplazar la lógica exclusivamente represiva por esquemas de organización, diálogo y regulación que permitan compatibilizar el uso del espacio público con el derecho al trabajo.
En ese sentido, el modelo de Luján aparece como un antecedente concreto para enriquecer un debate que continúa abierto en Buenos Aires: cómo construir formas de convivencia donde el espacio público no sea escenario de persecución permanente, sino también de inclusión laboral y acuerdos colectivos.
