El informe de la Auditoría General porteña detectó debilidades en la planificación, el monitoreo y la fiscalización de la contaminación atmosférica. La estación de La Boca no mide el 62,5% de los parámetros previstos por la normativa y en el 98,04% de las actuaciones relevadas no constaban los reportes semestrales de impacto de los generadores.
Respirar es una de esas acciones cotidianas sobre las que rara vez se piensa. En una ciudad como Buenos Aires, donde conviven millones de personas, miles de vehículos, industrias, obras y distintas fuentes de emisión, conocer qué hay en el aire y cómo evoluciona debería ser una tarea permanente.
Sin embargo, una auditoría realizada sobre las acciones de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) durante 2025 encontró importantes debilidades en el sistema porteño de control de la contaminación atmosférica.
El informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) señala problemas en la planificación de los monitoreos, falta de información pública, ausencia de un inventario completo de fuentes de emisión y deficiencias en los equipos utilizados para medir contaminantes.
La auditoría corresponde al proyecto N° 12.26.02, denominado “Medición y Acciones de la Calidad del Aire”, y fue aprobada por unanimidad el 26 de agosto de 2026. Su objetivo fue evaluar la eficiencia y eficacia de la APRA en las acciones destinadas al control de la contaminación atmosférica en la Ciudad.
Tres estaciones para controlar el aire porteño
La Ciudad cuenta con una Red de Monitoreo Atmosférico integrada por tres estaciones que realizan mediciones continuas: Córdoba, Parque Centenario y La Boca.
La primera está ubicada en avenida Córdoba y Rodríguez Peña; la segunda, en Ramos Mejía 880; y la tercera, en avenida Brasil al 100. Según la información aportada por la APRA, las estaciones funcionan de manera permanente, las 24 horas del día durante los 365 días del año.
El objetivo de esta red es obtener información sobre la evolución de los contaminantes atmosféricos y generar un diagnóstico sobre la calidad del aire que respiran los habitantes de Buenos Aires. La propia descripción del programa plantea además que los datos deberían estar disponibles públicamente y servir para establecer objetivos de reducción de contaminantes.
Pero la auditoría encontró que el problema no está solamente en medir, sino también en qué se mide, cómo se procesa la información y qué decisiones se toman a partir de esos datos.
La estación de La Boca no puede medir el 62,5% de los parámetros previstos
Uno de los datos más significativos del informe aparece en el análisis de la estación de La Boca, que tiene particular relevancia por encontrarse dentro del área de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
La AGCBA determinó que el equipamiento disponible en esa estación no está en condiciones de detectar, registrar y medir el 62,50% de los parámetros atmosféricos incluidos en las normativas de APRA y ACUMAR.
El informe detalla además que, durante los informes trimestrales analizados, en La Boca sí se midieron monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO₂) y material particulado PM10, y no se registraron excedencias de los límites admisibles para esos parámetros.
Pero otros contaminantes incluidos en la normativa —como dióxido de azufre, ozono, benceno y plomo— no fueron medidos en esos períodos.
La diferencia es importante: que no se hayan registrado excedencias en los contaminantes medidos no significa que exista información equivalente sobre aquellos que directamente no fueron medidos.
En los monitoreos manuales realizados fuera de la Cuenca Matanza-Riachuelo la situación también presenta limitaciones. La auditoría encontró que en dos puntos de la Ciudad —las escuelas ubicadas en Salguero 2455, en Palermo, y Warnes 1816, en Chacarita— se controla únicamente material particulado sedimentable.
Monitoreos que se activan a partir de denuncias
Otro de los cuestionamientos centrales apunta a la forma en que se planifican los controles.
Según la auditoría, la APRA realiza los monitoreos en zonas donde existen fuentes fijas o móviles de contaminación principalmente a partir de demandas, denuncias o solicitudes específicas, en lugar de hacerlo mediante una planificación sistemática.
Para la AGCBA, esta modalidad reduce la capacidad del organismo para detectar establecimientos que funcionan sin estar inscriptos en el Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos y vehículos que circulan incumpliendo los límites de emisión.
El problema adquiere una dimensión mayor porque la contaminación atmosférica no se detiene en los límites de una comuna, un municipio o una jurisdicción.
La propia auditoría advierte que la ausencia de coordinación entre jurisdicciones resulta especialmente relevante en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde vehículos y otras fuentes de emisión circulan entre distintos territorios.
Sin un inventario completo de las fuentes de contaminación
La Ley 1356 establece que la Ciudad debe contar con un inventario de fuentes fijas de emisiones, con su distribución geográfica y la información relevante de cada una, actualizado anualmente.
Sin embargo, la auditoría verificó que la APRA no cuenta con ese inventario desarrollado.
Esto significa que el organismo no dispone de una herramienta completa para conocer dónde están las fuentes potencialmente contaminantes y qué características tienen.
Para una ciudad con una enorme concentración de actividades industriales, comerciales, logísticas y de transporte, contar con esa información resulta clave para definir dónde monitorear, qué controlar y con qué frecuencia hacerlo.
El 98% de las actuaciones no tenía los reportes semestrales de impacto
La auditoría también puso el foco sobre los establecimientos registrados como fuentes fijas de emisiones.
La Ley 1356 establece que los generadores deben presentar periódicamente información sobre el impacto de sus emisiones sobre la calidad atmosférica y los riesgos para la salud y los bienes, mediante reportes semestrales con carácter de declaración jurada.
En la muestra analizada por la AGCBA, 50 de 51 actuaciones —el 98,04%— no tenían constancia de la presentación de esos reportes.
Para la Auditoría, esto evidencia una falta de control efectivo por parte de la APRA y significa que el organismo pierde una fuente de información necesaria para conocer el impacto de las emisiones y tomar decisiones de prevención y corrección.
Además, en el 12,90% de las actuaciones analizadas se otorgaron permisos de emisión sin que constara la presentación de contratos sociales o estatutos que acreditaran la titularidad de las personas jurídicas solicitantes.
La información sobre la calidad del aire no es completamente pública
Otro de los puntos que aparecen en el informe tiene que ver con el acceso ciudadano a la información ambiental.
La auditoría verificó que la información disponible en la APRA sobre la calidad atmosférica no es de acceso público irrestricto, pese a que la Ley 1356 establece que debe estar disponible sin necesidad de acreditar un interés particular.
Según la AGCBA, esta situación limita la posibilidad de que vecinos, organizaciones y organismos de control puedan conocer y evaluar el estado de la calidad del aire y las acciones desarrolladas por el Gobierno porteño.
El informe señala además que la APRA presenta cuadros con resultados de las mediciones, pero sin incorporar en los reportes técnicos el diagnóstico, las observaciones y las conclusiones correspondientes a las muestras obtenidas.
En otras palabras, hay datos de medición, pero falta un análisis sistemático que permita entender qué significan y cómo evolucionan.
¿Qué pasa con las estaciones Córdoba y Parque Centenario?
La auditoría hizo una observación específica sobre las dos estaciones ubicadas en Córdoba y Parque Centenario.
Según el informe, la APRA no realiza evaluaciones sobre los datos que aportan esas estaciones ni registra de manera sistemática la evolución de los valores máximos y mínimos de los contaminantes atmosféricos.
En el caso de La Boca, la situación presenta otra particularidad: la auditoría sostiene que los resultados obtenidos allí son utilizados fundamentalmente para cumplir con los requerimientos de ACUMAR derivados de una causa judicial, en lugar de aprovecharlos para todos los objetivos de mejora de la calidad del aire previstos por la legislación porteña.
La AGCBA recomendó que esos datos sean utilizados integralmente para mejorar el control de la calidad atmosférica de la Ciudad.
También faltan planes para prevenir y corregir la contaminación
La auditoría detectó otra ausencia de importancia: no consta que la APRA haya elaborado los Planes de Prevención y Corrección de la Contaminación Atmosférica previstos por la Ley 1356.
Para la AGCBA, la inexistencia de estos planes implica que la Ciudad carece de un marco estratégico que permita anticipar escenarios de riesgo, establecer metas de mejora y definir recursos para actuar antes de que los problemas de contaminación se consoliden.
La conclusión del organismo es que, aunque hubo avances en la adecuación del marco normativo, persisten debilidades en la implementación, la planificación, la fiscalización y la gestión de la información.
Un presupuesto que tampoco permite saber cuánto se destina al aire
El informe también cuestiona la forma en que se presenta el presupuesto.
La APRA trabajó durante 2025 con distintos programas presupuestarios vinculados al control ambiental, entre ellos Control Ambiental, Evaluación Técnica, Laboratorio de Análisis y Calidad Ambiental y Redes Ambientales.
El problema, según la auditoría, es que las partidas no permiten distinguir cuánto dinero se destina específicamente al control de la calidad del aire, porque los programas incluyen también acciones vinculadas al agua, sedimentos y suelo.
La propia APRA informó que en el Programa 91 los inspectores no están destinados exclusivamente al control del aire y que en el Programa 95 las tareas del laboratorio abarcan conjuntamente aire, agua y suelo.
Por eso, la Auditoría sostiene que no resulta posible determinar con precisión cuál es el costo real de la gestión de la calidad atmosférica ni evaluar adecuadamente si los recursos destinados resultan suficientes.
¿Qué recomienda la Auditoría?
Frente a este escenario, la AGCBA formuló una serie de recomendaciones a la APRA.
Entre ellas se encuentran:
- mejorar la metodología presupuestaria para identificar los recursos destinados específicamente al aire;
- fortalecer y ampliar la Red de Monitoreo Atmosférico;
- formalizar los procedimientos para la toma, análisis y evaluación de muestras;
- garantizar el acceso público irrestricto a la información ambiental;
- elaborar informes técnicos con diagnósticos y conclusiones;
- analizar sistemáticamente los datos de las estaciones Córdoba y Parque Centenario;
- utilizar integralmente la información obtenida en la estación La Boca;
- incorporar los parámetros que actualmente no pueden ser medidos;
- ampliar los controles manuales;
- mejorar el sistema de permisos de emisión;
- exigir y controlar los reportes semestrales de los generadores.
El desafío de saber qué aire respiramos
El informe no concluye que toda la Ciudad tenga niveles de contaminación por encima de los límites establecidos. De hecho, en los parámetros que sí fueron medidos en la estación de La Boca durante los períodos analizados —como monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y PM10— no se registraron excedencias de los límites admisibles.
El problema señalado por la auditoría es otro: la Ciudad no cuenta con un sistema suficientemente completo, planificado y transparente para conocer de manera integral cómo evoluciona la calidad de su aire y controlar sus fuentes de contaminación.
Tres estaciones realizan monitoreos continuos, pero parte de los contaminantes previstos no puede ser medida. Los controles sobre determinadas fuentes se realizan principalmente a partir de denuncias. Falta un inventario completo de fuentes fijas. Casi la totalidad de los expedientes analizados no tenía constancia de los reportes semestrales obligatorios. Y la información ambiental disponible en la APRA no es completamente accesible para la ciudadanía.
En una ciudad donde millones de personas viven, trabajan, estudian y circulan todos los días, conocer la calidad del aire no debería depender solamente de que alguien presente una denuncia.
La auditoría plantea, en definitiva, un desafío que excede a la APRA: contar con información suficiente, pública y confiable para saber qué aire respiran los porteños y qué políticas se están implementando para mejorarlo.
