La diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Claudia Neira, presentó un proyecto de ley para modificar la Ordenanza N° 52.257, que dio origen al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto surge en un contexto de creciente preocupación por la situación del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de Buenos Aires, que, según Neira, se encuentra “seriamente comprometido”. En los últimos años, numerosos edificios emblemáticos han sido demolidos o alterados, lo que ha generado alarma en la comunidad. Aunque la Constitución de la Ciudad y la legislación vigente contemplan la protección del patrimonio, aún no se ha definido una matriz patrimonial clara y exhaustiva que establezca qué inmuebles deben ser preservados.
Actualmente, está en trámite una propuesta oficial, contenida en los Expedientes 2120-J-2024 y 2693-J-2024, que busca establecer un catálogo definitivo de inmuebles protegidos. Sin embargo, Neira considera que los avances son insuficientes: de los cerca de 140.000 inmuebles evaluados, solo 18.000 fueron seleccionados, y poco más de 4.000 se incorporaron al expediente legislativo.
Vecinos y vecinas de diversos barrios han expresado sus críticas ante los criterios de evaluación utilizados, que, según afirman, no reflejan sus intereses ni preocupaciones. Colectivos barriales han impulsado iniciativas para modificar la normativa urbanística y fomentar la participación activa de la comunidad en la preservación del patrimonio. Estas propuestas buscan proteger no solo los edificios, sino también la identidad y el hábitat barrial, promoviendo un enfoque participativo y arraigado en los sentimientos y necesidades de los residentes.
Neira subraya que la falta de atención a estas demandas representa “una deuda en la agenda urbana local”, lo que ha llevado a cuestionar el rol del CAAP en los últimos años. Por ello, el proyecto de ley propone reformar la composición del organismo, incorporando nuevos actores como las Juntas Comunales, los Consejos Consultivos y la Defensoría del Pueblo.
El objetivo de estos cambios es garantizar que la preservación patrimonial responda a un proceso más inclusivo y transparente, con una mayor representación vecinal en las decisiones que afectan el futuro de la ciudad.
Con esta iniciativa, Neira espera generar un espacio de monitoreo y participación directa de los vecinos, que permita redefinir los criterios y políticas de protección patrimonial que han guiado la planificación urbana en las últimas décadas.
