En una carta formal dirigida a la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, los representantes del Interconsejo Consultivo Comunal expresaron su preocupación y repudio unánime al reciente Decreto N.º 114/2025, dictado por el Gobierno de la Ciudad.
Los voceros comunales denuncian que el decreto “avanza, asume y avasalla” las competencias propias de las comunas, tal como las define la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N.º 1777, que regula su funcionamiento.
Una intervención sin precedentes
“Nunca como hasta ahora se vio una intervención tan explícita y desembozada sobre las comunas”, advierten los firmantes del documento. La crítica principal apunta a la creación de una secretaría con rango ministerial y dependiente directamente del Jefe de Gobierno, que a través de una red de subsecretarías y direcciones operativas, absorbería de facto funciones propias de los gobiernos locales.
En concreto, el decreto crea un nuevo organigrama que, según los Consejos Consultivos, constituye un vaciamiento institucional de las comunas y una negación práctica del principio de democracia participativa establecido en la Constitución porteña.
Denuncia de “participación falsa y dirigida”
Según el comunicado, con este decreto el Gobierno de la Ciudad pretende “institucionalizar una versión falsa y amañada de participación ciudadana”, en la que las decisiones se toman desde el Poder Ejecutivo central y se ejecutan a través de estructuras que desdibujan la autonomía comunal.
“Como no puede desconocer explícitamente el principio constitucional, el Jefe de Gobierno busca reemplazarlo con estructuras paralelas”, afirman en la carta.
Pedido de intervención a la Defensoría
Ante esta situación, el Interconsejo Consultivo solicita a la Defensora del Pueblo asesoramiento y respaldo institucional, con el fin de preservar el rol genuino de las comunas y evitar que se consolide este avance sobre las competencias locales.
Entre los puntos más sensibles señalados se destaca:
- La ausencia histórica de jurisdicción presupuestaria para las comunas.
- El uso de gerencias operativas como “coartada” para asumir funciones comunales.
- La intervención directa del Poder Ejecutivo sobre áreas reservadas a la Junta Comunal y al Consejo Consultivo.
Contexto: una disputa que lleva años
La tensión entre el Poder Ejecutivo porteño y las instituciones comunales no es nueva. Desde la sanción de la Ley 1777 en 2005 y la efectiva puesta en marcha de las comunas en 2011, distintos actores del ámbito vecinal han denunciado una implementación incompleta, limitada y constantemente vulnerada.
Sin embargo, los Consejos Consultivos coinciden en que el Decreto 114/2025 representa un punto de inflexión, al consolidar por decreto una estructura paralela que, en la práctica, debilita la descentralización y el control ciudadano.
