Reaquila, es una plataforma que conecta a vecinos, empresas y comercios que desean reciclar con personas que realizan tareas de recolección —a quienes la propia empresa denomina “cartoneros”—, ofreciendo una vía alternativa al sistema público de reciclado.
En su página web, la compañía explica:
“Con nuestra plataforma también accedés a más oportunidades. Hay más residuos, y en tu mismo barrio, rápido y fácil. Empresas, vecinos y comercios publican lo que necesitan reciclar, y vos elegís qué retirar. Como un ‘Uber del reciclado’, conectamos tu trabajo con quienes más lo valoran”.
La propuesta promete agilidad y cercanía, pero su irrupción en el circuito urbano de los residuos encendió alarmas. La Ciudad ya cuenta con un sistema público consolidado, integrado por doce cooperativas de recuperadores urbanos, cuya labor es esencial en la recolección y clasificación de materiales reciclables. Estas organizaciones, reconocidas por ley, constituyen un engranaje fundamental de la economía circular porteña y una fuente de trabajo formal e inclusiva para miles de familias.
Una iniciativa que podría superponerse con el sistema público
La llegada de Reaquila plantea interrogantes sobre cómo su operación podría interferir o competir con las cooperativas que actualmente gestionan la fracción seca del Servicio Público de Higiene Urbana. Según advierten distintos actores del sector, el funcionamiento paralelo de plataformas privadas podría afectar la trazabilidad de los materiales reciclados, alterar la organización del trabajo y debilitar la articulación del sistema público.
En este contexto, la diputada Delfina Velázquez presentó un proyecto de resolución en la Legislatura porteña para solicitar información oficial al Gobierno de la Ciudad. La iniciativa busca esclarecer el tipo de relación, si la hubiera, entre las autoridades locales y la startup Reaquila.
Pedido de informes a la gestión porteña
El proyecto de Velázquez solicita, entre otros puntos, que el Ejecutivo detalle si existe alguna articulación o convenio vigente entre la empresa y áreas del Gobierno, como la Dirección General de Reciclado. También pide copias de documentos oficiales, convenios o actas que formalicen esa vinculación, de existir.
Además, la legisladora pregunta cómo garantizará el Gobierno que la aplicación no vulnere el Servicio Público de Higiene Urbana ni los contratos vigentes con las cooperativas, adjudicatarias del Concurso Público N.º 1-MEPHUGC/21.
Otro aspecto clave es la situación laboral de quienes operan como “cartoneros” dentro de la app. Velázquez pide que se informe si estas personas están registradas en el Registro Único de Recuperadores Urbanos, tal como exige la Ley N.º 992, y si el Gobierno prevé mecanismos para su incorporación formal al sistema.
Impacto social, ambiental y económico
La diputada también solicita precisiones sobre evaluaciones de impacto que el Ejecutivo haya realizado (o planee realizar) en torno al funcionamiento de plataformas privadas como Reaquila dentro del circuito de reciclado. Se busca conocer si se analizaron sus efectos sociales, ambientales y económicos, y qué resultados o recomendaciones surgieron de esos estudios.
El pedido incluye además la relación entre Reaquila y las cooperativas que actualmente prestan el servicio público: si hubo mesas de trabajo, consultas o reuniones para analizar una eventual coexistencia o articulación entre ambas partes.
Por último, el proyecto plantea la necesidad de saber si existe una normativa o protocolo específico que regule este tipo de plataformas digitales privadas, y qué medidas se toman para garantizar condiciones laborales dignas e inclusión social de los trabajadores que las utilizan.
Una discusión sobre el modelo de reciclado
El debate sobre Reaquila trasciende la innovación tecnológica. Detrás del funcionamiento de una aplicación que promete eficiencia y nuevas oportunidades, se pone en juego la sustentabilidad del modelo público de reciclado, el reconocimiento al trabajo de los recuperadores urbanos y la equidad en la economía circular.
Mientras el proyecto de Velázquez busca arrojar luz sobre el rol del Estado ante la expansión de este tipo de emprendimientos privados, la discusión también abre una pregunta más amplia:
¿pueden coexistir la innovación tecnológica y la inclusión social sin que una desplace a la otra?
En un contexto donde la gestión de residuos es cada vez más urgente, la transparencia y la regulación del reciclado digital se vuelven claves para garantizar una ciudad más justa, sustentable y con oportunidades reales para quienes todos los días sostienen el sistema desde abajo.
