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El día que nunca llegó

Finalmente, a contrarreloj, el grupo Clarín logró que la Corte Suprema prorrogue la medida cautelar y por tanto, no se aplique el artículo 161 de la Ley de  Servicios de Comunicación Audiovisual. Por su parte, los medios de comunicación populares y comunitarios exigieron que el gobierno avance en la aplicación de otros puntos.

El 7 de diciembre debería haber dejado de correr la medida cautelar presentada por el grupo Clarín para evadir lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este artículo exige que todos los grupos empresarios mediáticos tengan un límite de 10 licencias de radio y tv abierta y de 24 por cable, lo que obligaría a Clarín -por lejos uno de los grupos con mayor cantidad de licencias- a desprenderse de más de 200 medios. A su vez, no solo este grupo debería desinvertir sino que existen una importante cantidad que no cumplen con la reglamentación como el Grupo Telefónica, el Grupo Vila Manzano y el Grupo Prisa, entre otros.
Al momento de votarse la ley uno de los principales elementos que sustentaban la idea de avanzar en aspectos democráticos de la comunicación era la posibilidad de que los medios populares y sin fines de lucro ganaran terreno en el espectro, más precisamente un 33%.
En ese sentido, es importante marcar que la desinversión que se iniciará el 7 de diciembre, tal como la plantea el gobierno, no garantiza de por sí una liberación del espectro que permita avanzar a los medios populares. El presidente de la AFSCA, Martín Sabatella anunció que los grupos pueden desagregar su actual estructura societaria en distintas sociedades y de esa forma adecuarse a la ley, por lo tanto las frecuencias que se liberen no serán devueltas al Estado para que este garantice un destino distinto, sino que serán vendidas/transferidas (entre monopolios mediáticos) a quienes puedan pagarlas; por lo tanto no se ampliará la disponibilidad del espectro.
A su vez, la falta de elaboración de un Plan Técnico (ordenamiento del espectro ocupado y del libre), que según la nueva ley debió realizar el Estado en forma previa a los llamados a concursos, no garantiza que se liberen espacios para que los medios populares tengamos acceso a licencias. Así, sin resolver los modos de distribución del espectro, el Estado llamó a concursos tanto para radios como televisoras, sin realizar la reserva del 33% destinada a las entidades “sin fines de lucro”.
Por otra parte, la persistencia del decreto 527/05, firmado por Néstor Kirchner en 2005 -prorroga 10 años más licencias entregadas desde 1982 a grandes grupos, que vencían indefectiblemente en el año 2007- es aún más grave que la resolución del art.161 de adecuación de inversiones, ya que la permanencia de estos no permite el ingreso de nuevos medios en el espectro.

Los que avanzaron
Los que sí han avanzado son otros grandes grupos mediáticos. Es llamativo el crecimiento del Grupo Telefónica, muy beneficiado en el proyecto inicial de ley en un artículo que los autorizaba al “triple play”, con el cual el gobierno tuvo que dar marcha atrás porque hubo sectores que no estaban dispuestos a apoyar una ley a la medida de las telefónicas. Ahora se pretende exceptuarlo de las adecuaciones y desinversiones que tiene que realizar, al igual que Clarin, de acuerdo a la ley aprobada.
Por otro lado vemos cómo a través del Ejecutivo, a pesar de estar suspendidos los mecanismos para acceder a licencias para televisión, se siguen entregando Permisos Experimentales de TV Digital y utilizando las plataformas digitales públicas de modo discrecional y en forma arbitraria, beneficiando a sectores ligados al Gobierno. Son claros los ejemplos de las señales 360 TV, C5N de Cristóbal López, CN23 y CONSTRUIR TV (UOCRA) de Gerardo Martínez, entre otros. Mientras, el sector de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares, sigue sin ser atendido en sus demandas. Los pliegos de bases y condiciones para los concursos abiertos que se han publicado no contemplan, tal como exige la nueva ley, la diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro. De esta forma, en los dos concursos que han salido para televisión digital, para participar había que pagar pliegos de hasta 140 mil pesos y, peor aún, exigían un pago de 24 mil pesos por mes de canon a la ARSAT, plataforma de transmisión que es una sociedad anónima del Estado.
Al mismo tiempo, en los medios controlados por Sergio Szpolski (Tiempo Argentino y CN23, entre otros), Cristóbal López (C5N), y otros relacionados también con el gobierno, se reproducen viejas prácticas llevadas adelante históricamente por Clarín, La Nación y Perfil. Sirven como ejemplo de ello la censura en Página 12 al periodista Darío Aranda por señalar la responsabilidad del gobernador oficialista de Santiago del Estero en el asesinato del campesino Cristián Ferreyra, o el propio titular que eligió la agencia Télam para referirse a este mismo hecho.

En la medida en que se plantean excepciones a grupos como Telefónica, en que las licencias liberadas no serán destinadas al 33% de los medios sin fines de lucro sino que serán vendidas o transferidas entre grandes medios privados que puedan pagarlas, sumado a la ausencia de un Plan Técnico y a la persistencia del decreto 527/05, podemos advertir que el 7D no se juega una verdadera democratización de la comunicación sino más bien una disputa por la hegemonía entre grandes grupos en una pata clave del poder como son los medios de comunicación.
Mientras no se haga efectivo el 33% destinado a los medios sin fines de lucro que establece la Ley, es imposible que se efectivicen las conquistas democráticas.
Por eso exigimos:
– Que se hagan públicos los planes de desinversión de todos los grupos multimediáticos y esas licencias sean destinadas a los medios sin fines de lucro.

– Que se publique el Plan Técnico y se cumpla con el 33% para los medios sin fines de lucro, distinguiendo dentro de ellos a los medios comunitarios alternativos y populares, tal como fueron definidos en el artículo 4 de la LSCA, y que se realice el llamamiento a concursos para nuestras licencias.
– Que nuestros medios sean reconocidos en sus condiciones a través de las siguientes medidas: que se los exima del pago de tasas, pliegos, sellados y demás trámites burocráticos referentes a las disposiciones y obligaciones para obtener una licencia; contar con un cuerpo de profesionales del Estado para realizar las verificaciones técnicas de equipos (transmisores, antenas, etc.); que se les exima de la obligación de contar con personal profesionalizado y/o matriculado, respetando el derecho a la libertad de expresión, sin importar su formación.
– Que se democratice la distribución de la pauta publicitaria, destinando un porcentaje a los medios CAP. Plan de recursos y fomento para los medios y los comunicadores populares.