En mayo del año pasado, la ANMAC dio el visto bueno a la adquisición de 60 dispositivos modelo X2 para la Policía de la Ciudad. Como respuesta, el Gobierno Nacional despidió a Ramiro Urristi, el funcionario que había autorizado la compra, y a partir de ese momento quedó trabada la importación.
En ese entonces, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño reclamó ante ANMAC ser parte interesada del trámite para que haya una resolución favorable que, al día de hoy, nunca llegó.
“El problema del Gobierno Nacional es ideológico: llegaron a comparar las Taser con las picanas de la dictadura”, advirtió el ministro Marcelo D´Alessandro, y manifestó que “en el siglo XXI, y en casi todos los países del mundo, se utilizan estas pistolas de baja letalidad”.
Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Insitucional (CORREPI) “toda arma es letal, porque toda arma sirve para herir o matar. Hay miles de ejemplos de supuestas armas no letales matando personas. A Carlos Fuentalba no le metieron un balazo, lo mató un cartucho de gas lacrimógeno. El 19 y 20 de diciembre de 2001 hubo muertos y muertas con balas de goma. Los bastones de madera y las tonfas también matan. Ahí están Diego Gallardo o Pablo Olivera para probarlo”.
Ante este planteo, el ministro insistió volvió a apuntar contar el Gobierno nacional. Desde su perspectiva, el gobierno kirchnerista “atenta contra todo lo que sea más seguridad para la Ciudad de Buenos Aires”. “Demonizaron el uso de estas armas y trabaron una herramienta fundamental para la seguridad de los 3 millones de porteños y las casi 4 millones de personas que diariamente ingresan a la Ciudad”, aseguró.
“Su uso por parte de las fuerzas de seguridad en nuestro país, y con nuestra historia, es totalmente inaceptable, sin necesidad de recurrir a los informes internacionales sobre su comprobada letalidad”, afirman desde la CORREPI.
“Llama poderosamente la atención que en este momento, con el país atravesando una de las crisis más fenomenales que en enorme medida se debe al acumulado de los cuatro años de gobierno de JxC, cuando hay hambre, cuando hay gente durmiendo en las calles, cuando los pibes y las pibas que defienden su derecho a estudiar en condiciones dignas y sus familias son perseguidas y reprimidas, cuando al pueblo le están faltando las cosas más esenciales, siga habiendo presupuesto para sofisticar aún más el aparato represivo del estado”, destacaron.
Para el Ejecutivo porteño, las pistolas Taser generan una descarga eléctrica que inmoviliza al potencial agresor, por lo que son ideales para actuar en espacios reducidos con abundancia de público. Cuando son disparadas, unos dardos guiados por un cable envían 400 volts durante cinco segundos.
“El objetivo es dotar a la Policía de la Ciudad de un armamento que le permita a sus efectivos protegerse y cuidar a los transeúntes y a los actores pasivos del hecho sin poner en riesgo la vida del atacante”, afirmó el funcionario.
En cambio, la CORREPI destaca que “no se trata de que la policía no dispare y en su lugar te pueda matar de un ataque cardíaco por una descarga eléctrica. Se trata de terminar con la lógica de controlar a quienes la pasamos bajo el asesinato de nuestros pares con las armas del estado”.
Desde la Ciudad recuerdan dos casos. En septiembre de 2020, un inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado de cuatro puñaladas en el barrio de Palermo por un hombre que vivía en situación de calle, en un hecho en el que, según los funcionarios, los efectivos podrían haber reducido al atacante con este dispositivo.
Otro ejemplo tuvo lugar en julio de 2021, cuando el músico Santiago “Chano” Charpentier fue baleado en el abdomen por un policía bonaerense al que presuntamente intentó apuñalar con un cuchillo en medio de un brote psicótico durante el cual también habría agredido a su madre.
La CORREPI propone prohibir la portación y uso del arma reglamentaria a todas las fuerzas fuera del horario de servicio. Allí se cometen más del 60% de los casos de gatillo fácil. También sugiere la eliminación del sistema de detenciones arbitrarias, tal como lo ordenó la sentencia del caso Bulacio. Esto deriva en la principal causa de muerte a manos de las fuerzas, las muertes en lugares de detención.
