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El Gobierno porteño convocó al sindicato del Subte para debatir paritarias

Luego de cuatro meses de conflicto gremial con paros y liberaciones de molinetes el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires llamó a una audiencia paritaria en la que incluye a los metrodelegados. 

Pasaron cuatro meses de reclamos, paros y levantamientos de molinetes por parte de los empleados de Metrovías para exigir la inclusión de su sindicato en la mesa paritaria.

El Gobierno porteño había decidido cortar el diálogo de forma unilateral y dejar de convocarlos. El argumento repetido en cada ocasión por el jefe de Gabinete Felipe Miguel y otros funcionarios era un fallo de la Corte Suprema mediante el cuál dejaba sin efecto la asignación de la personería gremial para la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Esto fue repetido por varios periodistas.

Los metrodelegados rechazaron el planteo y sostuvieron que el fallo del Máximo Tribunal no establecía su exclusión de la mesa salarial. Esto lo plantearon en la Justicia porteña, quien falló que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debía convocarlos.

La primera reacción del Ejecutivo fue desoír el fallo. Los Metrodelegados decidieron realizar medidas de fuerza la semana pasada y anunciaron la continuidad del plan de lucha para el miércoles. La medida de fuerza consistía en un paro de las seis líneas y el Premetro el 29 de agosto desde las 13 a las 16.

Los dirigentes sindicales recibieron una cédula de citación de la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad para el jueves 30 a las 14hs. Con esta medida los metradelegados suspendieron el paro y mañana habrá subtes.

“Vuelven a llamarnos a la mesa de diálogo para discutir paritarias, como resultado de cuatro meses de conflicto que hemos llevado adelante con aperturas de molinetes, mesas de café con usuarios y paros. Por tal motivo, informamos que SUSPENDEMOS las medidas de autodefensa resueltas por las asambleas de base para el día de mañana”, afirmó el Secretario de Prensa de los Metrodelegados, Enrique Rositto.

Quedó claro que la solución a este conflicto es política y no jurídica. Más allá de que los argumentos jurídicos resultaron débiles, el llamado al diálogo es un pasó indispensable para comenzar a revertir una situación que, desde hace meses, afecta a usuarios y trabajadores.