Reclaman transparencia e información pública en el sistema de cámaras que garantiza la seguridad en la ciudad de Buenos Aires.
La seguridad es la principal preocupación de todos los vecinos. Así lo demuestran vez tras vez todos los estudios, encuestas y análisis que se realizan sobre la calidad de vida de la ciudadanía.
La instalación de cámaras de seguridad para vigilancia es efectivamente un medio para combatir la inseguridad, ya que posee dos efectos que concurren.
Por un lado, captan conflictos en la vía pública, y dicho material sirve luego para substanciar acusaciones y demostrar hechos que tuvieron lugar en la realidad, documentando de manera fehaciente y clara las conductas que se desenvuelven en la vía pública.
Sumado a ello, las cámaras actúan a su vez como agente contramotivante, induciendo un efecto disuasivo en aquel que se dispone a la comisión de un delito, toda vez que sabe que la presencia de una cámara implica un severo aumento en las probabilidades del descubrimiento in-fraganti o de evidencia material del delito.
Por todo ello, a la luz de su costo y operación simultánea y remota es que las cámaras son un gran recurso para combatir la inseguridad desde la perspectiva de la prevención y la persecución post-consumación.
Sin embargo, existen muchas irregularidades en cuanto a la instalación, el uso y la supervisión de las cámaras, de manera que ante el posible compromiso del Ejecutivo deviene fundamental preguntar sobre estos motivos para que el oficialismo tenga la posibilidad de explicar a la ciudadanía respecto a los criterios que se adoptan a la hora de decidir lugares y formas de supervisar la instalación de las cámaras.
Muchos vecinos manifestaron que las cámaras se instalan a mitad de cuadra, a pedido de alguien conectado con el ministerio de seguridad, en lugar de la esquina. Mientras que este tipo de instalación favorece las viviendas aledañas a ese lugar donde se instala, es totalmente impráctico elegir dicha ubicación por sobre la esquina, ya que estas últimas permiten que las cámaras con movilidad de 360° cubran las cuatro cuadras que confluyen en la propia esquina.
A raíz de esto deviene fundamental dilucidar si existe protocolo o reglamento interno que establezca bases y criterios de instalación, o si esto es dejado al libre arbitrio de alguien. En este último caso, es fundamental saber quién es el encargado de estas decisiones, ya que permitirá analizar la objetividad y fundamentación de las decisiones de seguridad ciudadana. En caso de existir el protocolo es importante que lo conozcamos, y de esta manera poder evaluar como ciudadanos si el ejecutivo en la práctica se atiene a lo que establece la norma o se aparta de ella.
Respecto al número, es indispensable para realizar un diagnóstico que conozcamos cuántas cámaras hay en la Ciudad, y específicamente en qué comunas están. Esto sirve para contrastar con las estadísticas del Delito que tenemos, y de qué manera el ejecutivo responde con medidas a los lugares que más se precisa presencia del estado para disuadir y combatir el delito. Lo mismo sucede para los casos de transporte público, con la carga de que existe un compromiso declarado por parte del Jefe de Gobierno para la instalación de 10.000 cámaras en colectivos; a raíz de diversos hechos de violencia y hurtos que tuvieron lugar en el transporte público.
Como estado y funcionarios públicos, es obligación de todos rendir cuentas a la ciudadanía, toda vez que cada centavo que manejamos es patrimonio de todos, y no propio. Por ello debemos conocer exactamente qué presupuesto dispone cada área de los tres poderes, y de qué manera se utiliza cada uno de esos centavos que deben estar afectados a mejorar la calidad de vida de todos los porteños.
