Poder Ciudadano le solicitó a la Auditoria General de la Ciudad que, tal como prevee la Ley 268, publique el informe en el que se detallen los ingresos y gastos involucrados por cada fuerza política en las elecciones 2015. “Hay vacío legal en las campañas, donde se producen gastos millonarios que no son rendidos” aseguró el director de la fundación, Pablo Secchi.
¿Cómo se financian las campañas electorales? En un año donde los porteños iremos a la urnas seis veces, la respuesta a esta sencilla pregunta debería ser de difundida por cada candidato con total normalidad. Sin embargo, el origen de los fondos que permiten empapelar la Ciudad y saturar de spots los medios de comunicación sigue siendo un misterio y fuente de las mayores suspicacias.
Para intentar echar un poco de luz ante este hecho, la fundación Poder Ciudadano solicitó a la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) que cumpla con la Ley 268, que establece que los partidos políticos que compitan en la contienda electoral deben presentar un informe con los ingresos y gastos involucrados en la campaña, 10 días antes de las elecciones, y otro final, 90 días después donde se deben detallar su concepto, origen, monto y destino.
Sin embargo, y pese a ser de carácter público, la AGCBA no publica estos informes en tiempo y forma. Los datos requeridos no son nada despreciables ya que, según diversos estudios, cada campaña oscila entre los cien y los mil millones de pesos de costo, de acuerdo a la jurisdicción que se quiere cubrir. Y suele ser motivo de las mayores desconfianzas. “El dinero que se adelanta en la campaña, se devuelve en la gestión” asegura Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, por eso lo necesario de que se cumpla el pedido.
“Si bien recibimos en el mes de febrero los informes correspondientes a la campaña electoral 2013, luego de realizar un pedido de información pública y presentar un amparo ante la ausencia de respuesta, creemos que esto no basta para cumplir con el espíritu de la Ley 268. La publicación de este tipo de información debe ser proactiva de parte del organismo a cargo de su recepción y análisis, en este caso la AGCBA” aseguran desde la Fundación.
El otro pedido, apunta a que se avance en la estandarización de los requerimientos para la presentación de este informe y se fomente la publicación en formato de datos abiertos ya que la uniformidad y apertura de los formatos permite un mejor control y alienta la utilización de esa información para fines académicos.
“Entendemos que la transparencia en cada uno de los pasos del proceso electoral constituye uno de los pilares básicos sobre los cuales se funda nuestro régimen democrático” aseguran en un comunicado. “En particular, desde nuestro lugar estamos preocupados por la transparencia en cada acción de la campaña electoral que comprometa la utilización de recursos financieros, tanto privados como públicos, y creemos que la AGCBA puede dar un salto de calidad implementando las medidas sugeridas”.
