Se confirmaron tres casos de coronavirus en el centro de salud de Balvanera y debió cerrar preventivamente el área de Neonatología. Varios hospitales padecen esta problemática.
A horas de que se anuncie una nueva extensión en el aislamiento social y obligatorio, uno de los temas latentes sobre la problemática en torno a contener los contagios de coronavirus radica en el cuidado del personal de la salud. Los últimos estudios oficiales, ubicaban que estos trabajadores representaban cerca del 15% de los casos totales del país.
En la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de la salud están movilizados. Los empleado del Hospital Ramos Mejía de Balvanera lograron una cautelar favorable para que el Gobierno porteño disponga el equipo necesario y apropiado (camisolines, barbijos, guantes, mascarillas, etc.) para atender, más aún sabiendo que este centro de salud alberga una Unidad Febril de Urgencia (UFU), es decir, consultorios externos exclusivos para atender posibles infectados.
El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, expuso este martes ante la Comisión de Salud de la Legislatura de la CABA. Ante la requisitoria de una diputada de la oposición, el ministro Quirós aseguró que se disponen de insumos médicos necesarios para atender la pandemia y que en la unidad sanitaria donde no hubiere alguno de los elementos necesarios, hay un centro de distribución de insumos que demora no más de media hora en satisfacer la demanda. Quirós les dijo a los diputados que si conocen casos concretos de falta de elementos de trabajo, tengan a bien informárselo para encargarse de resolverlo de inmediato, consigna un resumen parlamentario.
Las palabras del ministro no contentan a los trabajadores del sector. Al cierre de este texto, el viernes al mediodía, tres días después de la exposición, hubo protestas en la puerta de los hospitales Rivadavia en Recoleta, Durand en Caballito y Borda en Barracas. En tanto, el martes 28 de abril desde el mediodía iban a seguir las protestas en otros centros de salud. Piden elementos de protección para evitar contagios mientras desarrollan su trabajo. Se quejan de recibir material de mala calidad o inapropiado.
Si bien no hay precisiones oficiales actuales sobre cuántos profesionales de la salud contagiados pertenecen al territorio porteño, en las últimas dos semanas se confirmaron varios casos: dos enfermeras en el Hospital Penna, una veintena de trabajadores del Hospital Italiano de Buenos Aires, cuatro empleados del geriátrico de Belgrano donde había casi 40 ancianos infectados, entre otros casos.
A nivel local, en la Comuna 3 el principal efector público es el Hospital Ramos Mejía, ubicado entre las calles 24 de Noviembre, Urquiza, México y Venezuela. Los delegados denunciaron la semana pasada que tres enfermeras se contagiaron coronavirus y que por tal motivo debieron cerrar el área de Neonatología. Aislaron a 38 empleados.
Algo similar ocurrió en el Hospital Zubizarreta de Villa Devoto, donde aislaron a una veintena de trabajadores de terapia intensiva porque la jefa del sector se contagió coronavirus, y en el Fernández de Palermo, donde un anestesista dio positivo por lo que aislaron a 18 trabajadores del área de terapia intensiva.
Este viernes 24 de abril, durante las protestas, los delegados de los trabajadores de la salud pedían material de trabajo acorde a la gravedad del virus. Pablo Spataro, Secretario General de CTA Autónoma Capital, dijo: “Hay que decirle a Larreta que en vez de montar un dispositivo policial en la puerta del hospital mande los insumos que están pidiendo los compañeros. No solo está en riesgo la salud de ellos, sino la respuesta que hoy la política sanitaria tiene que dar».
El dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Arrechea, dijo: «Sin insumos ni presupuesto, la salud está en riesgo”. Añadió que los trabajadores exigen «la inmediata entrega de elementos de protección personal en cantidad necesaria y calidad requerida para preservar la salud de quienes cumplen tareas en ese sistema esencial y la de los pacientes infectados o que sufren otras patologías y asisten a los centros de salud».
«La entrega de ese material no debe discriminar áreas o servicios, ya que cualquier contagio puede producir una infección masiva, y tienen que acceder los médicos, técnicos, enfermeros, personal de maestranza y de mantenimiento», explicó.
Esta semana, aparte de las protestas mencionadas, hay novedades en la Comuna 3 por la vía judicial. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 14 de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro Fastman, ordenó al Gobierno porteño y a Provincia ART que de manera inmediata adopten las medidas necesarias para proporcionar a los trabajadores del Ramos Mejía una adecuada protección y proveerlos de los elementos de protección personal (EPP).
En solo una semana la Justicia se expidió sobre una presentación hecha por trabajadores y delegados donde pedían: “Escafandras, alcohol en gel, jabón para lavarse las manos, toallas descartables para secarse las manos, barbijos N95, barbijos quirúrgicos, termómetros infrarrojos, guantes estériles de nº 7, 7 y medio y 8, mamelucos hemorrepelentes, antiparras, camisolines de alta densidad, botas, guantes, cofias descartables y calzado cerrado lavable”.
“En el inicio de la pandemia los trabajadores no teníamos ninguna medida de prevención”, denuncian ante la Justicia y suman: “Actualmente trabajamos con los guardapolvos o ambos que se usan habitualmente, que no cuentan con una protección específica. Tampoco disponemos de alcohol en gel ni termómetros infrarrojos que permiten tomar la temperatura sin contacto personal. Los barbijos proveídos son, en promedio, menos de uno por enfermero, para un turno de seis horas, siendo su vida útil de tres horas. Y las escafandras, de uso obligatorio para el tratamiento con los pacientes con Coronavirus, son ineficientes, dado que no son del material resistente que es necesario para mantener contacto directo con el paciente. Las cifras de contagiados, lejos de disminuir, se multiplicarán y con ello también el peligro para los trabajadores. Hoy la institución cuenta con una trabajadora diagnosticada con COVID-19 producto de los riesgos laborales que pudieron prevenirse por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, motivo por el cual, se hace aún más necesario extremar las medidas de seguridad para evitar más contagios entre el personal de la salud y aquellos pacientes que concurren al Hospital”.
La presentación judicial fue previa a que se confirmaran los tres casos y el aislamiento de los 38 trabajadores.
Sin embargo, el escrito hace un repaso por distintos momentos clave que se vivieron en el hospital desde el inicio de la pandemia: “El 12 de abril se confirma que Rocío V., trabajadora del Hospital Ramos Mejía, da positivo a COVID-19 al exámen por hisopado nasofaríngeo por PCR cualitativo y se encuentra internada en el Hospital Italiano. La compañera en cuestión trabaja en el sector de Neonatología del Hospital, sector al que no se le suministró los elementos de protección porque los protocolos del Comité de Crisis determinaban que no eran necesarios para ese sector del hospital. Concretamente, Claudia P. y Celia B. trabajan de enfermera directamente con los pacientes con COVID-19 y casos sospechosos del virus. La falta de insumos y los inadecuados elementos de protección, siendo insuficientes en su protección hidrorrepelente. Durante la semana del 6 al 10 de abril, no suministraron barbijos N95, habiendo suministrado al personal doble barbijo, material totalmente desaconsejable para el personal de la salud. El 14 de abril el Hospital se encontraba tratando al menos 8 pacientes confirmados con COVID-19 detectado, agregando a ello 8 pacientes más bajo casos sospechosos”.
“El 16 de marzo hemos firmado y entregado en mano a Fernán Quiroz, Ministro de Salud de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, un petitorio donde manifestamos los insumos faltantes en aquel entonces, cuando en la Argentina había menos de 150 infectados y en el hospital había llegado el primer caso sospechoso de Coronavirus. La respuesta obtenida por la administración fue que, al no haber casos confirmados en nuestra institución, el servicio de infectología del Hospital y el Comité de Crisis, que se conformó para atender las circunstancias de la pandemia, determinaban que no era necesario el uso de los insumos de protección por el momento”.
“En los días siguientes, cuando empiezan a incrementarse los casos ingresados como sospechosos, el gobierno envió insumos o elementos de protección personal pero en cantidades insuficientes en relación a la demanda generada, no llegaban a satisfacer las necesidades de todos los turnos, dejando a una gran cantidad de trabajadores sin protección. Por otro lado, la calidad de los kits alcanzados tampoco era la adecuada, ya que, por ejemplo, las escafandras no corresponden con las tareas realizadas por un enfermero o un médico, por el contacto directo que se tiene con el paciente”.
“Los hechos, con sustento en la prueba acompañada, acreditan la verosimilitud en el derecho y peligro en la demora requeridos para la procedencia de la medida cautelar peticionada, que le ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su condición de empleador, que garantice y provea a los trabajadores de los elementos de bioseguridad necesarios e indispensables para el desempeño de sus tareas laborales como personal de la salud hasta tanto finalice la declaración de emergencia”, concluye la presentación judicial.
