El foco principal de la denuncia recae sobre la aplicación del Código Urbanístico, aprobado por la Legislatura porteña en 2018. Según las organizaciones vecinales, esta legislación provocó un aumento exponencial del volumen constructivo y las alturas de los edificios, afectando gravemente los pulmones de manzana, líneas de frente y retiros. Esta proliferación descontrolada de demoliciones y construcciones ha dañado viviendas y ha afectado la identidad de los barrios, impactando negativamente en la calidad de vida de los residentes.
Además, denuncian la ausencia de una regulación estatal efectiva, lo que ha llevado a una saturación de los servicios públicos, como electricidad, gas, cloacas, pluviales, estacionamiento, establecimientos de salud y escuelas. El resultado es un estallido en la explotación comercial y una saturación en el uso del suelo.
Otro punto de preocupación es el avance sobre los espacios verdes y la destrucción del arbolado urbano, esenciales para el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos. Los desarrollos inmobiliarios actuales no han resuelto la crisis habitacional, sino que han generado un aumento en la cantidad de unidades vacantes y han fomentado alquileres temporarios, blanqueo de capitales y renta en dólares, sin ofrecer soluciones reales para el acceso a la vivienda.
La especulación inmobiliaria prevaleció, actuando de acuerdo con intereses unilaterales, sin tener en cuenta las necesidades y deseos de los residentes y la comunidad.
Las organizaciones vecinales hacen hincapié en que esto no se trata de una simple “percepción”, sino de una realidad alarmante. Los barrios están perdiendo su memoria y su identidad debido a las obras de demolición y construcción que han afectado casas y árboles. Los servicios básicos son escasos e insuficientes frente a una demanda que supera lo planificado.
Ante esta situación crítica, la “Interbarrial Buenos Aires” exige la suspensión inmediata de otorgamiento de permisos de demolición, certificados urbanísticos y permisos de obra nueva de más de 100m2 para construir edificios, hasta que el Código Urbanístico sea revisado y modificado.
Las organizaciones vecinales hacen un llamado a la unidad y a la defensa de los barrios, enfatizando el derecho de los ciudadanos a decidir el tipo de Ciudad en la que desean vivir. Esta declaración marca un importante paso en la lucha por una planificación urbana más equitativa y sostenible, en la que se respeten los valores comunitarios y ambientales que hacen de Buenos Aires un lugar único.
