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La comunidad migrante y refugiada en la Ciudad de Buenos Aires: desafíos y luchas por la igualdad de derechos

La Ciudad de Buenos Aires se destaca como uno de los distritos argentinos con mayor presencia de población migrante. Según el Censo Nacional de 2010, alrededor de 381.778 personas nacidas en el extranjero residían en la Ciudad en aquel entonces, lo que representaba el 14% de su población total. Por Marcos Bolivar.

Estos datos reflejan la importancia de la comunidad migrante en la construcción y desarrollo de la Ciudad. Sin embargo, aún persisten desafíos significativos en términos de discriminación, racismo y xenofobia hacia esta población.

Discriminación y desafíos

La discriminación hacia la comunidad migrante y refugiada en la Ciudad de Buenos Aires es un problema latente en diversas instituciones. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) informó en 2014 que los jóvenes migrantes a menudo experimentan discriminación por su nacionalidad o estatus migratorio en ámbitos educativos, centros de salud, transporte, empleo y espacios públicos. Estos estereotipos negativos perjudican su integración y limitan sus oportunidades de desarrollo.

Marco legal y derechos

A nivel nacional, la Ley de Migraciones N° 25.871, sancionada en 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner, reconoce la migración como un derecho humano y garantiza la igualdad de derechos entre personas migrantes y ciudadanos nacionales. En la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires también se establece que los extranjeros residentes tienen derecho al sufragio. Estas normativas son fundamentales para promover la inclusión y la protección de los derechos de la comunidad migrante.

Iniciativas para la protección de derechos

La diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Berenice Iañez, ha presentado un proyecto de ley que busca generar conciencia sobre el trato discriminatorio que enfrenta diariamente la comunidad migrante y refugiada en las instituciones y poderes del gobierno de la Ciudad. El objetivo es abordar el maltrato, la discriminación, la xenofobia, el racismo y la violencia institucional que sufren a diario estas personas, especialmente en los ámbitos judicial, educativo y de salud. Es fundamental promover la empatía y la sensibilización en los servidores públicos para lograr un trato justo e igualitario.

Desafíos en la implementación

A pesar de los avances normativos, aún existen desafíos pendientes en la implementación efectiva de los derechos de la comunidad migrante en la Ciudad. Durante las elecciones de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) no cumplió adecuadamente con sus responsabilidades en la confección del Registro de Electoras/es Extranjeras/es Residentes ni en la asignación de lugares de votación cercanos a sus domicilios. Esto evidencia la necesidad de un compromiso más sólido para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las personas migrantes.

Atención y espacios de integración

Asimismo, es importante destacar la falta de cumplimiento de la Ley N° 6.047, que establece la creación de Espacios de Atención al Migrante en los Espacios Comunales de la Ciudad. Estos espacios deberían brindar asistencia y acceso a la información para la comunidad migrante, pero hasta la fecha no se han implementado. Además, la Ley N° 3.574, que crea los foros para la integración plena de los migrantes, tampoco ha sido cumplida en su totalidad. Estas medidas son vitales para promover la inclusión y el pleno ejercicio de derechos por parte de la comunidad migrante.

Conclusiones y llamado a la acción

La Ciudad de Buenos Aires se enfrenta a la necesidad de abordar de manera efectiva la discriminación y la violencia que afectan a la comunidad migrante y refugiada. Es crucial que las instituciones y el Gobierno de la Ciudad implementen políticas y acciones concretas para combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación en todos los ámbitos. La aprobación del proyecto de ley presentado por la diputada Berenice Iañez, así como la implementación efectiva de las leyes existentes, son pasos importantes hacia una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas, independientemente de su origen o estatus migratorio.