La Federación Nacional de Peones de Taxis (FEPETAX), liderada por Jorge García, ha manifestado su rechazo al Decreto 883/2024, que desregula el transporte interjurisdiccional de pasajeros en el país. En respuesta, la organización se ha declarado en Estado de Alerta y Movilización, cuestionando fuertemente al Gobierno Nacional por la medida que otorga a las empresas de transporte libertad para fijar rutas, tarifas y horarios sin la necesidad de autorizaciones previas.
Según García, esta desregulación implica que el Poder Ejecutivo Nacional «se arroga funciones legislativas y ejecutivas», lo cual, para la federación, socava los principios republicanos y federales del país.
Críticas a la precarización laboral
Tanto García como el Secretario de Finanzas de la federación, Miguel Ángel Soto, advirtieron que, aunque desde el Gobierno se presenta la medida como una modernización del sector, en realidad representa una forma de precarización. Subrayaron que, con esta nueva normativa, los usuarios se ven expuestos a una mayor inseguridad económica y jurídica, dado que el decreto establece la habilitación automática por silencio administrativo tras cinco días hábiles, lo que según los dirigentes refleja la «inoperancia» gubernamental.
Además, cuestionaron la falta de regulación en el uso de aplicaciones para la contratación del servicio de transporte, indicando que aunque se facilita el uso de tecnología, el decreto no aborda temas cruciales como la responsabilidad civil y tributaria de las empresas prestadoras, lo que podría permitir la evasión fiscal y la fuga de dinero a paraísos fiscales.
Impacto de la medida en el sector
La desregulación establecida por el Decreto 883/2024 también implica la creación de un nuevo Registro Nacional del Transporte y permite el ingreso de empresas extranjeras al mercado. Además, se flexibilizan las condiciones de acceso a puertos y aeropuertos para los servicios de transporte, lo que podría tener un impacto significativo en el sector.
En este sentido, desde FEPETAX defendieron la importancia de mantener un transporte regulado, que asegure la seguridad y el confort de los usuarios, y advirtieron sobre los riesgos de un «liberalismo económico» que, según ellos, no hará más que profundizar los problemas actuales del país. «Con esta medida, el Gobierno pretende tapar su incapacidad para resolver los problemas de la gente, dejándonos en una situación de ‘sálvese quien pueda'», concluyeron.
