El miércoles 21 de mayo, en la sede ubicada en Sarandí 1273, se realizó una nueva reunión ordinaria de la Junta Comunal N.º 3 (Balvanera y San Cristóbal). Con la presencia de los comuneros Julieta Pérez, Eduardo Carnevale, Carlos Salazar, Carolina Finardi, Inés Fornassero y Silvia Collin —quien presidió la sesión—, el eje central del encuentro fue un tema que viene generando tensiones institucionales y vecinales: la legitimidad del Consejo Consultivo Comunal.
La Junta analizó el dictamen emitido por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a raíz de la coexistencia de dos espacios que reclaman la representatividad del órgano participativo vecinal contemplado por la Ley N.º 1777.
Dos Mesas Promotoras en disputa
El conflicto comenzó con la aparición de un sector de vecinos que, bajo el argumento de que los mandatos del Consejo Consultivo vencían el 31 de diciembre de 2024, convocaron de forma unilateral a una asamblea constitutiva el 16 de enero de 2025, donde designaron una nueva “Mesa Directiva”.
Del otro lado, se encuentra la Mesa Promotora elegida el 25 de febrero de 2025, cuya convocatoria fue decidida previamente en la Asamblea del 13 de diciembre de 2024, cumpliendo —según la Junta— con los reglamentos vigentes del CCC3.
La situación generó un estado de doble representación y parálisis institucional en el ámbito del Consejo Consultivo, por lo que la Junta Comunal decidió solicitar un dictamen legal a la Procuración General.
Qué dice el dictamen oficial
En su informe, la Procuración fue contundente: el Consejo Consultivo Comunal es parte de la estructura institucional de la Ciudad y no puede ser reemplazado ni intervenido por decisiones arbitrarias de particulares. Si bien la autoconvocatoria está contemplada en su funcionamiento interno, esto solo aplica una vez que el Consejo está constituido legalmente, no para formar uno nuevo por fuera de los canales establecidos.
Asimismo, se recordó que, si bien la Constitución de la Ciudad promueve la participación vecinal, esta está sujeta a los marcos normativos y no puede sustituir a los órganos legalmente reconocidos.
Posible derivación penal
Otro punto fuerte del encuentro fue el análisis del posible encuadre penal de la situación. Según el dictamen, la autoproclamación de funciones públicas que no corresponden a particulares podría configurar delitos contemplados en el Código Penal argentino. Por ello, la Junta decidió remitir los antecedentes a la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General, para que se evalúe el inicio de acciones legales contra los responsables.
Resolución de la Junta Comunal
Tras el debate, la Junta resolvió por unanimidad:
- No reconocer la legitimidad del “Nuevo Consejo Consultivo” autoproclamado el 16/01/25.
- Ratificar como única Mesa Promotora válida a la elegida el 25/02/25.
- Notificar a todas las partes intervinientes sobre esta resolución.
- Elevar los antecedentes a la Dirección General de Asuntos Penales para su evaluación.
La decisión marca un antecedente institucional fuerte en defensa del respeto a las normas de funcionamiento de los órganos de participación vecinal, fundamentales en la vida democrática barrial.
