El Estado de la Ciudad pagará mensualmente a cada hijo menor de 21 años un valor siempre equivalente a un salario mínimo, vital y móvil.
El Parlamento porteño aprobó el “Régimen de Reparación Económica para los niños, niñas adolescentes y jóvenes, hijos de mujeres victimas de femicidios ”. Según el articulado, este régimen se aplicará cuando “su padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de delito de homicidio agravado por el vínculo (femicidio).
La reparación será compatible con la asignación universal por hijo, asignaciones familiares, pensiones, alimentos que perciban por parte de alguno de sus padres u otro familiar y/o cualquier otra prestación de la cual sean destinatarios.
Los recursos que demande el cumplimiento de la ley serán incorporados a las partidas presupuestarias que correspondan.
El texto legal aprobado fue consensuado por diversos bloques, después de haberse producido un despacho conjunto de las comisiones legislativas de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria.
La iniciativa original fue de la Defensoría del Pueblo y luego se agregó un proyecto de los diputados Graciela Ocaña y Diego de García Vilas (CP). Finalmente, el jefe del bloque oficialista Francisco Quintana (PRO) propuso consensuar el contenido de la norma para lograr la mayor cantidad de adhesiones.
La ley fue aprobada en general por la unanimidad de los 58 diputados presentes, luego de un debate en el que participaron 13 oradores. Desde la oposición se propuso ampliar el beneficio a todos los hijos de mujeres fallecidas por femicidios, independientemente de la situación procesal del padre.
La diputada Andrea Conde (FpV), presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, propuso una modificación de dos artículos en la votación en particular, pero su moción fue rechazada por 31 votos del PRO y sus aliados contra 27 de las bancadas opositoras.
Participaron del debate en el recinto los legisladores Alejandro García (presidente de la Comisión de Presupuesto), Eduardo Petrini y Daniel Presti (PRO), Andrea Conde (FpV), Graciela Ocaña (CP), Marcelo Ramal y Laura Marrone (FIT), Patricia Vischi (Suma+), Paula Oliveto (CC-ARI), Roy Cortina (PS), Marcelo Depierro (MC), Fernando Vilardo (AyL) y Adrián Camps (PSA).
El conocimiento cada vez más extendido de la problemática de la violencia sexista impactó directamente en las legislaciones que debieron recoger estos reclamos y avanzar así en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Si bien existen los avances legislativos antes mencionados, y cambios sociales trascendentes, desde la Asociación Civil La Casa del Encuentro se comenzó a detectar que no se estaba dando el tratamiento adecuado a una de las formas más extremas de violencia sexista: el Femicidio.
Desde el Observatorio de Femicidios en la Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, se propuso realizar un análisis y luego mostrar cómo los medios de comunicación y las Instituciones estaban tratando esta realidad y cuáles eran las acciones que se estaban llevando a cabo.
La Justicia deberá accionar en tiempo y forma logrando así su efecto reparador; haciendo claro el reconocimiento del dolor de las víctimas y procurando justo castigo al agresor. Toda mora, distorsión u omisión en los debidos procesos de juicio y castigo al culpable tendrá consecuencias directas en los niños y niñas víctimas ya que sumará desamparo judicial a la profunda vivencia de vulnerabilidad.
