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La Policía le pide $300 por día a cada vendedor ambulante

Efectivos de la Comisaría 3 A exigen un pago ilegal para poder trabajar en la zona de Lavalle y Paso.

Efectivos de la Comisaría 3 A exigen un pago ilegal para poder trabajar en la zona de Lavalle y Paso.

Un móvil de la Policía de la Ciudad se presenta todos los días en una de las calles más transitadas de Once para cobrarle a las personas que despliegan sus productos en la vereda. “A cada compañero le están pidiendo $300 para dejarlo trabajar tranquilamente”, denunció Luzmery Villanueva Dioses, integrante de Vendedores Ambulantes Independientes de Once, en diálogo con Abran Paso.  

Desde el sábado, unos veinte de vendedores ambulantes se despliegan a diario en Lavalle y Paso, donde se encuentran los locales comerciales de telas. “A mi me sorprendió la cantidad de vendedores que había en la zona, cuando le pregunté a Carlos (uno de sus compañeros de agrupación), me dijo que cada persona que quiere armar estaba pagando un cupo de $300”, agregó la dirigente social. Quienes no abonan ese importe deben exponer sus mercaderías en otras zonas con menor circulación de personas, por lo tanto reducen las ventas. 

El hecho constituye un ilícito que comprende figuras como la de “abuso de autoridad” y “corrupción policial”, agravadas por el intento de aprovechar la situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentran muchos de los vendedores, ya que necesitan comercializar sus productos en la calle para garantizar su subsistencia. “Un compañero quizo armar sin pagar los $300 porque no los tenía, y lo sacaron”, advirtió Villanueva Dioses.

Los vendedores contaron que les piden el tributo ilegal “por orden del Comisario”, pero la máxima autoridad de la dependencia policial, Adrián Rosa, se encuentra internado por Coronavirus desde la semana pasada. Su mano derecha se reintegró hoy a la mañana, pero se presentó solo por tres horas y pidió una licencia anual.

La denuncia de los vendedores tiene gravedad institucional porque efectivos policiales, que deberían garantizar la seguridad de las personas, atacan el Estado de derecho y las libertades individuales. La máximas autoridades de la Comisaría Comunal 3 y del Ministerio de Seguridad de la Ciudad deben dar una respuesta a los ciudadanos.