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Ley 4036, ley de desigualdad

“Los amparos para que no se corte un beneficio a personas con situación de vulnerabilidad son el efecto de un problema de carácter estructural que está por debajo y que claramente tiene que ver con el déficit habitacional. Además el Gobierno local no termina de encarar una política efectiva en materia de reducir sustancialmente este problema”, afirmó el diputado Javier Gentilini. El integrante del Frente UNEN y Presidente de la Comisión de Vivienda y emitió su opinión y realizó un análisis de la ley número 4036, que acredita prestaciones económicas, luego de que el juez porteño Victor Trionfetti emitiera un fallo que la cuestiona.

En estos últimos días una familia residente de la Ciudad de Buenos Aires que vive en situación de calle presentó un amparo ante el juzgado presidido por Triunfetti para que se les siga brindando el beneficio económico correspondiente. Habían estado recibiendo este programa durante seis meses, que constituye el plazo normal en el que se puede brindar, pero el magistrado decidió prorrogar mediante un amparo la prestación por un par de meses más. Hay miles de casos como este en capital federal y a lo que apelan ciertos jueces es que no se puede abandonar a una familia que se encuentra en la misma situación por la que ha sido beneficiada en un primer momento.
Asimismo este fallo cuestiona la ley 4036 en donde se establecen ciertas prioridades para el acceso a los programas. Por ejemplo en el artículo 7 se promulgan los requisitos mínimos que deben acreditar las personas en estado de vulnerabilidad social para recibir las prestaciones económicas, entre ellas se encuentran, “tener residencia en la Ciudad no menor a dos años”. Respecto a esto, el diputado y también politólogo consideró: “(la ley) tiene algunas cosas que pueden ser entendidas como carácter restrictivo en el sentido de cómo se opera la implementación de lo que se enuncia” y consideró que uno podría preguntarse con mucha razón la diferencia entre una familia que reside desde hace un año y medio en la ciudad con aquella que vive hace dos y medio a la hora de acceder a una ayuda social y no tener una respuesta lógica.
Esta ley se votó y fue sancionada a final del año 2011, antes del recambio de la composición de la cámara, por lo cual Gentilini sostuvo: “yo entiendo que la intención de los diputados que votaron afirmativamente que fueron de diferentes bloques en ese momento, tanto del kirchnerismo como del pro, lo era en función de reafirmar lo que se consagra como garantías y derechos en la constitución de la ciudad”.
Javier Gentilini, al reconocer que en el fallo del juez se habla de ciudadanía y nacionalidad, agregó que en cierto sentido es un viejo debate que tiene que ser analizado en el contexto en el cual se desarrollan las dinámicas. “Cuando uno ve situaciones conflictivas de carácter social inevitablemente se empiezan a incentivar este tipo de antinomia en relación a quiénes tienen más derecho. Las preguntas suele ser por qué un inmigrante tiene derecho a conseguir trabajo o a ser beneficiario de tal o cual programa cuando un argentino no”, agregó y sentenció que “estos debates son desgraciados porque en ellos se cuelan una gran cantidad de estigmatizaciones, prejuicios y discriminación inadmisibles a esta altura del partido”.
Además, confirmó su postura acerca de que la urbanización de villas también es un punto importante dentro del déficit ya que concentra un problema habitacional en función de la carencia sustancial que sufren las familias de todos los derechos básicos para su vida. Finalizó sentenciando que “es absolutamente increíble que a esta altura del partido, luego de 6 años y pico, quien prometió que una de sus principales políticas iba a ser la urbanización de villas, sigamos estando como estamos en esta materia.”