A medida que Colombia se acerca a las próximas elecciones presidenciales, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un escenario contradictorio. Por un lado, arrastra fuertes cuestionamientos por la situación de seguridad y por las dificultades de su política de “paz total”. Por otro, el oficialismo todavía conserva competitividad electoral y mantiene capacidad de disputar la agenda pública en un país que sigue demandando reformas y cambio político.
El balance del primer gobierno de izquierda en la historia colombiana aparece atravesado por tensiones entre ambición transformadora, limitaciones estatales y una realidad territorial extremadamente compleja.
Para Kyle Johnson, experto en conflicto armado colombiano y director académico de la Fundación Conflict Responses (CORE), uno de los principales problemas del gobierno fue la dificultad para traducir en política concreta su proyecto de seguridad.
“La izquierda no es conocida por ser fuerte en seguridad en América Latina y el gobierno hizo un esfuerzo de construir una política con sociedad civil y distintos sectores, pero quedó en el papel”, explicó en diálogo con este medio.
Tres etapas de una estrategia que nunca terminó de funcionar
Según Johnson, la política de seguridad del gobierno de Petro atravesó tres momentos claramente diferenciados.
El primero fue el período inicial de elaboración conceptual, durante los primeros meses de gestión, cuando el Ejecutivo concentró energías en diseñar una nueva doctrina de seguridad y paz.
Luego vino una segunda etapa, mucho más problemática, marcada por la tensión entre las negociaciones de paz y la respuesta militar tradicional.
“Se puso a pelear paz y seguridad. Hubo ceses al fuego con algunos grupos armados, pero no existía una política clara para ese mundo gris entre conflicto armado, crimen organizado y seguridad”, sostuvo.
En ese contexto, la llamada “paz total” comenzó a enfrentar crecientes obstáculos. La fragmentación de los grupos armados, las disidencias, los intereses criminales regionales y la falta de coordinación estatal terminaron debilitando la iniciativa oficial.
Para Johnson, el gobierno cometió además errores de implementación que agravaron una tarea ya extremadamente compleja.
“Fue muy ambicioso intentar negociar con todos los grupos armados al mismo tiempo. Pero el problema no fue solamente la ambición, sino la falta de criterios claros, el afán de abrir mesas de negociación sin una estrategia consolidada y la ausencia de coordinación”, señaló.
La tercera etapa comenzó con la llegada de Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa, quien impulsó un retorno a esquemas tradicionales de seguridad similares a los utilizados por gobiernos anteriores.
“El gobierno volvió a una aproximación clásica, muy parecida a la de Iván Duque o Juan Manuel Santos. Petro sintió que la inseguridad le estaba costando políticamente”, explicó.
Sin embargo, Johnson remarcó que ninguno de los tres momentos produjo resultados satisfactorios y subrayó que varios de los problemas actuales ya existían antes de la llegada de Petro al poder.
“El resultado no es tan distinto al que vimos con Iván Duque, que también aplicó una estrategia de seguridad dura y tampoco funcionó”, afirmó.
La “paz total”, entre la necesidad y el exceso de ambición
Uno de los grandes debates de la campaña gira alrededor del balance de la “paz total”, una de las principales promesas del oficialismo.
Para Johnson, el objetivo era extremadamente ambicioso, pero no necesariamente equivocado.
“No es el primer presidente que intenta negociar con todos los grupos armados. Juan Manuel Santos también lo intentó. Y cualquier presidente futuro probablemente tenga que considerar esa opción”, explicó.
El analista sostuvo que la atomización del conflicto colombiano obliga a pensar soluciones integrales, ya que muchos grupos armados justifican su permanencia en armas por temor a ser desplazados o eliminados por organizaciones rivales.
“Muchos grupos dicen: si dejamos las armas, otros ocupan el territorio y nos matan. Esa lógica existe y cualquier gobierno tendrá que enfrentarla”, indicó.
No obstante, consideró que el gobierno subestimó la complejidad operativa de negociar simultáneamente con múltiples actores armados en un ecosistema criminal y político extremadamente fragmentado.
El oficialismo resiste pese al desgaste de la seguridad
Pese a los problemas en materia de seguridad, las encuestas muestran que el oficialismo conserva competitividad de cara a las elecciones, particularmente alrededor de la candidatura de Iván Cepeda.
Para Johnson, allí aparece uno de los fenómenos políticos más interesantes del actual escenario colombiano.
Aunque la inseguridad sigue siendo una preocupación importante, el tema parece haber perdido centralidad relativa en parte del electorado urbano.
“En Colombia muchas veces lo que pasa en las zonas rurales o de conflicto no impacta directamente en el día a día de las grandes ciudades”, explicó.
Según el investigador, candidatos opositores como Paloma Valencia intentaron instalar el fracaso de la “paz total” como eje central de campaña, vinculando directamente el aumento de la violencia con las políticas de Petro.
Sin embargo, ese discurso no parece haber logrado monopolizar la agenda pública.
“Hace algunos meses muchos candidatos decían que todo giraba alrededor de la seguridad. Hoy ya no está tan claro”, sostuvo.
Johnson considera que la estrategia de Cepeda de desplazar el foco hacia temas económicos y sociales podría estar teniendo resultados entre votantes indecisos y sectores urbanos.
“El aumento del salario mínimo fue una jugada política muy buena para la izquierda. Además, sigue existiendo una demanda de cambio y de reformas”, explicó.
El peso del antiuribismo
Otro factor clave, según Johnson, es la persistencia del rechazo al uribismo en amplios sectores de la población, especialmente en regiones afectadas históricamente por el conflicto armado.
“Hay mucha decepción con Petro, pero eso no significa que quieran volver al uribismo”, señaló.
En muchas zonas rurales golpeadas por la violencia, explicó, parte del electorado mantiene fuertes resistencias hacia figuras asociadas al expresidente Álvaro Uribe.
“Para mucha gente, Paloma Valencia o Abelardo representan continuidad con Uribe. Y hay sectores que no quieren eso bajo ningún punto de vista”, afirmó.
De todos modos, Johnson advirtió que también existe un sector de votantes desencantados con Petro que sí migró hacia opciones opositoras tras considerar fallido el proyecto oficialista.
La elección, entonces, aparece abierta y atravesada por una tensión compleja: el desgaste evidente del gobierno en seguridad y gestión territorial convive con una oposición que todavía no logra capitalizar completamente ese malestar.
En ese equilibrio inestable, Colombia se encamina hacia una elección que podría redefinir no sólo el futuro del progresismo en el país, sino también el rumbo político de una de las principales potencias regionales de América Latina.
