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Los especialistas también rechazan las torres en San Cristóbal y otros barrios

Andrés Borthagaray y Jonatan Baldiviezo consideraron que los convenios urbanísticos en tratamiento son contrarios a la leyes elaboradas por el Gobierno de la Ciudad.

Andrés Borthagaray y Jonatan Baldiviezo consideraron que los convenios urbanísticos en tratamiento son contrarios a la leyes elaboradas por el Gobierno de la Ciudad.

“La verdad es que el conjunto de convenios que se pone aquí en consideración contradice los principios básicos que se presentaron como fundamento para la aprobación de la normativa vigente particular con respecto a que las alturas fueran homogéneas y que no hubiera más torres”, destaca Andrés Borthagaray, presidente de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CEPAU).

Según Borthagaray, en los fundamentos del proyecto de ley para desarrollar los once convenios urbanísticos se menciona la relación con el Plan Urbano Ambiental (PUA), pero la referencia es selectiva y fuera de contexto, por lo tanto distorsiona el contenido. 

El artículo 22 del PUA establece que los convenios urbanísticos son mecanismo destinados a resolver no del todo previstas en la normativa. También se advierte que su utilización debe estar restringida a casos en lo que resulte evidente que su objeto pueda considerarse de interés público. Por último, se debe realizar un estudio de diagnóstico previo y una evaluación de impacto final. En este sentido, el arquitecto considera que se presentaron algunos elementos, pero su volumen es muy incompleto. 

El referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, considera que hay un política para descalificar al distrito porteño a través de la acumulación de excepciones urbanísticas para continuar alimentando la especulación inmobiliaria y la caja política.

“El hecho de que los convenios inicien con el interés de privados, y que de forma secundaria el Gobierno porteño analice a través de un puntaje cuáles son las ventajas urbanas para ver cuanto pagaría el propietario del suelo, no garantiza mejorar la calidad de vida porque no surge de la comunidad ni del Estado”, agrega el abogado y destaca que “estamos ante la compra de leyes a la medida de las desarrolladas inmobiliarias con nombra y apellido”. 

Por otro lado, denuncia que para tapar la falta de interés público se incumple con el procedimiento que establece el Plan Urbano Ambiental para las firmas de estos convenios. Se debería realizar un estudio de diagnóstico y la evaluación del impacto final que establece el código antes de su firma.

Lejos de contemplar estas observaciones, el Ejecutivo porteño aceleró la aprobación de esta y otras iniciativas parlamentarias controvertidas para el próximo viernes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.