Según la comunicación oficial, esta resolución implica un «plan de ordenamiento y mejoramiento» que conlleva el cierre de varias oficinas en todo el país.
Historia y Funcionamiento de los CAJ
Los Centros de Acceso a la Justicia tienen más de 15 años de existencia y surgieron en colaboración con los curas villeros, siendo inaugurado el primero en la Ciudad de Buenos Aires en 2010, ubicado en la Villa 1-11-14 (Barrio Padre Rodolfo Riccardelli). Desde entonces, estos centros han ofrecido un servicio integral que no solo incluye asistencia jurídica gratuita, sino también apoyo psicosocial a través de profesionales en psicología y trabajo social.
En 2011, se estableció un convenio de cooperación con la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) para ofrecer patrocinio jurídico gratuito, un servicio que ha sido fundamental para miles de personas en todo el país. Durante los años siguientes, se amplió la red de CAJ y se implementaron herramientas para registrar consultas, además de crear iniciativas como el Corredor Norte Legal y Sanitario, enfocado en poblaciones rurales y campesino-indígenas del NOA y NEA.
Impacto en la Ciudad de Buenos Aires
Hasta diciembre de 2023, la Ciudad de Buenos Aires albergaba 16 oficinas de CAJ que atendían más de 50 mil consultas anuales.
Estos centros juegan un papel crucial en la atención de temas sensibles como delitos contra la integridad sexual y violencia de género, proporcionando un entorno seguro y apoyo continuo a las víctimas. Además, sirven como sedes para agencias estatales como la Defensoría del Pueblo, consolidándose como puntos de acceso vital para los derechos de los ciudadanos.
Desafíos y Respuestas Comunitarias
La posible reducción de los CAJ representa una desarticulación significativa de una política pública fundamental. Centros como el CAJ de Once (ex Hospital de Derechos / CAJ «Eva Perón») han buscado convertirse en ventanillas únicas del Estado, facilitando el acceso a múltiples servicios gubernamentales tanto a nivel nacional como local. La pérdida de estas estructuras compromete el acceso equitativo a la justicia y los derechos para decenas de miles de porteños y porteñas.
En conclusión, la comunidad de Buenos Aires se enfrenta a un desafío crítico con la implementación de la Resolución 178/2024. Es crucial que se consideren alternativas para preservar y fortalecer los Centros de Acceso a la Justicia, asegurando que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, puedan acceder a sus derechos de manera efectiva. La defensa de estos espacios es fundamental para garantizar la justicia social y el bienestar de la comunidad.
