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Proponen cambios en la norma que regula la venta de alimentos en la vía pública

Diversas organizaciones de comercialización de alimentos en la vía pública han conjugado sus reclamos entorno a los factores que consideran factibles mejorar en el marco de la Ley 1166.

Estas modificaciones están entabladas en un proyecto de ley presentado por el diputado de la Ciudad de Buenos Aires Hernán Rossi.

Se trata de consideraciones sobre la aplicación de la normativa existente, la ampliación hacia nuevos lugares de comercialización de alimentos en la vía pública, aplicables desde el punto de vista del negocio y de la demanda.

Asimismo, las limitaciones entorno a los actores intervinientes en el proceso de comercialización, como terceros o a cuenta de terceros, posibilidad de no tener que cerrar el puesto para poder ejercer algún deber o responsabilidad ciudadana, ampliación de los alimentos ofrecidos o a propuesta, nuevas plazas y parques para la comercialización, son puntos que se encuentran enunciadas en el articulado.

En el artículo 11.1.4 se establece que “en todos los casos los permisos de uso se otorgan con carácter precario, personal e intransferible y por un plazo máximo de un (1) año, siendo renovados automáticamente si previamente no se han registrado incumplimientos en la presente norma.

La Autoridad de Aplicación puede disponer la revocación de los permisos otorgados o la reubicación de los/as permisionarios/as por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización alguna a favor de éstos/as”

El artículo 11.1.6 establece modalidades para el desarrollo de las actividades comerciales comprendidas en el espacio público: Elaboración y expendio por cuenta propia de productos alimenticios, en ubicaciones fijas y determinadas de los puestos móviles y semimóviles.

El artículo 11.1.7  determina quienes no pueden ser permisionarios entre los que incluye al titular de otro permiso de uso, otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los funcionarios o empleados, los familiares hasta en tercer grado o cónyuges de los funcionarios y empleados. A las personas que figuren incluidas en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se les otorgará un permiso provisorio por noventa días, debiendo regularizar su situación en dicho Registro, en caso contrario el permiso caducará automáticamente.

El conflicto de los manteros parece no encontrar solución definitiva, ya que una y otra vez son muchos los vendedores que regresan a zonas como las de Once. Avanzar en una legislación inclusiva que permita garantizar un uso democrático del Espacio Público y preservar las fuentes de trabajo será un gran paso para empezar a revertir este tipo de problemáticas.