El objetivo será brindar asistencia integral e información actualizada a toda persona migrante en los términos de la Ley de Migraciones N° 25.871.
La diputada de la Ciudad, María Cecilia Ferrero, presentó un proyecto de ley para disponer en las sedes de cada una de las comunas, de un espacio de atención de consultas de personas extranjeras que arriben a nuestro país con la finalidad de residir en forma temporaria o permanente, así como de aquellos que residan transitoriamente pero deseen obtener información sobre las condiciones migratorias de nuestro país.
La propuesta de la diputada porteña tiene un impacto especial en la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal), ya que se trata de una zona en la que reside alta población de migrantes extranjeros, o en la que se desplazan para trabajar diariamente.
La idea es que desde el espacio comunal se brinde un verdadero asesoramiento integral a estas personas, con personal capacitado que pueda orientar en cuanto a las distintas inquietudes en términos de derechos, así como la manera de acceder a campañas de prevención convocados desde el Estado Nacional y local en materia de salud, de tal modo de obtener la mayor eficacia en el abordaje y extensión de estas campañas.
El proyecto adquiere particular relevancia luego del debate generado por las iniciativas parlamentarias que proponían cobrar un arancel a los extranjeros que usen hospitales públicos y universidades.
Hoy en día es el personal de la Dirección Nacional de Migraciones o el de los hospitales públicos, los que brindan todo tipo de asesoramiento y orientan a estas personas. Desde el entorno de la diputada consideraron conveniente que la Ciudad coadyuve en esa tarea de relevancia, involucrándose como agente difusor de derechos que ayudarán a crear un clima de mayor integración y respecto por la diversidad, como es el anhelo y el objetivo que se ha propuesto esta Ciudad.
Las Comunas como ámbito institucional local, podrían ser la puerta de ingreso de todas las personas que tengan dudas, tanto sobre el régimen legal vigente y demás situaciones propias de la población migrante, haciendo hincapié, tal como surge de las recomendaciones de la CIDH, “que el ingreso y la estancia irregular de una persona en un Estado no son delitos sino faltas administrativas”.
