Una reciente sentencia de la justicia federal contencioso administrativa ha generado polémica y cuestionamientos debido a su aparente falta de proactividad judicial, en contraposición a los nuevos estándares establecidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y del Acuerdo de Escazú.
El caso en cuestión involucra la tala de árboles en el barrio de Balvanera, Comuna 3, específicamente en Viamonte 2153, donde se encuentra el estacionamiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Además de su valor histórico, argumentan que estos árboles proporcionan beneficios ambientales, sociales y estéticos en una ciudad que no cumple con los estándares internacionales de áreas verdes por habitante.
Destacando que los árboles están ubicados en un predio perteneciente a una universidad pública, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, los vecinos sostienen que esto involucra no solo a los habitantes del barrio sino también a la comunidad en general.
En su reclamo, los vecinos exigen la evaluación de la inclusión de los árboles en el proyecto arquitectónico del lugar, específicamente el “Aulario Universitario”. Asimismo, solicitan que se reconozca la importancia de mantener áreas verdes y, sobre todo, árboles, que han sido disfrutados por generaciones en la zona.
Adicionalmente, instan a valorar la importancia de una gestión ambiental y comunal en los proyectos de las universidades públicas, recordando la historia y prestigio de la Universidad de Buenos Aires.
Este caso refleja la creciente preocupación de los ciudadanos por la protección del medio ambiente y resalta la necesidad de una respuesta judicial que considere no solo los aspectos legales, sino también los valores ambientales y comunitarios en juego.
El grupo de vecinos SOS.árboles.viamonte consideró en sus redes sociales que “el principio preventivo y precautorio no son simplemente diques de contención temporaria, sino principios rectores para poder encontrar soluciones dentro de un enfoque de análisis en torno a la reducción de riesgos y la búsqueda de la armonización de derechos dentro de la lógica del desarrollo sostenible, que es un mandato del art. 41 constitucional y su enlace directo con el art. 75 inc. Hoy los vecinos vuelven a reclamar ante una resolución judicial del conflicto que ha dejado un sabor amargo, en quienes tienen la sana convicción de la búsqueda de un derecho al ambiente sano para vecinos, estudiantes y cualquier habitante del suelo argentino”.
