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Suspenden un aborto permitido en la Ciudad

09-10-2012

La mujer de 35 años, víctima de trata de personas y embarazada producto de una violación, iba a realizarse hoy un aborto contemplado por la ley en el Hospital Ramos Mejía. Sin embargo, por presión de una asociación antiabortista, una jueza lo suspendió. El caso había sido anunciado públicamente el jueves por Mauricio Macri, quien fue duramente criticado.
La jueza civil Myriam Rustán de Estrada hizo lugar a un pedido de la Asociación Pro Familia, y frenó la intervención que los médicos estaban a punto de realizarle a una mujer víctima de una red de trata en el Hospital Ramos Mejía. Iba a ser el primer aborto legal en la Ciudad, como anunció días atrás el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quien en conferencia de prensa confirmó que el caso había cumplido “todas las instancias legales” y que sus fundamentos se enmarcaban en el protocolo firmado por el ex ministro de Salud, Jorge Lemus.

Sin embargo esta mujer, víctima de embarazo producto de una violación, fue victimizada una vez más. “Para una mujer violada, de bajos recursos, todas son trabas” afirmó e legislador porteño por el MST Alejandro Bodart. “Es una suma de complejidades. Porque en el caso de esta joven, que es un caso de trata, el gobierno debía proteger la identidad, y acá se dio el ridículo que el propio gobierno de la Ciudad lo hizo público. A su vez los directivos del Hospital le dieron la dirección de la casa de la víctima alos grupos religiosos para que le hagan un escrache a la víctima. Es una red de complicidades enorme, que siempre tiene como punto seguir victimizando a la víctima. Esto no pasaría para alguien que tiene plata, si es de sectores medio para arriba va a una clínica privada, acá a los que se victimiza son a los pobres que solo pueden acceder al hospital público y vienen buscando una salida y se encuentran con esta red de complicidades y de trabas” denunció Bodart.

“A mí me llamaron trabajadores del Hospital porque cuando la chica se presentó solicitando atención médica, explicando que formaba parte de una red de trata y que quería avanzar en la interrupción de su embarazo, la primera reacción que tuvo la dirección del hospital fue decirle que ellos no estaban en condiciones de resolverle el problema. Ahí nos llamaron los trabajadores, indignados frente a esta situación, y nos apersonamos en el hospital con la ley en la mano, obligando a que el director la cumpla y tenga que habilitarse la fecha de hoy para el aborto. Pero cuando nos íbamos tranquilos pensando que habíamos logrado un avance se produce todo este hecho: filtran el nombre, el fin de semana se producen los escraches, se entera la prensa y fruto de todo eso se habilita a que se interrumpa el proceso”.
Por su parte, el legislador por la Coalición Cívica Fernando Sanchéz repudió el hecho. “Lo de hoy es extremadamente grave porque se afecta el derecho a la intimidad y a la integridad de una paciente. Es muy repudiable”.
“Son las presiones de los sectores católicos, de las cúpulas, que se niegan a que haya educación sexual por un lado y se niegan también a que una persona pueda decidir sobre su propio cuerpo aun hasta en caso de violación” expreso Bodart quién afirmó que el fallo de la jueza ya fue apelado por la víctima y por el propio Gobierno porteño.