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Un boleto educativo gratuito

El pasado 28 de febrero se realizó una audiencia pública como lanzamiento de una iniciativa parlamentaria para la creación del “Boleto Educativo Gratuito” destinado a estudiantes y trabajadores de la educación.

A partir de la audiencia, se elaboró un proyecto colectivamente durante este período con estudiantes universitarios, terciarios, organizaciones estudiantiles y sociales, centros de estudiantes, sindicatos, trabajadores del sector educativo y familiares de personas con discapacidad.

Este intercambio expuso la problemática que día a día sufren estudiantes y trabajadores de la educación para desarrollar sus actividades en el marco de la gran crisis económica y social que atraviesa el país y de la que la Ciudad no es ajena.

En CABA en los últimos dos meses, según datos oficiales, se acumula una suba de casi un 40% de inflación y solo en febrero se registró un aumento del 21% en transporte. Teniendo en cuenta las estadísticas sobre la línea de pobreza en febrero, se necesito más de un 14% de ingresos que el mes pasado llegando a necesitar más de $650.000 para no ser pobre, si se considera un salario docente de jornada simple no logra llegar ni a la mitad. Este panorama deja en claro lo necesario que es adoptar medidas de emergencia.

También en este debate quedó claro que contar con educación pública y gratuita en en el país no es suficiente para tener acceso a la misma, no alcanza con el no-arancel, ya que los materiales, apuntes y viáticos no hacen posible que todas y todos puedan terminar cursando los estudios que elijan para su formación.

La escalada inflacionaria actual y el tarifazo del 400% promedio del transporte aumenta la deserción escolar y las becas destinadas a apalear esta situación quedan muy por detrás de la inflación. Del mismo modo que les sucede a las y los estudiantes, el equipo docente tiene que recurrir a la multiplicidad de cargos para poder llegar a fin de mes y eso repercute negativamente en la calidad de los tiempos que pueden dedicarle a la planificación de sus clases, entre otras cosas. En un mismo sentido, los trabajadores no docentes también deben recurrir al pluriempleo para fortalecer sus magros ingresos.

A todo esto se tiene que sumarle como agravante el tarifazo del transporte público que en los últimos meses significó que el dinero destinado a viáticos aumentara exponencialmente mientras se avecinan nuevos aumentos en estos meses y los salarios o becas están prácticamente congelados o con recomposiciones muy por debajo de la inflación y sin tener en cuenta la devaluación del 118% que en diciembre licuó el ingreso de todos los trabajadores.

En cuanto a los precios del transporte público, por ejemplo en referencia al subte, en enero y febrero del año corriente la tarifa aumentó un 56% en dos etapas con la excusa del incremento en los costos. Pero no fue solo eso, porque el Gobierno de la Ciudad ya confirmó que aplicará un aumento del 360% del pasaje y a partir de mayo y junio se esperan otros dos aumentos hasta llevar el boleto a $757.

Para formalizar estos aumentos SBASE llamó a una audiencia pública que no es vinculante, o sea, solo de carácter “consultivo” y en donde las mayorías afectadas verdaderamente no son escuchadas. Sumado a esto, el Gobierno Nacional ya aplicó un aumento del 250% en los pasajes de colectivos y trenes, lo que vuelve cada vez más inviable el acceso al transporte público en Gral., y en particular afecta a quienes serían los beneficiarios del presente proyecto, quienes lo usan para ir a cursar o trabajar hacia las instituciones educativas.

Con los aumentos de tarifas ya anunciados, tomar un subte y un colectivo por día va a costar alrededor de $40.000 en mayo, mientras que en junio escalaría a más de $50.000. En este marco es preciso afirmar que las condiciones de cursada están lejos de estar aseguradas, la tarifa para concurrir a los establecimientos educativos es demasiado elevada respecto a los ingresos de estudiantes y trabajadores de la educación, mientras que las empresas privadas del transporte aumentan su rentabilidad a costa de estos, aún cobrando subsidios estatales.

La excusa del déficit por los costos no es válida si no se realiza la apertura de los libros contables para corroborarlo. Este aumento genera ganancias subsidiadas por el estado, cuando la política estatal más seria y posible, sería la estatización del transporte público con control social, para garantizar el acceso universal al mismo tiempo que se avanzaría en la transparencia de los costos.

Sin dudas, la Ciudad cuenta con los recursos para garantizar el acceso a la educación pública de calidad y además cuenta con la posibilidad de gestionar políticas públicas que ayuden a estudiantes y trabajadores de la educación. Por eso es importante que la Legislatura se transforme en la caja de resonancia de este reclamo y legisle en consecuencia, haciéndose eco del reclamo de la comunidad educativa.