Este proyecto busca proporcionar las herramientas necesarias para hacer frente a la violencia institucional, entendida como cualquier acto u omisión de los agentes de las fuerzas de seguridad que genere afectación física o psíquica, vulnerando los derechos humanos de otras personas.
Campora sostiene que la violencia institucional representa una de las mayores falencias y deudas de la democracia argentina, heredada de la última dictadura cívico-militar. Este fenómeno socava el consenso social fundamental de la defensa irrestricta de los derechos humanos y el repudio al Terrorismo de Estado.
El proyecto destaca que, a pesar de los avances en la regulación de las instituciones policiales mediante la Ley de Seguridad Pública nº 5688 de 2016, los casos de abuso policial persisten en la Ciudad de Buenos Aires. Según informes, el 88.73% de las denuncias por violencia institucional se relacionan con la Policía de la Ciudad.
El asesinato de Lucas González en noviembre de 2021 por agentes de la Policía de la Ciudad, condenado como un acto de violencia institucional, subraya la gravedad del problema. Este caso evidencia la existencia de prácticas racistas y discriminatorias arraigadas en las fuerzas de seguridad.
El proyecto de Campora aborda diversas situaciones, desde casos de “gatillo fácil” hasta represiones a manifestaciones sociales pacíficas y hostigamiento a vendedores ambulantes y personas en situación de calle. Se propone la creación de áreas específicas en cada comuna de la ciudad para recibir denuncias, con equipos técnicos especializados y coordinación con Juntas Comunales y Foros de Seguridad Pública.
Además, el proyecto busca modificar el programa de formación y capacitación de los agentes de la Policía de la Ciudad, incorporando la perspectiva de derechos humanos en todos los niveles de formación. También se propone revisar los protocolos de actuación en manifestaciones públicas para garantizar el derecho a la libre expresión de los manifestantes y restringir el uso de armas letales.
El proyecto respalda la inclusión de la Ciudad de Buenos Aires en estándares nacionales e internacionales de lucha contra la violencia de género, restringiendo el uso de armas de fuego para agentes denunciados por violencia de género o doméstica.
En última instancia, el proyecto reconoce el papel fundamental de la tarea periodística y el control ciudadano para abordar la violencia institucional, garantizando la libertad de expresión y el derecho a ejercer la labor periodística.
La diputada Campora hace un llamado a sus pares para que apoyen este proyecto de ley que busca establecer un marco normativo que resguarde los derechos humanos y brinde a la Ciudad de Buenos Aires las herramientas necesarias para prevenir y erradicar la violencia institucional en su jurisdicción.
