Una empresa que realizaba obras para el Gobierno de la Ciudad demolió varias viviendas obligando a los vecinos a pasar la noche en un galpón sin obtener respuesta alguna. A partir de un error, cedió una losa y los habitantes de las viviendas debieron retirarse por razones de seguridad.
Horas después, en el mismo sector se produjo un incendio por motivos que se desconocen, lo que complicó aún más la situación de esas viviendas.
Este hecho resulta grave, teniendo en cuenta que se trata de un siniestro ocurrido en el contexto de una obra pública. Por lo tanto, es fundamental contar con los planos de esa demolición. Por lo mismo, necesitamos saber el nombre de la empresa a cargo de los trabajos, y si ha recibido alguna sanción por el error cometido.
Las familias que habitaban las viviendas derrumbadas denuncian que luego del siniestro, no se les permitió ingresar al predio para retirar sus pertenencias, y que la única solución que recibieron fue dormir en paradores del GCBA. Sabemos que los paradores no permiten el alojamiento de familias completas, sino que en la mayoría de ellos se separa a varones y mujeres. Por lo tanto, buscamos saber qué solución habitacional real y transitoria se les ofrecerá a estas familias, más allá de un parador, hasta tanto puedan volver a sus viviendas.
Del mismo modo, entendemos que al haberse producido el derrumbe en una obra pública, las viviendas siniestradas serán reconstruidas. Por eso, requerimos saber con urgencia cuándo se prevé que se realicen esas obras y en qué fecha aproximada se supone que podrán ser habitadas en condiciones seguras.
El derecho a una vivienda digna está contemplado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en los artículos 20, 31 y 38; en la Constitución Nacional y en tratados internacionales con rango constitucional en el país. Por lo tanto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe garantizarlo en este contexto traumático a las familias que fueron víctimas de esta situación.
Resulta importante además conocer si se cuenta con un registro actualizado de la cantidad de personas que fueron afectadas por esta situación. Desconocemos si luego del siniestro se realizó un censo de las familias afectadas. Sólo conocemos relatos de algunos vecinos afectados, que comentaron que en las viviendas había una mujer embarazada, personas con enfermedades y personas con discapacidad. Por lo tanto, necesitamos saber de forma urgente qué asistencia se les dio a estas personas luego de este hecho traumático y de no contar con sus pertenencias y sus medicamentos.
Esta situación requiere una solución urgente, para evitar que estas familias sean revictimizadas. Ante el hecho traumático de perder su vivienda por un siniestro que suponemos que podría haberse evitado, el Estado tiene la responsabilidad de reparar el daño y ofrecer un techo digno, así como la posibilidad de que retiren sus pertenencias del lugar. Además, resulta imprescindible una investigación de los hechos y las sanciones correspondientes, a fin de que no vuelva a ocurrir una situación de semejante magnitud.
