La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires volvió a poner en agenda un reclamo que impacta directamente en la vida cotidiana de miles de porteños. La diputada Claudia Neira, junto a legisladores como Matías Barroetaveña, María Bielli, Emmanuel Ferrario, Victoria Freire, Berenice Iañez, Andrés La Blunda, Matías Lammens, Juan Pablo Modarelli, Juan Pablo O´Dezaille, María Graciela Ocaña, Graciana Peñafort, Manuela Thourte, María Magdalena Tiesso, Juan Manuel Valdés, Delfina Velázquez y Franco Vitali, presentó un proyecto que insta al Poder Ejecutivo porteño a reglamentar de forma plena, efectiva y urgente las Leyes 6.770 y 6.817.
La primera, aprobada en diciembre de 2024, amplió el Boleto Educativo para incluir a estudiantes de nivel superior, formación técnico profesional y acompañantes de menores de 12 años. Aunque fue promulgada y se designó a la autoridad de aplicación, el sistema de inscripción aún no refleja los cambios y deja a miles de jóvenes sin acceso al beneficio.
La segunda, la Ley 6.817, establece la gratuidad del transporte subterráneo para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el fin de garantizar la movilidad y la inclusión social de adultos mayores, un sector muy golpeado por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de tarifas.
Si bien el programa “Movilidad Porteña”, aprobado este año, contempla a ambos grupos, la falta de difusión y la escasa implementación generan que pocos vecinos hayan podido inscribirse y utilizar los beneficios. “El derecho está aprobado, pero no se cumple en la práctica”, remarcan desde el bloque impulsor.
Desde la oposición y distintos espacios sociales advierten que la dilación en la aplicación de estas leyes profundiza la desigualdad: mientras los estudiantes de otras provincias ya cuentan con un boleto gratuito en todos los niveles, en la Ciudad los universitarios y los acompañantes de chicos pequeños siguen esperando. Lo mismo ocurre con los jubilados que dependen del subte como medio económico y seguro de transporte.
La presentación busca presionar al Ejecutivo para que avance de inmediato con la reglamentación. “No se trata de una concesión sino de un derecho reconocido por la Constitución de la Ciudad y la Constitución Nacional, que exige condiciones dignas, equitativas y eficientes en el transporte público”, sostiene el proyecto.
Para los barrios de Constitución, Balvanera, Almagro, Flores y toda la traza de la red de subte, el impacto sería significativo: más estudiantes podrían llegar a clases sin el obstáculo del costo del viaje y los adultos mayores tendrían garantizado un traslado gratuito y seguro.
Mientras tanto, vecinos y organizaciones barriales seguirán atentos al debate legislativo, con la expectativa de que las medidas no queden en el papel y finalmente se conviertan en una política concreta que alivie el bolsillo y mejore la calidad de vida en la Ciudad.
